El Tribunal Supremo ha dictado nuevas sentencias que anulan el Decreto de Precios Públicos de la Junta de Castilla y León utilizado para cobrar copagos a personas en situación de dependencia de Grado II que ocupan plazas públicas o concertadas en residencias y centros de día.
Las resoluciones extienden a este colectivo el criterio que el alto tribunal ya había aplicado el pasado mes de junio a las personas con dependencia de Grado III, según ha informado la Plataforma Social de Castilla y León a través de un comunicado.
La consecuencia jurídica fundamental es que el servicio de atención residencial prestado mediante plazas públicas o concertadas tiene la consideración de servicio público y esencial, por lo que las aportaciones económicas exigidas a los usuarios deben establecerse mediante una Ley de Tasas y no a través de un Decreto de Precios Públicos.
Esta distinción entre tasa y precio público constituye el núcleo de las resoluciones del Supremo.
El tribunal considera, según la información facilitada por la plataforma, que la naturaleza pública y esencial de estos servicios exige que su financiación mediante aportaciones de los usuarios se articule a través del instrumento normativo correspondiente.
La plataforma reclama la devolución de las cantidades cobradas
Para la Plataforma Social de Castilla y León, las nuevas sentencias tienen consecuencias que van más allá de la anulación del sistema de cobro establecido por la Administración autonómica.
La organización interpreta que las resoluciones «no solo anulan el sistema de cobros de la administración autonómica, sino que la condenan a la devolución de las cantidades percibidas».
Esta es precisamente una de las principales reivindicaciones del colectivo, que denuncia que la Junta no está procediendo al reintegro automático de las cantidades abonadas por los usuarios.
Según la plataforma, numerosas familias han solicitado la devolución de los importes cobrados, pero han recibido respuestas negativas de la Administración.
Esta situación, afirma, las ha obligado a acudir a los tribunales para reclamar unas cantidades que consideran indebidamente percibidas.
Más de 17.000 personas afectadas
El alcance económico y social de las resoluciones es considerable.
La plataforma recuerda que la Junta de Castilla y León dejó de cobrar los copagos en octubre de 2025, una decisión que afecta a más de 17.000 personas en situación de dependencia.
La suspensión de estos cobros supone, según los datos facilitados por la organización, que la Administración autonómica deje de ingresar aproximadamente nueve millones de euros mensuales.
Sin embargo, la eliminación de los cobros no ha venido acompañada, denuncia la plataforma, de una devolución de oficio de las cantidades abonadas anteriormente.
De este modo, aunque los afectados han dejado de pagar los copagos, quienes reclaman las cantidades satisfechas con anterioridad siguen encontrando obstáculos administrativos.
Un acuerdo parlamentario pendiente de cumplimiento
La Plataforma Social de Castilla y León también ha denunciado el incumplimiento de un acuerdo aprobado por unanimidad en las Cortes autonómicas el 17 de diciembre de 2025.
Según explica, aquel acuerdo establecía la obligación de reintegrar los fondos cobrados y de presentar un proyecto de ley que permitiera dar cumplimiento a las sentencias judiciales.
La organización critica que el Gobierno autonómico no haya materializado estas medidas.
Con las nuevas sentencias, el Tribunal Supremo extiende al Grado II el criterio aplicado anteriormente al Grado III y vuelve a situar en el centro del debate la legalidad del sistema de financiación de las plazas públicas y concertadas destinadas a personas dependientes.
La principal cuestión pendiente, según la plataforma, ya no es únicamente el cese de los copagos, sino la devolución de las cantidades que miles de familias abonaron antes de octubre de 2025.
