Comprar, un click. Cancelar, un laberinto. Un hotel puede mostrar precios distintos para una misma habitación; un asistente virtual puede ofrecer un cambio gratuito que después acaba en la factura.
¿Y si el problema no estuviera en la letra pequeña, sino en la pantalla que conduce al consumidor a aceptar?
Esa fue la provocadora cuestión jurídica que atravesó la mesa de Consumo y Bancario del XXI Congreso Jurídico de la Abogacía Malagueña, celebrado los días 15 y 16 de octubre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.
La cita era ineludible y el dúo formado por Jesús María Sánchez García, exdecano del Colegio de Abogados de Barcelona y Eugenio Ribón Seisdedos, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, un clásico de las conferencias vanguardistas en los eventos jurídicos más punteros. Los dos, grandes especialistas en derecho de consumo.
En una edición histórica, coincidente con los 250 años de la institución, Ribón y Sánchez García compartieron una reflexión con consecuencias muy concretas para los despachos.
Sánchez planteó el salto del «consentimiento informado» al «consentimiento inducido». El profesional ya no predispone únicamente las cláusulas: también diseña el recorrido digital que desemboca en el «sí».
Botones de aceptación más visibles que los de rechazo, urgencias artificiales o bajas deliberadamente complicadas obligan a formular una pregunta incómoda: ¿fue verdaderamente libre la decisión del consumidor?
En esta nueva litigación, la propia interfaz puede convertirse en objeto de examen y en prueba.
Ribón trasladó esa inquietud al terreno judicial bajo un título elocuente: «Del clic al pleito. Algoritmos en el banquillo».
A través de diez supuestos prácticos —desde una financiación rechazada por una puntuación opaca hasta la pérdida de funciones de un producto conectado, los precios personalizados o las promesas incumplidas de un chatbot—, mostró cómo transformar un problema tecnológico en una reclamación jurídicamente viable.
La clave no siempre está en descifrar el código fuente, sino en identificar el incumplimiento, conservar las capturas de pantalla y solicitar la prueba pertinente.
La intervención fue más allá de los pleitos individuales. Ribón puso sobre la mesa la propuesta de un Registro Estatal de Algoritmos con incidencia en las relaciones de consumo: una herramienta para conocer la finalidad y los criterios básicos de sistemas que pueden condicionar precios, contratos o el acceso a servicios, y facilitar su supervisión.
El verdadero giro que dejaron ambas ponencias es tan sencillo de enunciar como relevante para la abogacía: no se trata de demandar a una máquina, sino de exigir responsabilidades a quienes diseñan y utilizan sistemas capaces de condicionar nuestras decisiones.
Dos siglos y medio después de la fundación del Colegio malagueño, los derechos del consumidor conservan sus principios; lo que cambia es el lugar donde habrá que defenderlos.
El próximo gran pleito puede comenzar con una captura de pantalla.
