Detalle de la fachada de la Audiencia Provincial de Palma. Foto: EP
La Fiscalía desvincula las detenciones en Baleares con la incautación de móviles a periodistas
Señala que no SE incautó móviles a periodistas para descubrir fuentes, sino para asegurar "los efectos materiales procedentes del delito"
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19/12/2018 16:41
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Actualizado: 19/12/2018 16:51
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La Fiscalía Anticorrupción ha informado que la detención ayer de dos policías en Baleares, el marco de la investigación de un delito continuado de revelación de secretos, no tiene relación alguna con la incautación de los móviles a los periodistas José Francisco Mestre y Blanca Pou, del Diario de Mallorca y la Agencia Europa Press, respectivamente.
Así lo ha manifestado en un comunicado, en el que ha precisado que esos arrestos se han llevado a cabo «con carácter previo a la eventual apertura de los teléfonos y dispositivos» intervenidos.
Ha indicado que los teléfonos móviles y dispositivos incautados el pasado 11 de diciembre «siguen bajo custodia judicial», y que los archivos almacenados aún no han sido analizados.
También ha explicado que «aquella intervención de teléfonos no tuvo por objeto localizar o descubrir las fuentes de información supuestamente en poder de los periodistas», sino «que ya eran conocidas por otras vías de investigación».
«Aquella intervención de teléfonos no tuvo por objeto localizar o descubrir las fuentes de información supuestamente en poder de los periodistas, que ya eran conocidas por otras vías de investigación, como demuestran las detenciones practicadas, sino el aseguramiento de los efectos materiales procedentes del delito, según autoriza el artículo 588 bis a) 4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal», señala.
La Fiscalía recuerda que la investigación continúa bajo secreto, y hace hace hincapié en que «en caso de ser necesario» el acceso al contenido que almacenan los dispositivos electrónicos intervenidos se hará en «un momento posterior» y siempre cuando se ponga previamente «en conocimiento de las personas afectadas».
El pasado martes, agentes de la Policía Nacional se personaron en la delegación de Europa Press en Baleares y en el Diario de Mallorca e incautaron los teléfonos móviles de los redactores Pou y Mestre.
De la sede de la agencia de noticias se llevaron dos ordenadores y varios documentos. Intentaron registrar la del Diario de Mallorca, pero la directora del periódico, Maria Ferrer, manifestó a los agentes que no se haría entrega voluntaria del ordenador que buscaban, ante lo que los éstos manifestaron que volverían en otro momento.
Fue el titular del Juzgado de Instrucción 6 de Palma de Mallorca, Miguel Jesús Florit Mullet, instructor del caso Cursach, quien, con el visto bueno del Ministerio Fiscal, fue quien ordenó la incautación, el registro de las redacciones de ambos medios y la aprehensión de ordenadores y documentación de Europa Press, con el fin de investigar un supuesto delito de revelación de secretos relacionado con la difusión de noticias sobre el citado caso.
El juez Florit investiga un supuesto delito de revelación de secretos relacionado con la difusión de noticias sobre este caso que instruye el juzgado número 12 de Palma sobre una presunta trama corrupta liderada por el empresario mallorquín Bartolomé Cursach.
El pasado viernes, Europapress, Diario de Mallorca y los dos periodistas afectados presentaron una querella contra el magistrado, a quien acusan de los presuntos delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad de domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional de los periodistas.
Además, piden que la investigación se amplíe a “las demás personas que resulten ser partícipes de los hechos”.
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares la admitió ayer a trámite.
Ayer también se conoció que la Fiscalía ha pedido 8 años y medio de cárcel para el empresario Cursach. Le atribuye los presuntos delitos de pertenencia a un grupo criminal, prevaricación administrativa, cohecho activo y coacciones.
Acusa también a otras 23 personas, entre ellas 15 policías de Palma.
En su escrito, los fiscales Miguel Ángel Subirán y Juan Carrau relatan cómo Cursach, de manera continuada y permanente y, al menos desde el año 2000 hasta el 2016, dio instrucciones y órdenes para que se llevase a cabo la práctica habitual de regalar y obsequiar a diversos funcionarios públicos que tenían competencias en temas y cuestiones que podía afectar a la marcha de los negocios del Grupo Cursach.
Describen cómo el Grupo Cursach agasajó al menos hasta finales del año 2009, con prebendas de diversa índole -fiestas privadas en sus establecimientos y apartamentos donde se les ofrecía servicios sexuales, consumiciones y sustancias estupefacientes- a jefes, mandos intermedios y agentes de la Policía Local de Palma con competencias en el control de la normativa de los locales de ocio.
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