Doce migrantes de nacionalidad marroquí han sido detenidos esta madrugada en Ceuta por su presunta participación en una agresión contra cuatro militares desplegados en labores de vigilancia en la zona de Benzú.
El ataque ha provocado una reacción conjunta de varias asociaciones militares, que reclaman al Ministerio de Defensa más medios, protocolos claros y un marco jurídico que permita responder proporcionalmente ante este tipo de agresiones.
Los hechos se produjeron sobre las 5.30 horas, cuando los efectivos se dirigían a un punto de vigilancia. Según fuentes de la Jefatura Superior de Policía citadas por Europa Press, un grupo de entre 30 y 40 personas salió desde distintos puntos, rodeó el vehículo militar y comenzó a lanzarle piedras de grandes dimensiones.
Los impactos causaron daños de consideración en el vehículo. Ante la intensidad del ataque, los cuatro militares tuvieron que abandonarlo y huir a pie en dirección a Calamocarro. Durante la persecución continuaron recibiendo impactos de piedras y sufrieron lesiones y contusiones.
Los militares consiguieron alertar al 112, que activó un dispositivo de Policía Nacional y Guardia Civil. La operación permitió detener a doce personas, todas de nacionalidad marroquí. Parte de los implicados trató de escapar lanzándose al mar, por lo que el Servicio Marítimo de la Guardia Civil mantuvo labores de localización.
Los cuatro efectivos fueron trasladados a un centro sanitario y la investigación continúa abierta para identificar y localizar al resto de participantes.
Las asociaciones cuestionan el marco jurídico
La Unión de Militares de Tropa (UMT) ha denunciado una situación de «indefensión operativa y jurídica» y reclama una revisión «inmediata y urgente» de los protocolos de seguridad y del marco legal de actuación. La organización asegura que hace más de diez días había advertido formalmente del riesgo al que estaban expuestas las dotaciones desplegadas.
La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) considera que el ataque evidencia tanto la «creciente presión» existente en Ceuta como la «vulnerabilidad operativa» de los militares. Ha reclamado revisar los protocolos, los medios disponibles y la coordinación entre Defensa e Interior, además de reiterar su petición para que la profesión militar sea declarada de riesgo.
La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) ha puesto el foco específicamente en la capacidad de respuesta de los efectivos. Sostiene que los militares carecen en la práctica de un marco suficientemente claro para emplear la fuerza de manera proporcionada ante una agresión.
Por ello, reclama garantizar que puedan actuar en legítima defensa, al amparo del artículo 20.4 del Código Penal y conforme a los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. También pide que ninguna orden impida la defensa propia o de terceros ante una agresión ilegítima actual o inminente.
Las tres organizaciones coinciden, con distintos matices, en una misma reclamación: mayor protección física, medios adecuados y seguridad jurídica para los militares desplegados en Ceuta.
