El Tribunal Supremo estudiará el caso de la empresa Gestel Teleservice 2000 S.L. tras haber sido admitido a trámite el recurso de casación que ha sido preparado por Administrativando Abogados. Una compañía a la que le fue concedida más de un millón euros de ayuda por parte de la Administración foral de Navarra a través de los Fondos Next Generation EU y que la administración le negó después el cobro. Ello, sin darle si quiera oportunidad de presentar alegaciones.
La pandemia del Covid-19 generó fuertes estragos en todo el mundo, no sólo en el sector sanitario, sino también a nivel económico.
Un momento en el que se produjo una ruptura del movimiento económico internacional ante la que la Unión Europea movilizaba fondos para sus países miembros, en busca de una transformación y refuerzo de las economías nacionales, conociéndose estas inyecciones económicas como fondos Next Generation.
Un contexto en el que España recibió cerca de 140.000 millones de euros, centrados en la transición ecológica, la digitalización y la cohesión social.
Inyección económica que el Gobierno nacional distribuía en ayudas y subvenciones, especialmente para empresas y autónomos, para reforzar proyectos de industria o de modernización digital de las empresas.
Y que, en el caso de Gestel Teleservice 2000 S.L., le llevaban a percibir más de un millón de euros de la Administración foral de Navarra para su negocio, en el marco de la ejecución nacional del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del Ejecutivo.
Dinero que, sin embargo, pronto se convertía en una pesadilla para la compañía.
«De la noche a la mañana, le notifican la pérdida del derecho al cobro de ese dinero, porque se asegura que no ha justificado debidamente su gasto», explican desde Administrativando Abogados, en defensa de la empresa, a Confilegal.
Los Next Generation llegan al Supremo
Así pues, la administración navarra aprobaba, mediante resolución administrativa, la concesión de la ayuda para el empresario.
Con el fin de acceder a este cobro, la Sociedad presentaba documentación justificativa y obtenía una mala respuesta de la Administración: «sin incoar ningún procedimiento ni mediante más trámite, la Administración dictó resolución por la que se declaró la pérdida del derecho al cobro de la subvención«.
En concreto, la administración aseguraba que la empresa no había facturado ni pagado en plazo los gastos, ni tampoco «había justificado la elección de proveedor conforme a criterios de eficiencia y economía».
Una denegación de la ayuda que desde el Gobierno navarro se reconocía que se hacía sin «audiencia previa».
Algo que, ahora, Administrativando Abogados ha llevado en recurso de casación ante el Tribunal Supremo, después de la desestimación del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
Un caso en el que el alto tribunal analizará si, «para acordar la pérdida del derecho al cobro de una subvención, es necesario tramitar un procedimiento previo», o no.
«El tribunal considera necesario pronunciarse sobre este asunto, ya que no hay jurisprudencia ni sentencias previas», valora Antonio Benítez-Ostos, socio director de Administrativando Abogados, sobre este asunto.
Una cuestión en la que se deberá analizar si esta ayuda de los Next Generation está sujeta a la Ley de Subvenciones de la Comunidad Foral, o debe cumplir con la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Normativa que establece obligatorio el trámite específico de subsanación documental antes de retirar la subvención a un beneficiario.
Especialmente, en cantidades que suponen poner en riesgo la viabilidad de un negocio, tras un momento tan desafiante como la pandemia Covid-19.
