Manos Limpias ha presentado una denuncia penal contra la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancelo Rodríguez, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y usurpación de atribuciones, por la aplicación de la legislación de extranjería a las personas que entraron en Ceuta.
La denuncia, firmada por el secretario general del sindicato, Miguel Bernad Remón, está dirigida al Juzgado de Instrucción de Madrid que corresponda por turno y solicita la apertura de diligencias penales.
El escrito, fechado el 14 de septiembre de 2026, parte de una tesis muy concreta: Manos Limpias sostiene que lo ocurrido en Ceuta no debe recibir el tratamiento jurídico de un fenómeno migratorio, sino el de una supuesta operación de «guerra híbrida» dirigida contra la soberanía y la integridad territorial de España.
Esta calificación constituye la argumentación de la organización denunciante y deberá ser examinada, en primer término, por el juzgado al que corresponda conocer del escrito.
Manos Limpias habla de una «guerra híbrida»
Según sostiene la denuncia, las personas que entraron en Ceuta no deberían quedar sometidas al régimen ordinario previsto en la Ley de Extranjería.
Manos Limpias afirma que se habría producido una «invasión» cuyo propósito habría sido «ocupar una parte del territorio de España» y asegura que durante esos acontecimientos se utilizaron menores y mujeres como «escudos humanos».
El escrito sostiene igualmente que parte de quienes accedieron a territorio español permanecen asentados en playas y otros puntos de Ceuta.
A partir de esta interpretación, el sindicato considera incorrecto que la Administración esté tramitando su situación mediante la normativa de extranjería.
La denuncia va todavía más lejos al mantener que las personas que permanecen en Ceuta deberían ser consideradas «presos de guerra», en lugar de extranjeros sometidos a los correspondientes procedimientos administrativos.
Se trata, en todo caso, de la tesis jurídica planteada por Manos Limpias en su denuncia y no de una calificación judicial de los hechos.
Prevaricación y usurpación de atribuciones
Sobre esa base, Manos Limpias atribuye indiciariamente a la secretaria de Estado de Migraciones dos tipos de delitos.
El primero es el de prevaricación administrativa, previsto en el artículo 404 del Código Penal, que castiga a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo.
El segundo bloque de acusaciones se refiere a una supuesta usurpación de atribuciones, para lo que la denuncia cita los artículos 506 y 508 del Código Penal.
El sindicato entiende que la gestión de las personas llegadas a Ceuta no debería corresponder en estas circunstancias a las autoridades responsables de Migraciones.
De hecho, el escrito sostiene expresamente que la competencia sobre esta situación correspondería a la ministra de Defensa.
Pide paralizar los expedientes de Extranjería
Además de solicitar la apertura de diligencias penales, Manos Limpias reclama al juzgado la adopción de una medida cautelar de notable alcance.
Bernad pide que se suspenda la tramitación de los expedientes administrativos que se estén incoando al amparo de la Ley de Extranjería respecto de las personas afectadas.
El objetivo de esta petición es impedir que continúe la tramitación administrativa mientras se determina si, como sostiene la organización denunciante, los acontecimientos deberían recibir una consideración jurídica diferente.
Será ahora el juzgado de instrucción de Madrid al que corresponda por reparto el que deberá decidir sobre la denuncia y determinar si existen elementos suficientes para incoar diligencias de investigación o si, por el contrario, procede su archivo.
La presentación de la denuncia, por sí misma, no supone que los delitos atribuidos a la secretaria de Estado hayan quedado acreditados ni que exista una investigación judicial abierta hasta que el órgano judicial adopte la correspondiente decisión.
