El Gobierno, representado por la Abogacía del Estado, considera que extender la suspensión cautelar del derecho al voto a los hijos de los nacionalizados por la denominada «ley de nietos» podría comprometer el desarrollo de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, incluido su escrutinio final.
Así, la Abogacía del Estado se ha opuesto a la nueva petición formulada por Vox e Iustitia Europa ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, al entender que la medida generaría inseguridad jurídica, afectaría a un derecho fundamental y resultaría materialmente imposible de ejecutar en el tiempo disponible.
La controversia podría alcanzar a 189.678 personas, según los datos de las inscripciones practicadas en las oficinas consulares al amparo de la Ley de Memoria Democrática.
En su escrito de alegaciones, los servicios jurídicos del Estado, en representación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, solicitan que el Supremo rechace la ampliación solicitada por ambas formaciones políticas por considerar que no se ajusta a derecho.
La posición del Gobierno entorno a la Ley de Nietos se articula en torno a tres argumentos: la posible vulneración del derecho de sufragio de los afectados, las consecuencias para el proceso electoral y la imposibilidad material de identificar y comprobar los expedientes de este nuevo colectivo en las pocas semanas que faltan para las elecciones.
El derecho al voto, en el centro de la controversia
El primer argumento de la Abogacía del Estado tiene naturaleza constitucional.
La ampliación de la suspensión, sostiene, podría afectar directamente al derecho fundamental de sufragio activo de personas que han adquirido la nacionalidad española y que quedarían comprendidas en la nueva medida cautelar.
Los servicios jurídicos del Estado consideran que esta circunstancia debe tenerse especialmente en cuenta antes de adoptar una decisión que podría impedirles participar en las elecciones generales.
Por ese motivo, solicitan al Tribunal Supremo que, antes de resolver el incidente cautelar, proceda al emplazamiento de los terceros afectados, de manera que puedan intervenir en el procedimiento.
La petición no se limita, por tanto, a rechazar la suspensión. También reclama que se tenga en cuenta la posición procesal de quienes podrían sufrir directamente sus consecuencias.
El segundo argumento se refiere al funcionamiento del propio proceso electoral.
La Abogacía del Estado advierte de que ampliar ahora la suspensión introduciría nuevas incertidumbres en unas elecciones que ya están en marcha.
El problema no estaría únicamente en determinar quién puede votar y quién no, sino también en establecer qué sucedería con los votos que pudieran haberse emitido y cuyo cómputo quedara condicionado por las decisiones judiciales.
Según el Gobierno, la nueva medida podría afectar incluso al escrutinio final, al existir la posibilidad de que determinados sufragios quedasen pendientes de computar.
La consecuencia sería una situación de inseguridad tanto para los electores afectados como para la Administración encargada de ejecutar las resoluciones judiciales y desarrollar los trámites electorales.
Todo ello, subraya el escrito, cuando faltan menos de cuatro semanas para la cita con las urnas.
Los 189.678 posibles afectados por la Ley de Nietos
El tercer argumento de la Abogacía del Estado es de carácter práctico, aunque tiene una evidente dimensión jurídica.
Para extender la suspensión a los hijos de los nacionalizados sería necesario identificar a las personas que obtuvieron la nacionalidad por esa vía y relacionarlas con los expedientes de sus progenitores.
Y ahí aparece, según el Gobierno, un obstáculo fundamental.
La relación nominal que solicitan Vox e Iustitia Europa no existe actualmente.
No bastaría con localizar a quienes adquirieron la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática. Sería necesario reconstruir la cadena de adquisición de la nacionalidad para determinar si los progenitores la obtuvieron mediante el supuesto afectado por las anteriores medidas cautelares y sin la correspondiente certificación consular.
La Abogacía del Estado califica esta pretensión de indeterminada y de imposible cumplimiento en el momento en que se solicita.
Según sus datos, las oficinas consulares han practicado 189.678 inscripciones correspondientes al supuesto de nacionalización sobre el que se plantea ahora la ampliación.
Sin embargo, disponer de esa cifra no significa contar con la relación individualizada que exigen los recurrentes ni con la información necesaria para comprobar la vinculación entre los expedientes de padres e hijos.
Esa comprobación es precisamente uno de los elementos que, según el Gobierno, impedirían ejecutar la medida en el tiempo disponible.
Los consulados ya han realizado un esfuerzo extraordinario
La Abogacía del Estado añade otro elemento: los recursos materiales y humanos necesarios para acometer las comprobaciones.
En su escrito recuerda el esfuerzo que la Administración ya ha tenido que realizar, especialmente a través de las oficinas consulares españolas, para dar cumplimiento a los anteriores pronunciamientos cautelares del Tribunal Supremo.
Y advierte de que repetir ahora ese trabajo sobre un nuevo colectivo resultaría incompatible con los medios disponibles.
Los servicios jurídicos del Estado reprochan, además, que la solicitud de Vox e Iustitia Europa no identifique los recursos humanos y materiales que permitirían completar las operaciones necesarias antes de las elecciones.
El Gobierno sostiene que no puede exigirse a la Administración una nueva revisión masiva de expedientes sin tener en cuenta las limitaciones de personal, medios y tiempo.
La proximidad del 29 de noviembre constituye, en este sentido, uno de los argumentos centrales de su oposición.
El Supremo debe decidir si amplía las medidas cautelares
La nueva controversia tiene su origen en las anteriores decisiones del Tribunal Supremo sobre el derecho al voto de quienes adquirieron la nacionalidad española mediante la denominada «ley de nietos».
A petición de Vox e Iustitia Europa, el alto tribunal acordó suspender cautelarmente los efectos electorales de determinadas inscripciones de nacionalizados que no acreditaran documentalmente el exilio de sus ascendientes en los términos exigidos por sus resoluciones.
Ambas formaciones pretenden ahora que esa suspensión se extienda también a los hijos que adquirieron posteriormente la nacionalidad a través de sus progenitores.
La Abogacía del Estado entiende que esa ampliación introduce dificultades adicionales que afectan tanto a los derechos de los interesados como a la ejecución material de las decisiones judiciales.
La cuestión pendiente no es la nacionalidad de estas personas, sino si debe suspenderse cautelarmente su derecho al voto en las elecciones del 29 de noviembre.
El Tribunal Supremo tendrá que pronunciarse sobre esta nueva petición.
De momento, el Gobierno ha dejado clara su posición: considera que extender la suspensión a otro colectivo de nacionalizados, sin contar con una relación nominal que permita identificarlos ni con los medios necesarios para efectuar las comprobaciones, introduciría una incertidumbre adicional en el proceso electoral.
