Abogados y procuradores de toda España se han echado este viernes lluvioso a las calles de Madrid. De nuevo. Otra vez. Con las togas puestas —el ICAM habilitó un servicio extraordinario de préstamo desde el jueves— y con la rabia acumulada de quienes llevan años peleando por lo que, dicen, es lo más elemental: una jubilación que merezca ese nombre.
La marcha arrancó frente a la sede de la Mutualidad de la Abogacía, en la calle Francisco Silvela, y concluirá ante la Secretaría de Estado de Seguridad Social, en el Paseo de la Castellana.
Un trayecto cargado de simbolismo. Porque el problema tiene dos caras: la entidad que gestionó sus cotizaciones durante décadas y el organismo estatal que, según el colectivo, les ha dado la espalda.
El detonante inmediato es la votación prevista para el próximo 20 de mayo del informe definitivo sobre la ley de la pasarela al RETA —el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos— en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso.
Una norma que llevaba paralizada desde noviembre de 2025 y que ahora vuelve a la actualidad con una enmienda transaccional del PSOE que no encontró oposición parlamentaria el pasado 28 de abril.
El nudo del problema: el coeficiente 0,77
El quid de la cuestión está en un número. Un coeficiente de conversión del 0,77. Eso es lo que propone la enmienda para traspasar las aportaciones acumuladas en la mutualidad profesional al sistema de la Seguridad Social.
Lo que significa, traducido a términos concretos, que diez años de cotizaciones en la Mutualidad se convertirían en apenas siete años y medio dentro del RETA.
Para el colectivo, es inaceptable. Exigen una equivalencia total, de uno por uno. Sin descuentos. Sin mermas. Sin que décadas de trabajo queden diluidas en una fórmula matemática que consideran injusta de raíz.
El Colegio de la Abogacía de Madrid, corporación que representa a gran parte de los afectados, ha sido tajante: el texto actual [Informe de la Ponencia sobre la Pasarela al RETA] «sigue dejando fuera a demasiados profesionales», lo que lo convierte en «una solución parcial e insuficiente para un problema estructural».
No es un matiz. Es una impugnación en toda regla.
Qué piden exactamente
La plataforma Pasarela al RETA y el Movimiento #J2, que han unido fuerzas, articulan sus reivindicaciones en torno a dos ejes.
Primero, ampliar los criterios de acceso a la pasarela sin dejar a nadie atrás: ni a quienes ya se han jubilado, ni a quienes se incorporaron al sistema más tarde.
La enmienda vigente limita el acceso a quienes se hubieran incorporado antes de 2005.
Segundo, equiparación total de derechos con el resto de autónomos encuadrados en el RETA, sin requisitos adicionales ni asimetrías que generen agravios comparativos.
El plazo que fijan es inamovible: que el texto que se vote el 20 de mayo recoja estas mejoras, y que el reglamento de desarrollo se apruebe en un máximo de tres meses —antes del parón veraniego—. Si no, han anunciado una nueva movilización para el 23 de mayo.
El respaldo institucional no es retórico
El pleno del Consejo de la Abogacía Española lo aprobó por unanimidad el martes 6 de mayo: una declaración institucional exigiendo la aprobación urgente de la reforma.
«Llevan demasiado tiempo esperando una solución justa, viable y jurídicamente segura», rezaba el comunicado.
No es una frase de protocolo. Es el reconocimiento institucional de que el sistema ha fallado a un colectivo entero durante años.
El Consejo General de Procuradores de España también se sumó este jueves, con un comunicado que mezcla el agradecimiento a los grupos parlamentarios con una advertencia nada velada: «Esta unidad política carecerá de sentido si no se traduce en una aprobación urgente, efectiva y justa».
Lo firma el presidente del CGPE, Alberto García Barrenechea, quien fue directo al grano: «Las procuradoras y procuradores, autónomos y mutualistas alternativos y complementarios, merecemos una jubilación digna».
La Mutualidad, en su propio territorio
La Mutualidad ha celebrado el desbloqueo de la norma, sí, pero ha fijado condiciones. Quiere que el traspaso de fondos quede vinculado al momento del hecho causante —jubilación, incapacidad, fallecimiento— y no se active antes.
El argumento es técnico pero con implicaciones de largo alcance: evitar la liquidación anticipada de inversiones a largo plazo que podría erosionar la rentabilidad de las aportaciones del conjunto de mutualistas.
Además, reclama que se reconozca el acceso al complemento a mínimos para los mutualistas alternativos pasivos que cobren por debajo de la pensión mínima del sistema público.
Su presidente, Enrique Sanz Fernández-Lomana, recuerda que «estas propuestas ya han sido defendidas por varios grupos parlamentarios» y que hay margen real para incorporarlas al texto antes de la votación definitiva.
El reloj corre. El 20 de mayo no es una fecha cualquiera para miles de profesionales del derecho que, después de toda una vida ante los tribunales, se enfrentan a pensiones que en algunos casos no superan los 500 euros al mes. Lo que está en juego es simple y demoledor a la vez: si el sistema les debe algo o si, sencillamente, les falló.
