Hay un detalle que cambia el signo de todo un procedimiento: cuando una persona declara como testigo y, sin darse cuenta, se convierte en la prueba principal contra sí misma.
Eso es, en esencia, lo que sostiene la Fiscalía Anticorrupción sobre Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, a quien defiende mantener imputada en el caso Koldo que instruye la Audiencia Nacional.
El argumento del Ministerio Público no es baladí. Se apoya en algo tan sólido como incómodo para la defensa: la propia declaración de Rodríguez como testigo en el juicio del caso mascarillas, celebrado ante el Tribunal Supremo.
Allí, bajo la obligación de decir verdad que impone ese estatus procesal —y no el de investigada, que permite guardar silencio—, admitió que cobró de dos empresas públicas, Ineco y Tragsatec, sin llegar a trabajar en ninguna de ellas.
Anticorrupción lo resume sin rodeos en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press: ese testimonio «resulta fiable» y «está corroborado» por «numerosos datos de prueba».
Con ese argumento, la Fiscalía se opone a los recursos presentados por las defensas de Rodríguez y de Ignacio Zaldívar, exalto cargo del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, contra la decisión de imputarles por la presunta contratación irregular de la expareja del exministro entre 2019 y 2021.
La sentencia del caso mascarillas en el Supremo fijó que Jéssica Rodríguez percibió más de 40.000 € sin trabajar
Conviene situar el contexto. Tanto Zaldívar como Rodríguez fueron citados a declarar como investigados el pasado julio. Ambos, en uso legítimo de su derecho, guardaron silencio.
Ese mismo día compareció Joseba García, hermano de Koldo García —condenado en el caso mascarillas—, quien negó cualquier participación en la contratación de Rodríguez en Adif.
La defensa de Rodríguez había planteado un argumento de peso: que los hechos ya habían sido juzgados en el Supremo, tribunal que condenó a Ábalos a 24 años de cárcel, a Koldo García a 19 y al empresario Víctor de Aldama a 4 años y medio.
Anticorrupción, sin embargo, lo rechaza. Y lo hace remitiéndose a los propios hechos probados de esa sentencia, que fijó que Rodríguez percibió más de 40.000 euros sin trabajar.
«Yo solamente tenía que hacer lo que Joseba y Koldo me pidieran. Yo cobraba y estaba a la espera de lo que me dijeran que tenía que hacer», declaró Rodríguez, según recoge el escrito fiscal.
Una frase que, leída con perspectiva procesal, pesa más como confesión que como testimonio neutral.
Ahí está la clave jurídica del razonamiento fiscal. La sentencia del Supremo, sostiene Anticorrupción, «ha de implicar necesariamente una modificación de su situación procesal, pasando a adquirir la condición de investigada».
No es un matiz menor: pasar de testigo a investigada cambia por completo las garantías —y las obligaciones— de quien declara.
Rodríguez fue, además, «contundente» al señalar que Ábalos conocía su situación laboral irregular y que fue precisamente a él a quien trasladó sus quejas por los requerimientos de información que estaba recibiendo.
También confirmó, según el escrito, hasta 13 viajes junto al exministro durante el periodo en que cobraba de ambas empresas sin acudir a trabajar.
La Fiscalía no ignora el problema de fondo: admite que, dada su «no descartable y potencial responsabilidad», el testimonio exige «un estándar de valoración mucho más cauteloso».
Pero concluye que «el juicio de fiabilidad no se resiente», porque el relato aparece «decididamente corroborado en sus aspectos nucleares».
El caso Zaldívar, por otra vía
El caso de Zaldívar corre en paralelo, aunque por vía distinta. Anticorrupción defiende que su imputación no vulnera el derecho a no declarar contra sí mismo, porque no son sus propias palabras las que la sostienen, sino las de otra testigo: Virginia Barbancho, responsable de Tragsatec durante la contratación.
Barbancho relató en el Supremo —con «plena fiabilidad», según la Fiscalía— haber recibido una llamada de Zaldívar en la que, según su versión, la «intimidaba» para que dejaran en paz a Rodríguez, precisándole que el ministro había hablado con la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera —también imputada—, para mostrar su desagrado.
Zaldívar, señala el escrito, reconoció en el juicio el contenido de esa conversación: confirmó que Pardo de Vera le trasladó indicaciones recibidas del propio ministro para que Tragsatec no molestara a Rodríguez.
Sobre la contratación en sí, la sentencia del Supremo ya dio por probado que fue la presidenta de Adif quien encomendó a Zaldívar las gestiones para colocarla, sin que mediara siquiera una entrevista previa.
