«Creo que en este momento estamos durmiendo sobre un volcán» — Alexis de Tocqueville, Cámara de Diputados, enero de 1848.
El sábado 17 de octubre el campanario del ayuntamiento de Limoges se vino abajo. El edificio, del siglo XIX, ardió durante horas en una jornada de protesta contra la carestía de la vida que degeneró en incendios y saqueos en París, Marsella, Lyon y Burdeos.
En la capital, alguien vistió con un chaleco amarillo la estatua de la República. Al amanecer del domingo, las detenciones rozaban las 2.000 en todo el país. La imagen de la torre desplomándose sobre la plaza tiene algo de alegoría involuntaria: es la autoridad pública, literalmente, viniéndose abajo.
La respuesta llegó el domingo a las ocho de la tarde. Emmanuel Macron habló diez minutos. Dijo que los franceses sentían «rabia y vergüenza», atribuyó la violencia a elementos insurreccionales de la extrema izquierda acompañados de numerosos delincuentes y prometió ser «implacable» con quienes habían intentado derribar la República.
Pero tuvo el cuidado de distinguir a los manifestantes de los violentos, reconoció la legitimidad de las reivindicaciones, dedicó un pasaje a la inquietud de los jóvenes por su futuro y anunció que el primer ministro reuniría en los próximos días a partidos, sindicatos y representantes de estudiantes para elaborar respuestas. A la mañana siguiente tenía prevista una gira por Kuwait, Emiratos, Baréin y Catar.
«Francia no es la excepción; es el aviso. Y lo que anuncia no es solo el agotamiento de una generación política, sino algo más inquietante: el riesgo de que el vacío que deja lo ocupe un modelo de gobierno peor que ella».
Conviene decirlo sin rodeos, y quien ha pasado casi cuatro décadas en la judicatura lo dice con conocimiento de causa: la violencia del sábado es inexcusable y quien la ejerció debe responder ante los tribunales. Pero los franceses no salieron a la calle para quemar ayuntamientos.
Salieron, estudiantes, sindicatos y trabajadores, por los salarios, por el precio del combustible y por unos servicios públicos que se deterioran.
Semanas antes, los institutos se habían movilizado por aulas masificadas, falta de profesores y edificios escolares en ruinas. El presidente lo sabe, y lo reconoció. Pero el reconocimiento del malestar y el anuncio de un diálogo todavía no constituyen una respuesta material a sus causas.
Francia ya ha conocido el gran debate nacional de 2019 y otras tantas mesas de consulta; lo que el ciudadano no ha conocido es que de ellas salieran viviendas más asequibles, salarios que alcancen o escuelas que no se caigan. Esa distancia entre la palabra y el resultado es el verdadero diagnóstico.
Francia no es la excepción; es el aviso. Y lo que anuncia no es solo el agotamiento de una generación política, sino algo más inquietante: el riesgo de que el vacío que deja lo ocupe un modelo de gobierno peor que ella.
De Limoges a Magdeburgo: el mapa de un malestar
El mismo sábado hubo protestas en Bélgica, enfrentamientos con la policía en la plaza del Duomo de Milán y decenas de miles de manifestantes en Lisboa, donde se plantaron tiendas de campaña en el Rossio contra los alquileres y los salarios bajos.
No es un movimiento coordinado. Es algo peor: la coincidencia espontánea de agravios idénticos en sociedades distintas.
En Alemania, la Alternativa para Alemania obtuvo en septiembre en torno al 44% de los votos en Sajonia-Anhalt, con la CDU del canciller hundida por debajo del 20%.
La gran coalición de Friedrich Merz con los socialdemócratas atraviesa una crisis abierta desde el verano, y el 12 de octubre la ministra de Trabajo y copresidenta del SPD, Bärbel Bas, dimitió alegando, junto a motivos personales, los ataques recibidos desde dentro de la propia coalición.
En España, el presidente del Gobierno disolvió las Cortes y convocó elecciones para el 29 de noviembre después de que el Congreso tumbara dos decretos sobre vivienda; un Gobierno que no ha logrado aprobar unos presupuestos desde 2023 llega a las urnas con las encuestas apuntando a una mayoría del PP con Vox, que ronda el 18% impulsado por el voto joven y masculino.
En los próximos doce meses votarán España, Francia, Italia y Polonia. En Francia, la Agrupación Nacional encabeza los sondeos para las presidenciales de abril de 2027 sea cual sea su candidato, mientras la prima de riesgo frente al bono alemán ha llegado a acercarse a los 150 puntos básicos.
El mapa no deja lugar a la duda: el viejo centro de gravedad de la política europea se está desplazando, y lo hace a la vez en todas partes.
Los herederos que dilapidaron la herencia
Hay una ironía histórica en la que merece la pena detenerse. El proyecto europeo lo fundaron democristianos: Schuman, Adenauer, De Gasperi. Lo acompañaron socialistas como Spaak, y lo relanzó, ya en los ochenta, un socialista francés, Jacques Delors. Aquella generación, que había visto arder Europa, entendió la política como empresa de civilización.
Y acertó: reconciliación franco-alemana, paz duradera, un mercado común que llevó la prosperidad a países que salían de dictaduras. Lo dije en febrero, a propósito de Múnich, y lo mantengo: Europa se diseñó para dar paz y prosperidad, y lo consiguió.
El problema no fueron los fundadores, sino sus herederos.
A partir de Maastricht, las dos grandes familias políticas que habían vertebrado la posguerra dejaron de ser alternativas para convertirse en coadministradoras de un mismo consenso.
Angela Merkel gobernó 12 de sus 16 años con el SPD. Populares y socialistas se repartieron durante décadas la presidencia del Parlamento Europeo por mitades de legislatura, como quien se reparte una herencia indivisa.
La alternancia dejó de significar un cambio de política para significar, a lo sumo, un cambio de caras.
El politólogo irlandés Peter Mair lo describió antes que nadie en un libro póstumo de título elocuente, Ruling the Void: los partidos tradicionales abandonaron la sociedad para instalarse en el Estado, y los ciudadanos, a su vez, abandonaron a los partidos.
Gobernar el vacío. Esa es la mejor definición de lo que han hecho las élites democristianas y socialdemócratas en los últimos treinta años. Cuando las dos puertas del sistema conducen a la misma habitación, el ciudadano que quiere cambiar de política, y no solo de ministro, acaba buscando la salida por la ventana.
Los extremos no conquistaron el espacio de la oposición; se lo cedieron quienes decidieron gobernar siempre juntos.
En febrero escribí que Europa había subcontratado su seguridad a Washington. Hay que añadir ahora que subcontrató también su política: a la tecnocracia de Bruselas, al Banco Central Europeo y, en última instancia, a los mercados de deuda. Una clase dirigente que delega todo lo difícil termina sin nada que ofrecer salvo la gestión de lo inevitable.
La factura: recaudar como nadie, servir como pocos
Francia es el laboratorio perfecto de ese agotamiento, porque no puede alegar escasez de recursos. Sus administraciones públicas ingresan más de la mitad de su producto interior bruto, y aun así cerrará 2026 con un déficit superior al 5%, una deuda cercana al 119% del PIB y una previsión de crecimiento del Banco de Francia de apenas medio punto.
No es un problema de ingresos; es un problema de modelo. El Estado que más recauda de Europa no consigue mantener en pie las escuelas de sus hijos. Cuando el contribuyente paga como un escandinavo y recibe servicios en declive, la paciencia no se agota: se convierte en ira.
El problema es continental. En septiembre de 2024, Mario Draghi entregó a la Comisión un informe que debería haber sido un electroshock. Advertía de que la brecha de PIB entre la Unión y Estados Unidos, medida a precios de 2015, se había duplicado en dos décadas, del 15% en 2002 al 30% en 2023; que la electricidad y el gas costaban en Europa entre dos y cinco veces más que al otro lado del Atlántico; y que ninguna empresa europea creada en el último medio siglo había alcanzado los 100.000 millones de euros de capitalización. Si no se actuaba, el desenlace sería una «lenta agonía». Dos años después, la agonía sigue su curso con una puntualidad admirable.
El consenso democristiano-socialdemócrata produjo una Europa que regula lo que otros inventan, que protege al que ya está dentro y cierra la puerta al que llega, y que confunde el bienestar con el gasto.
España ofrece la versión más paradójica del fenómeno: una economía que crece por encima de la media de su entorno y, sin embargo, una generación entera expulsada del acceso a la vivienda. El crecimiento existe; lo que se ha roto es la correa de transmisión entre la macroeconomía y la vida de la gente. Y cuando esa correa se rompe, las cifras del Gobierno suenan a burla.
El flanco débil de esta tesis
La honestidad intelectual obliga a mirar el otro lado. Las élites no gobernaron solas: durante décadas los electores las votaron, y les exigieron prestaciones sin aceptar sus costes.
Ninguna reforma de calado sobrevive en una sociedad que castiga en las urnas a quien la propone. Y la alternativa que hoy capitaliza el malestar tampoco trae un programa mejor.
En Sajonia-Anhalt, la AfD arrasó sin explicar cómo pensaba resolver los problemas de infraestructuras, industria o educación del Land.
Allí donde los partidos de la ira han llegado al poder, han gobernado, por lo general, dentro de las mismas restricciones que denunciaban.
Hay que distinguir, por tanto. Lo que ha fracasado no es la civilización europea, que sigue ofreciendo al mundo el Estado de Derecho más garantista, la esperanza de vida más alta y la convivencia más pacífica de su historia.
Ha fracasado la Europa política de las últimas tres décadas y la clase dirigente que la administró. El matiz no es retórico: si se confunde el fracaso de los gestores con el fracaso del proyecto, se acaba demoliendo la casa para castigar al administrador. Y eso nos lleva al verdadero riesgo.
La tentación del orden
Carl Schmitt abrió su Teología política en 1922 con una frase que todo jurista conoce: soberano es quien decide sobre el estado de excepción.
Un siglo después, la frase ha dejado de ser teoría constitucional para convertirse en tentación de gobierno. Las crisis encadenadas que vive Europa son el caldo de cultivo perfecto para que, en nombre del orden, se degraden las democracias y se impongan regímenes de control social cada vez más intensos.
Francia ya conoce el camino. Tras los atentados de noviembre de 2015, el estado de emergencia se prorrogó durante dos años, y cuando se levantó, en otoño de 2017, buena parte de sus medidas se incorporaron a la legislación ordinaria. La excepción no terminó; se normalizó.
Y no lo hizo un gobierno autoritario, sino un presidente centrista que había llegado al Elíseo como el gran baluarte liberal frente al populismo. Ese precedente explica por qué lo ocurrido estos días debe leerse con atención jurídica y no solo política.
El discurso del domingo no anuncia ninguna medida de excepción, y sería injusto atribuirle lo que no dice. Pero la retórica de la implacabilidad y la lógica binaria entre la República y los alborotadores que se ha escuchado estos días en el entorno del Gobierno son exactamente el clima en el que esas medidas suelen germinar.
Desde Washington, Donald Trump vinculó los disturbios con la inmigración y exigió a Francia que endureciera sus fronteras. Es la otra cara de la misma moneda. Las élites agotadas, incapaces de ofrecer resultados, ofrecerán orden. Sus impugnadores ofrecerán orden e identidad.
Unos y otros convergen en el mismo punto: más control, menos deliberación. El ciudadano que salió a la calle pidiendo vivienda, salarios y escuelas dignas puede acabar recibiendo cámaras, decretos de emergencia y vigilancia digital.
Quien ha pasado su vida profesional en un tribunal sabe que la garantía es siempre la primera víctima de la emergencia y la última en recuperarse. Los derechos que se suspenden por decreto rara vez vuelven por decreto.
Se recuperan, cuando se recuperan, al cabo de años de litigio, y para entonces la sociedad ya se ha acostumbrado a vivir sin ellos. Esa es la verdadera revolución que amenaza a Europa: no la de las barricadas, sino la del Boletín Oficial.
1848 no volverá. Puede venir algo más discreto
Tocqueville advirtió en enero de 1848, ante una Cámara que no quiso escucharle, que dormían sobre un volcán. Un mes después París se levantaba, y en marzo el incendio había alcanzado Viena, Berlín, Milán y Budapest.
La historia tiene esa costumbre: cuando Francia estalla, rara vez lo hace sola. Pero sería un error esperar que el siglo XXI repita la coreografía del XIX. Las revoluciones europeas de nuestro tiempo, pese a Limoges, no se libran en las calles. Se libran en las urnas y en los parlamentos, y se consolidan en la normativa.
El principal riesgo del ciclo electoral que se abre no es una revolución en sentido clásico, sino algo más difícil de revertir: la normalización de la excepción como forma ordinaria de gobierno.
Si gobiernos viejos y nuevos compiten en ofrecer seguridad, la libertad será la moneda con la que se pague. El duopolio que gobernó Europa durante tres décadas no caerá por una insurrección; se disolverá por agotamiento, y su herencia más peligrosa no será la deuda ni la brecha con Estados Unidos, sino el vacío institucional que deja a disposición de quien quiera ocuparlo.
Solo hay un antídoto, y es precisamente el que esas élites nunca supieron administrar: reformas que se noten en la vida de la gente, en el precio de la vivienda, en la factura de la luz, en el aula del instituto, y una defensa intransigente de las garantías justo cuando más tentador resulta suspenderlas. Lo primero exige coraje político. Lo segundo, jueces, juristas y ciudadanos que no confundan el orden con la paz.
La pregunta ya no es quién reconstruirá el ayuntamiento de Limoges. Es si, cuando lo haga, levantará en su lugar una comisaría.
