“Un juez tiene que meter los dedos en el cuerpo de Cristo para comprobar que le clavaron una lanza”.
Lo dijo el pasado viernes Eloy Velasco Núñez, magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. Y en el salón de actos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se entendió enseguida lo que quería decir: los jueces necesitan tocar la herida, y a los periodistas les basta con verla.
Entre esas dos maneras de mirar se jugó la mesa “¿Qué hacemos con las filtraciones?”, en la V Jornada de Foro Judicial Independiente, que llevaba por título “El Estado de Derecho: la actualidad a examen”.
Frente a Velasco se sentaba la periodista y escritora Elisa Beni Uzábal; el árbitro moderador erael magistrado Juan Montero García-Andrade.
Lo sorprendente fue que el juez llegó a defender las filtraciones. Con condiciones, pero las defendió. Los hechos no desaparecen del mundo por entrar en un sumario, argumentó.
Los negocios de un presidente no están solo en la causa, también están en la calle. Y el periodista puede llegar a ellos porque la fuente conserva su libertad de expresión, con el único límite de la reserva que le haya impuesto el juez.
Lo mismo ocurre, añadió, con las fuentes de prueba. Citó la agenda de José Luis Rodríguez Zapatero, que ha permitido conocer hechos ajenos al objeto procesal: cenas privadas, viajes, reuniones con lobbies. Y lanzó la pregunta al aire: ¿interesa eso al mecanismo judicial? ¿Se puede impedir que salga de la sala?
Filtrar es bueno. Filtrar es malo
El magistrado hizo balance en dos columnas. En el debe, la vida privada del investigado. Lo contó con un recuerdo personal: alguien, que acabó siendo condenado, le preguntó un día cómo se le resarce el daño a la presunción de inocencia cuando hay un juicio paralelo.
También sufren los terceros, como los interlocutores que aparecen en unas escuchas sin tener nada que ver con la causa.
Y señaló un efecto menos comentado: la sobreactuación de los colaboradores. No es lo mismo declarar ante un tribunal que ante las cámaras. La sobreexposición pesa en lo psicológico y erosiona el derecho de defensa.
En el haber, la lista fue igual de larga. Las filtraciones sirven para destapar irregularidades en la instrucción, tratos de favor y diferencias de trato entre asuntos semejantes. Recordó el caso de un trabajador de Iberdrola que reveló irregularidades de la empresa, y cómo el Tribunal Supremo, en casación, entendió que contarlas no constituía un delito de revelación de secretos.
Además, dijo, favorecen el debate informado. “Los jueces no tenemos obligación de abrir debate”, admitió, y reconoció que no eran conscientes de lo necesario que resultaba “hasta que hemos sido atacados”.
Las filtraciones, añadió, también han conseguido que la ciudadanía hable de cuestiones jurídicas, y eso acerca la Justicia a la gente.
Su conclusión fue un estándar de proporcionalidad: cuanto mayor es el interés público, menor es el daño de una filtración para el proceso y mayor la necesidad de esos datos. En tiempos de “egoísmo político y del poder”, añadió, más todavía.
Eso sí, puso dos condiciones. La primera, el expurgo judicial: el juez debe limpiar del sumario todo lo que no guarde relación con el objeto procesal, salvo los hallazgos casuales delictivos.
La segunda, vigilar los daños colaterales. Su ejemplo fue el riesgo de destrucción de pruebas, desde el ordenador de Luis Bárcenas hasta los mensajes de WhatsApp borrados por el exfiscal general del Estado. Lo que se filtra a tiempo da tiempo para borrar.
Cerró volviendo a la diferencia de método. El estándar periodístico no es el judicial, explicó. Para un juez, lo que no está en el sumario no existe, y para condenar hace falta convicción más allá de toda duda razonable, basada en pruebas obtenidas regularmente. De ahí la imagen de Santo Tomás con la que había sacudido a la sala.
Beni: “Voy a ser provocadora”
Elisa Beni avisó antes de empezar, y cumplió. Ningún juez, aseguró, se le ha quejado nunca de que una filtración le haya estropeado un procedimiento. Tampoco, añadió, de que se graben los juicios. “Para los jueces sería más cómodo trabajar sin periodistas, y a los periodistas nos sería mucho más fácil trabajar sin jueces”.
La periodista, que fue jefa de prensa del TSJ de Madrid, situó el punto de inflexión en la creación de los gabinetes de comunicación judiciales. Antes bastaba con tener buenos contactos.
Después, la información oficial se convirtió en un sustrato común, al alcance de todos, y el periodista que quiere destacar tiene que ir más allá, incluso llegar a las cosas antes de que lleguen al juzgado.
Defendió que una resolución notificada por LexNet ya no puede considerarse filtrada cuando llega a la prensa. Y con humor: “En 38 años, a mí un informático nunca me ha filtrado información”.
La digitalización lo cambia todo, sostuvo. Cuando hay imagen de una declaración en instrucción, a la televisión le interesa, y esas imágenes acaban saliendo.
Su propuesta: emitir en abierto la señal de los juicios. Lamentó que no se hiciera en el del fiscal general del Estado, un proceso en el que el máximo responsable de la Fiscalía era a la vez acusado y parte. Sin señal, el ciudadano tiene que fiarse del juicio y los sesgos de cada periodista.
El choque
Llegó el desacuerdo. Velasco había sostenido que el secreto del periodista no es un deber profesional como el del abogado o el médico, sino que depende solo de su compromiso con la fuente.
Beni lo corrigió: “Eloy, en eso no estoy de acuerdo”. El secreto profesional está en la Constitución, dijo, y no es un pacto con la fuente sino un deber de protegerla. “Periodista que revela sus fuentes, periodista muerto”.
La discrepancia tiene más fondo del que parece. El artículo 20.1.d de la Constitución reconoce el secreto profesional como un derecho del periodista y remite su desarrollo a una ley que, casi cinco décadas después, sigue sin aprobarse.
El abogado o el médico que revelan un secreto pueden incurrir en un delito, mientras que al periodista no le alcanza una sanción equivalente.
El juez hablaba de la norma. La periodista, de la ética del oficio, donde los códigos deontológicos sí convierten la protección de la fuente en una obligación.
Beni prefiere el acceso en bruto. Si filtración es obtener un sumario completo, defendió que es mejor tener la resolución entera, porque el “expurgo periodístico” a menudo se lleva por delante la esencia jurídica. También apuntó a los abogados que, al estilo estadounidense, saben que a veces importa más ganar ante la opinión pública que ante el tribunal.
Su cierre fue una pregunta y una advertencia. ¿Es tan grave filtrar un sumario? Para ella lo esencial es que la información llegue fiel a la ciudadanía. Las filtraciones, recordó, solo se evitan castigándolas, y países como Alemania y Austria castigan la publicación, apuntando al medio y no a quien filtra.
Su receta no fue más castigo, sino volver a la ética periodística. “Nuestras normas imponen tres fuentes para publicar”, recordó, “y eso no se hace”.
Juez y periodista no salieron de acuerdo. Pero ambos dejaron claro que el problema no es solo quién filtra, sino qué se publica y con qué rigor.
