«España progresa. El franquismo se estanca». Esta contradicción ayuda a comprender uno de los episodios más singulares de la historia reciente de España: las propias instituciones franquistas aprobaron la ley que permitió iniciar el desmantelamiento de la dictadura y abrir el camino hacia la democracia.
Medio siglo después, Broseta reunió ayer en Madrid, con la colaboración de ISDE, a protagonistas y estudiosos de aquel proceso durante la jornada «Una ley para transformar un país: 50 años de la Reforma Política».
El encuentro convocó a algunos de los protagonistas de la Transición, entre ellos Rodolfo Martín Villa, exministro del Interior y exvicepresidente del Gobierno; Alfonso Guerra, exvicepresidente del Gobierno y exvicesecretario general del PSOE; Miguel Roca Junyent, uno de los 7 padres de la Constitución de 1978, y Francisco Ruiz Risueño, abogado del Estado, diputado de las Cortes Constituyentes y of counsel de Broseta.
También han participado Manuel Aragón Reyes, catedrático de Derecho Constitucional y magistrado emérito del Tribunal Constitucional; Juan Francisco Fuentes Aragonés, catedrático de Historia y académico de número de la Real Academia de la Historia, y Rosa Vidal Monferrer, socia directora de Broseta.
La ley de cinco artículos que cambió el rumbo de España
Uno de los aspectos más llamativos de la Ley para la Reforma Política fue su síntesis. Cinco artículos, tres disposiciones transitorias y una disposición final bastaron para establecer las bases jurídicas de una transformación histórica.
Ruiz Risueño destacó precisamente esa característica durante su intervención. «No se puede decir tantas cosas en tan pocos artículos y con esa precisión. Se dijo aquello que había que decir y de la manera que debía decirse, para no alterar a quienes se resistían al cambio», ha afirmado.
El abogado del Estado insistió en que aquella norma no constituía un objetivo definitivo, sino el punto de partida de un proceso de mayor alcance.
«No es un fin en sí mismo, sino un medio para conseguir un fin. Era el primer eslabón de una cadena que concluiría con un último eslabón que sería la Constitución española», ha explicado.
Rodolfo Martín Villa: la reconciliación como prioridad
Uno de los testimonios centrales de la jornada fue el de Rodolfo Martín Villa, ministro de la Gobernación en el primer Gobierno de Adolfo Suárez, que recordó las dificultades políticas y jurídicas que acompañaron el inicio de la Transición.
«España progresa. El franquismo se estanca»,señaló al describir cómo la sociedad española había experimentado importantes transformaciones económicas, sociales y administrativas mientras el sistema político permanecía inmóvil.
Martín Villa recordó las reformas del Derecho administrativo, las relaciones laborales y los intentos de aproximación a la Comunidad Económica Europea durante las últimas décadas del franquismo.
Sin embargo, subrayó que aquellos avances no habían supuesto la democratización de las instituciones.
«Nosotros no éramos un gobierno democrático», reconoció al referirse al Ejecutivo de Suárez, que asumió la tarea de transformar el sistema político desde las estructuras existentes.
Su reflexión puso de manifiesto una de las claves de aquel proceso: la construcción de la democracia exigió acuerdos entre adversarios que hasta entonces habían defendido proyectos políticos profundamente enfrentados.
La legalización del PCE, el 9 de abril de 1977, se convirtió en uno de los pasos decisivos para garantizar la participación de las principales fuerzas políticas en las elecciones generales del 15 de junio de ese año
Alfonso Guerra, el látigo del Gobierno
«No se puede elegir el tiempo en que vivimos». Con esta reflexión comenzó su intervención Alfonso Guerra, exvicepresidente del Gobierno, quien destacó la eficacia política de la Ley para la Reforma Política, pese a considerar que presentaba deficiencias desde el punto de vista jurídico.
El histórico dirigente socialista recordó que la norma tuvo que redactarse de manera que pudiera vencer las resistencias de los procuradores del régimen, que debían aprobar una reforma que acabaría con el sistema del que formaban parte.
«Los que estaban sentados en esos escaños tenían que adoptar una decisión que supondría su propia muerte política», explicó, en referencia al conocido «harakiri» de las Cortes franquistas.
También rememoró las dificultades de la oposición democrática para posicionarse ante aquella iniciativa. «En verdad no podían dar su conformidad a una ley que no era todavía la democracia. Pero por la noche algunos rezaban para que saliera adelante la ley», afirmó.
El dirigente socialista destacó especialmente el papel de Adolfo Suárez, que había sido ministro secretario general del Movimiento en el Gobierno de Carlos Arias Navarro, a dirigir su desmantelamiento. «Fue ascendiendo en el edificio que quería derribar», aseguró.
Guerra reivindicó igualmente el espíritu de entendimiento que hizo posible la Constitución de 1978. «Los unos y los otros renunciaron a parte de sus ideas a cambio de encontrar un punto común que les permitiera la convivencia», recordó.
Dos interpretaciones diferentes, las de Ruiz Risueño y Guerra, que coinciden en una conclusión: la Ley para la Reforma Política consiguió abrir el camino hacia la democracia porque combinó una fórmula jurídica viable con los acuerdos políticos necesarios para hacerla realidad.
Miquel Roca reivindica el consenso y la capacidad transformadora del Derecho
Miquel Roca Junyent reivindicó la Transición como un proceso de negociación entre adversarios políticos que permitió construir un sistema democrático pese a las profundas diferencias existentes.
El jurista recalcó que, desde la oposición, resultaba difícil creer que una ley surgida de las instituciones franquistas pudiera abrir el camino hacia la democracia. Sin embargo, la evolución de los acontecimientos demostró que aquella fórmula podía funcionar.
«Lo que la gente nos pedía era que nos pusiéramos de acuerdo», señaló, subrayando que la capacidad de negociar fue uno de los grandes logros de aquella generación.
Roca también destacó el papel que desempeñó la Ley para la Reforma Política como instrumento de transformación.
«La ley lo que hace es transformar la realidad», afirmó, defendiendo que el Derecho no se limita a regular la sociedad, sino que también puede impulsar cambios históricos.
El padre de la Constitución recordó la constitución de las primeras Cortes democráticas y la presencia de Dolores Ibárruri, la Pasionaria, presidenta del Partido Comunista de España, que fue elegida diputada por Asturias, como uno de los momentos que simbolizaron el alcance de aquella transformación.
Finalmente, insistió en la necesidad de explicar a las nuevas generaciones el significado de la Transición.
«Hay que hacer pedagogía para que la gente entienda que lo que se consiguió entre todos tiene mucho valor», concluyó.
Manuel Aragón reivindica el gradualismo y el consenso de la Transición
Manuel Aragón Reyes destacó que la Ley para la Reforma Política fue el instrumento jurídico que permitió iniciar la transformación democrática, aunque su aprobación no bastaba por sí sola para completar aquel proceso.
El catedrático de Derecho Constitucional y magistrado emérito del Tribunal Constitucional reconoció que la norma presentaba imperfecciones técnicas, pero insistió en su importancia para abrir una vía legal hacia un nuevo sistema político.
«Abrió jurídicamente la posibilidad de la Transición», aseguró.
Aragón recordó que, tras su aprobación, se sucedieron en pocos meses reformas fundamentales, como la legalización de los partidos políticos, la aprobación de la normativa electoral y la celebración de las elecciones generales del 15 de junio de 1977.
«Gradualismo y consenso» fueron los dos conceptos utilizados por el constitucionalista para resumir aquella transformación, que definió como un proceso extraordinario de cambio político y cultural.
También subrayó que el avance hacia la democracia respondió a una demanda social que iba más allá de los responsables políticos.
A su juicio, la Constitución de 1978 culminó ese proceso al establecer un marco compartido de convivencia, fruto de las reformas legales y de los acuerdos alcanzados durante la Transición.
Juan Francisco Fuentes Aragonés estableció un paralelismo entre la Transición democrática y el paso del absolutismo al liberalismo durante el siglo XIX, dos procesos históricos en los que España tuvo que transformar profundamente sus instituciones.
El catedrático de Historia destacó, sin embargo, una diferencia fundamental: mientras que la transformación liberal estuvo acompañada de guerras y revoluciones, la Transición posterior a la muerte de Franco consiguió avanzar mediante reformas y acuerdos políticos.
«Toda transición requiere transacción», dijo, subrayando que la negociación entre el Gobierno y la oposición resultó decisiva para hacer posible el cambio de régimen.
Fuentes recordó que, tras la muerte del dictador, «el inmovilismo no era una opción», porque existía una sociedad que reclamaba transformaciones y el riesgo de que la situación política desbordara a las instituciones.
A su juicio, el éxito del proceso dependió también de que sus responsables comprendieran que la reforma debía ser suficientemente rápida y ambiciosa para responder a aquellas demandas.
El historiador situó así la negociación, la gradualidad y la velocidad de las reformas como tres factores esenciales para explicar el éxito de la Transición española.
