Sucesos como el tristemente ocurrido el pasado 28 de octubre en Urda (Toledo), con gravísimos resultados producidos, con numerosas pérdidas humanas y personas lesionadas, plantean siempre la misma cuestión: ¿quién tiene el deber de garantizar que no se produzcan estos sucesos, o de que el riesgo de que se produzcan se minimice al máximo, y en qué condiciones es posible delegar en otras personas ese deber, quedando entonces la persona garante originaria exenta de toda responsabilidad?
El suceso ha sido ahora, nuevamente, un accidente ferroviario, producido cuando un tren Ave alcanzó por detrás a un tren Iryo, causando el descarrilamiento de varios vagones de este último, algunos de los cuales cayeron por un terraplén, con un balance de 69 fallecidos y más de cien personas heridas, algo que ha conmocionado a la población y que ha incrementado la enorme desconfianza hacia el ejecutivo actual y, en particular, hacia los directivos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en especial hacia su ministro que, básicamente, se ha limitado a afirmar que el accidente producido es algo inexplicable y que todo apunta a un error humano en el centro de mando.
Ya antes, con ocasión del accidente ferroviario, el de Adamuz, con 46 fallecidos, el ministro había dicho algo parecido, concretamente, que el accidente era difícil de explicar y que era muy extraño lo sucedido.
Aunque el ministro Oscar Puente, cuya responsabilidad política es evidente, al no gozar ya de ninguna confianza, y que puede haber incurrido incluso en responsabilidades jurídicas, no ha dejado de afirmar en algunas de sus comparecencias, que “el tren en España es uno de los transportes más seguros del mundo”, o que “el ferrocarril vive en España el mejor momento de su historia”, lo cierto es que los sucesos ocurridos, con dos accidentes este mismo año y un balance de 115 fallecidos y cientos de heridos, contradicen semejantes afirmaciones.
Riesgos permitidos, pero regulados
No cabe duda que la sociedad moderna debe soportar numerosos riesgos: riesgos que derivan del tráfico rodado, aéreo, ferroviario, utilización de gases, comercialización de productos alimenticios en grandes cantidades, riesgos tecnológicos, medioambientales, etc.
Riesgos que están permitidos y que son necesarios para el desarrollo social, su modernidad, y que hay que asumir.
Es más, cuanto más industrial y mayor desarrollo social, mayores riesgos ha de soportar la sociedad.
Ahora bien, todos esos riesgos tienen sus respectivas regulaciones legales y reglamentarias, además de posibles instrucciones, reglas técnicas, protocolos, etc., que son las que permiten minimizar al máximo esos riesgos, que se eviten resultados indeseables, que las actividades riesgosas se realicen, pues, dentro de los límites permitidos, asegurando así la confianza en la actividad de que se trate (en el caso presente, la ferroviaria).
Profesionales, no cuotas políticas
Lo que es radicalmente rechazable es que las personas que están a cargo de la alta responsabilidad de que todos esos riesgos no se materialicen, no tengan la suficiente y necesaria formación y capacidad para asumir semejante tarea, irrumpiendo la política en la designación de las mismas, por encima de aquellas cualidades, únicas que deben valorarse a la hora de su selección y nombramiento.
En nuestro país tenemos excelentes profesionales, entre ellos los ingenieros, que son los que mejor pueden asumir la alta responsabilidad de la mayor protección y control posibles de las infraestructuras críticas, entre ellas el transporte ferroviario, debiéndose rechazar las injerencias de la política a la hora de designar a los profesionales que deban estar a cargo de las mismas.
Debe priorizarse siempre, sin excepciones, por encima de intereses políticos o el amiguismo, que los cargos y puestos directivos de alta responsabilidad se asignen a personas altamente cualificadas, expertas en la materia propia de la competencia que se asuma, garantizando así una gestión seria y responsable, algo que debe ser inexcusable.
Por lo que cuentan ciertos medios de comunicación, con informaciones al parecer contrastadas, hay una excesiva politización, tanto en Renfe como en Adif, con un reducido o nulo nivel técnico de muchos de los cargos nombrados por el actual ministro, lo cual es preocupante, muy en especial tratándose de una materia, la concernida en este ministerio, como la representada por infraestructuras críticas, cuya seguridad y conservación son de una enorme transcendencia para el funcionamiento de nuestra sociedad.
Esta enorme relevancia de las competencias del ministerio de transportes, a cargo de infraestructuras críticas, como es el caso de toda la red ferroviaria, exigiría un especialísimo cuidado en el nombramiento de las personas que han de asumir puestos directivos y técnicos, con capacidad decisoria, incluido el propio ministro.
Es más, no sería descabellado afirmar que el hecho de nombrar a personas manifiestamente inidóneas para ciertos cargos, podría llegar a ser una forma de malversar el dinero público y, por tanto, de carácter delictivo. Ello independientemente, además, de la injusticia, por su arbitrariedad, que supondrían tales nombramientos, lo que permitiría tomar en consideración también el delito de prevaricación.
Delegar no es desentenderse
Pero a lo anterior hay que añadir que quien tiene originalmente una posición de garante, es decir, un deber jurídico de garantía – en el caso que nos ocupa consistente en la protección de todos cuantos participan del transporte ferroviario, indudablemente una fuente de peligro pero que debe quedar neutralizado con el cumplimiento de las necesarias garantías de seguridad –, aunque puede llegar a delegar en otras personas, algo absolutamente necesario en grandes organismos o empresas, tal delegación exige que se cumplan ciertos requisitos, porque de lo contrario el garante originario seguiría siéndolo y, por tanto, responsable de los resultados que se hayan podido producir.
Esa delegación – cuya necesidad, insisto, es innegable en el ámbito de grandes organizaciones – ha de recaer en personas que estén en condiciones de cumplir las funciones que se les asignen, y que permitan exonerar de responsabilidad al garante originario.
Ha de tratarse de personas capacitadas para la función asignada, con buen conocimiento de la misma, y que dispongan de los medios necesarios para la ejecución de los cometidos que tengan que llevar a cabo en la posición de garante delegada.
Por tanto, la competencia profesional en todas esas personas que, por delegación, asumen la responsabilidad, es el requisito esencial para que el garante originario quede exento de toda responsabilidad.
Obvio es, pues, que afirmaciones como las que se atribuyen al ministro Óscar Puente, primero a las víctimas de Adamuz – en un accidente debido a un fallo en la infraestructura, concretamente en las vías – a quienes cuando le pidieron dimitir aquel contestó “yo no he soldado el raíl”, y luego, en relación al accidente de Urda, que no era su deber estar en el centro de mando/control, desde donde al parecer tuvo lugar el fallo desencadenante del accidente, no eximen del real cumplimiento de los deberes de delegación que permitan la exclusión de una eventual responsabilidad por lo sucedido.
Una delegación que no exonera
En conclusión, si efectivamente es cierto, y así quedara probado tras las investigaciones pertinentes, que hay una falta de mantenimiento de las infraestructuras y un deficiente estado de la red ferroviaria española, así como un alto déficit de formación y experiencia en puestos claves de los organismos comprometidos en el transporte ferroviario, que aunque se ha reivindicado la fiabilidad del sistema de seguridad LZB – que puede ordenar una frenada automática de los trenes –, se han producido numerosas incidencias en su aplicación este mismo año, así como que se ha podido dejar de ejecutar un alto porcentaje de los fondos de la Unión Europea asignados a transportes en 2025, no parece que la delegación de funciones, del deber de garantía, haya sido lo suficientemente acertada, correcta y efectiva, como para poder exonerar de responsabilidad, al menos inicialmente, a cuantas personas (delegantes) hayan podido delegar su deber de garantía en otras personas (delegados).
Esperemos que el panorama político que se abra a partir del próximo día 29 cambie radicalmente, que los políticos que vayan a gobernar este país acaben definitivamente con la corrupción, que tanto daño ha hecho a nuestra sociedad, que asignen la gestión a auténticos profesionales, con los conocimientos técnicos necesarios, que permita su mejor optimización, y devuelvan a los españoles las esperanzas de recuperar el Estado democrático de Derecho instaurado en 1978 – tan menoscabado en los últimos años –, con los valores y principios que lo caracterizan, entre ellos el de una convivencia democrática, no de enfrentamiento como la que se ha venido potenciando los últimos años, el respeto de la separación de poderes – ignorado por el gobierno actual –, con lo que ello supone de respeto de las instituciones y, en particular, el respeto por la independencia del poder judicial, sin injerencias externas – palmariamente ignorado también –, que es una de las principales garantías del Estado de Derecho, desde el momento en que es la única forma posible de que el Estado pueda asumir la función de protección del Derecho, imprescindible para asegurar la justicia, los derechos y libertades de todos los ciudadanos.
