El juicio de la ‘Operación Kitchen’ encara su recta final esta semana con la declaración de los tres últimos acusados, los inspectores José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díaz Sevillano y José Luis Olivera.
Para los tres, la Fiscalía Anticorrupción pide el archivo: no aprecia indicios suficientes de delito.
Con sus interrogatorios se cierra el capítulo de las declaraciones de los procesados en la causa que investiga el presunto espionaje urdido en 2013 desde el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy.
El objetivo, según la acusación, era sustraer información al extesorero del PP Luis Bárcenas y frenar así las pesquisas sobre la presunta contabilidad opaca del partido.
El tribunal de la Audiencia Nacional escuchará a los tres entre el lunes y el martes, a partir de las 10.00 horas, en la sede de San Fernando de Henares (Madrid).
Y aquí asoma una de las paradojas del caso: pese a que Anticorrupción reclama el archivo, la familia Bárcenas —personada como acusación particular— pide 41 años de cárcel para cada uno de los inspectores.
El PSOE y Podemos, que ejercen la acusación popular, sitúan sus peticiones entre los 32 años y cuatro meses y los 39 años de prisión.
Antes que ellos ya desfilaron por el estrado el resto de acusados: el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz; el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez; el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino; el comisario jubilado José Manuel Villarejo; el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas; el comisario Andrés Gómez Gordo; y Sergio Ríos, exchófer del extesorero.
Concluidas las tres últimas declaraciones, la magistrada Teresa Palacios, que preside el tribunal, deberá resolver si se reproducen en sala las declaraciones que los acusados prestaron durante la instrucción.
Una vez despejada esa incógnita, el juicio entrará en su fase final: quedarán pendientes los informes de la Fiscalía, las defensas y las acusaciones antes de que la causa quede vista para sentencia. Fuentes jurídicas apuntan a julio, o incluso septiembre, como horizonte para ese momento.
Cerrado ese trámite, la vista oral llegará a su fin.
Arrancó el 6 de abril y por ella han pasado más de un centenar de testigos, entre ellos el propio Luis Bárcenas, el expresidente Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría o la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal.
En el plano de las penas, Anticorrupción reclama 15 años de cárcel para Fernández Díaz, su ex ‘número dos’ Francisco Martínez, el exDAO Pino y el comisario Gómez Gordo.
Para Villarejo eleva la petición a 19 años. Pide, además, 12 años y cinco meses para el exchófer de Bárcenas y dos años y medio para el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos.
Queda una ausencia notable en el banquillo: la del exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño, pieza clave del operativo por haber dirigido la unidad que vigiló a la mujer de Bárcenas. Fue exonerado por «incapacidad mental sobrevenida» tras sufrir un ictus en 2022.
