La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha salido en defensa de la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón por su actuación en la investigación sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta y ha reclamado que pueda desarrollar sus pesquisas «sin interferencias ni presiones externas».
La asociación judicial considera que la actuación de Tardón, que pertenece a esta asociación, está siendo «diligente, eficaz y plenamente ajustada a las garantías del procedimiento» y pide respeto al trabajo de la magistrada, así como prudencia a la hora de realizar declaraciones públicas sobre las decisiones que adopte durante la instrucción.
El comunicado adquiere especial relevancia por la controversia surgida en torno a la información que los agentes de Policía Judicial pueden trasladar a sus superiores mientras trabajan a las órdenes de un órgano jurisdiccional.
Sobre esta cuestión, la AJFV recuerda expresamente que, cuando los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad desempeñan funciones de Policía Judicial, se encuentran sometidos a la dirección y control de la autoridad judicial.
La AJFV: la información de las diligencias debe comunicarse al juez
La asociación sostiene que la información obtenida durante esas diligencias de investigación «debe ponerse únicamente en conocimiento de los jueces y tribunales competentes», de acuerdo con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Una obligación que, recalca la AJFV, se aplica con independencia del cuerpo policial al que pertenezcan los agentes o de la Administración de la que dependan orgánicamente.
Con esta afirmación, la asociación entra directamente en uno de los aspectos centrales de la controversia generada alrededor de la investigación que dirige Tardón: los límites existentes entre la dependencia orgánica de los agentes y su dependencia funcional cuando actúan como Policía Judicial en unas diligencias dirigidas por un juez.
La AJFV defiende que, en este último supuesto, debe prevalecer la dirección de la autoridad judicial encargada de la investigación.
Al mismo tiempo, la asociación reclama que se rebaje la presión pública sobre la magistrada.
«Toda resolución judicial puede ser objeto de crítica, pero esa crítica debe realizarse con responsabilidad y sin extender mantos de sospecha sobre la independencia o la profesionalidad de quien tiene encomendada una investigación», señala.
«Sin interferencias ni presiones externas»
La Francisco de Vitoria considera que la investigación sobre lo sucedido en Ceuta debe continuar «con la serenidad y la pulcritud que exige cualquier actuación judicial».
Por ello, reclama expresamente que se desarrolle «sin interferencias ni presiones externas».
El comunicado va más allá de la defensa personal de Tardón y sitúa la polémica en el terreno de la independencia judicial y de la confianza de los ciudadanos en la Justicia.
Para la AJFV, esa confianza constituye «un elemento esencial del Estado de Derecho» y puede resultar dañada cuando se cuestiona la actuación de los jueces por el contenido o la dirección que toman sus investigaciones.
«Esa confianza se erosiona cuando se cuestiona a los jueces no por cómo ejercen su función, sino porque el resultado o la orientación de sus investigaciones incomodan a determinados poderes públicos», afirma la asociación.
La AJFV concluye reivindicando la independencia de los jueces para desarrollar las investigaciones que tienen encomendadas dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico y las garantías procesales.
«Los jueces deben poder investigar con independencia, sometidos únicamente a la ley y a las garantías del procedimiento. Respetar ese principio es respetar la Justicia y, en última instancia, los derechos de todos los ciudadanos», concluye el comunicado.
