La Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo ha asestado un golpe definitivo a la estrategia procesal de Lactalis en el conocido como cártel de la leche.
En su sentencia número 808/2026, de 29 de junio, ha desestimado íntegramente el recurso de casación interpuesto por Grupo Lactalis Iberia y ha confirmado tanto la resolución sancionadora de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), de 11 de julio de 2019, como la sentencia de la Audiencia Nacional de 12 de febrero de 2024.
La decisión, definitiva e inapelable, consolida los hechos acreditados por la CNMC sobre la participación de Lactalis en el cártel de la leche y deja firme la multa de 11,7 millones de euros impuesta a la compañía. La defensa de los ganaderos afectados ha sido asumida por la firma de abogados Eskariam, en colaboración con el despacho internacional Hausfeld, que han acompañado al sector en todas las instancias judiciales.
También han contado con el asesoramiento del despacho en Hitchings & González. Su socio Paul Hitchings dirigió la defensa del interventor OSSAT, con el apoyo de un abogado de Eskariam y el equipo de la boutique española, especialmente con el apoyo de su asociado David Martín.
Una estrategia para que todos ganaran lo mismo
Los hechos se remontan cuando diversas industrias lácteas realizaron prácticas anticompetitivas en el mercado de aprovisionamiento de leche cruda de vaca.
La resolución de la CNMC de 11 de julio de 2019 declaró acreditada una infracción única y continuada que englobó cuatro categorías de conductas: intercambios continuos de información sobre precios de compra de leche cruda presentes y futuros, volúmenes de compra, fuentes de aprovisionamiento y excedentes.
Además de acuerdos de bajadas de precios, reparto de ganaderos y control de excedentes en un contexto de fuerte caída de precios.
Según la CNMC, el efecto combinado de estas conductas debilitó sistemáticamente el poder negociador de los ganaderos y permitió a las industrias implicadas presionar a la baja los precios de compra de la leche cruda o contener sus subidas, eliminando la competencia en el mercado de aprovisionamiento.
El recorrido por las distintas instancias
Tras la resolución sancionadora de la CNMC, Lactalis interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, que fue tramitado con el número 2269/2019 por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
La sentencia de la Audiencia Nacional de 12 de febrero de 2024 desestimó el recurso y declaró ajustada a Derecho la resolución de la CNMC. La empresa recurrió entonces en casación ante el Tribunal Supremo, que admitió el recurso para resolver la cuestión relativa al contenido de la propuesta de resolución en los procedimientos sancionadores de la CNMC.
En esta fase del procedimiento, Eskariam y Hausfeld continuaron defendiendo los intereses del sector ganadero, representando a más de 7.800 ganaderos de distintas comunidades autónomas, especialmente de Galicia, Castilla y León, Cataluña, Asturias y Cantabria.
El Supremo da la razón a los ganaderos: hubo prácticas anticompetitivas
El recurso de casación llega hasta la Sala Contencioso Administrativa, formada por José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat (presidente), Eduardo Calvo Rojas, Diego Córdoba Castroverde, José Luis Gil Ibáñez (magistrado ponente), Juan Pedro Quintana Carretero y Margarita Beladiez Rojo.
Los magistrados rechazan las pretensiones de Lactalis y confirman la doctrina de que la normativa específica de defensa de la competencia prevalece sobre la normativa general de procedimiento administrativo en este ámbito sancionador.
Además, la Sala no entra a examinar los argumentos de fondo planteados subsidiariamente por Lactalis (como la restricción por el objeto, ausencia de plan global, infracción única y continuada e igualdad en la aplicación de la ley) al considerar que no guardaban conexión lógico-jurídica con la cuestión casacional admitida.
La sentencia es declarada firme.
Se abre la puerta a reclamaciones de más de 1.200 millones de euros
Y esta firmeza sitúa a los ganaderos representados por Eskariam en una posición procesal muy adelantada para reclamar los daños económicos sufridos durante los años de funcionamiento del cártel.
Según los datos aportados por la representación de los afectados, el perjuicio agregado para el conjunto de los clientes de Eskariam podría superar los 1.200 millones de euros. Las indemnizaciones individuales dependerán del volumen de leche entregada por cada ganadero y del periodo concreto de afectación.
La resolución también refuerza la situación de firmeza ya alcanzada respecto de otras entidades sancionadas, como AELGA, GIL, CELEGA y NESTLÉ, mientras que permanecen pendientes de resolución los recursos de casación de DANONE, CAPSA, PASCUAL, SCHREIBER y PULEVA.
