El magistrado titular del Juzgado de Instrucción 6 de Palma de Mallorca, Miguel Jesús Florit Mullet, con el visto bueno del Ministerio Fiscal, dio luz verde -mediante el consiguiente auto- a la Policía Nacional para que incautara los teléfonos móviles de una periodista de Europa Press y de otro del Diario de Mallorca, con el fin de investigar una filtración relacionada con el llamado caso Cursach.
Tanto la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) como la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR) han protestado y criticado duramente tal incautación; pone en peligro el secreto profesional de los informadores, protegido y consagrado en el artículo 20.d de la Constitución Española.
Tres agentes y una secretaria judicial se presentaron hoy en la redacción de Europa Press en Palma con la orden de registro, exigiendo a la periodista que cubre la información relacionada con el caso Cursach que facilitase cualquier documentación sobre la macrocausa.
Además del teléfono móvil, se llevaron un ordenador y documentación en papel.
Del Diario de Mallorca, donde se presentaron en torno a las 16.30, sólo requisaron el móvil del periodista Kiko Mestre.
La dirección del periódico se negó a entregar a la Policía Nacional ningún material relacionado con la investigación.
«Diario de Mallorca manifiesta su rechazo a estas acciones judiciales que vulneran los derechos fundamentales a la información y al secreto profesional protegidos por la Constitución», publicó después el periódico.
De acuerdo con fuentes oficiales de la Fiscalía, en el Procedimiento Abreviado 1002/2018 «se ha abierto una pieza secreta por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos en la que no se está investigando a ningún periodista».
«El Fiscal delegado de Anticorrupción en Mallorca ha informado favorablemente la diligencia solicitada por la policía para acceder a los dispositivos de almacenamiento de informacion en poder de los periodistas a fin de obtener las necesarias evidencias de la comisión de un delito, con base en lo dispuesto en los arts. 573 y 575 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ejecutándose la diligencia conforme dispone el art. 588 series LECr.», añaden.
UNA VULNERACIÓN DEL DERECHO AL SECRETO PROFESIONAL, SEGÚN FAPE
La FAPE considera que esta incautación «vulnera el derecho de los periodistas al secreto profesional, en el que se basa la protección de sus fuentes, y que incluye los documentos y los equipos con los que trabaja el reportero».
En este sentido, la FAPE ha defendido que «en los casos de filtraciones, la jurisprudencia exime de este delito a los periodistas y lo atribuye en su caso a los funcionarios que hayan facilitado la información».
«El secreto profesional es un derecho de los periodistas y tiene una doble finalidad: de un lado, ampara al periodista de los requerimientos de terceros (la Administración o los tribunales) para que revele sus fuentes; de otro, ampara también a la fuente que le ha suministrado la información», ha manifestado.
Según ha añadido la Federación, que preside Nemesio Rodríguez, «la periodista de Europa Press no está obligada a revelar quienes le facilitaron la información y mucho menos a entregar los documentos y los equipos con lo que desarrolla su trabajo».
«La jurisprudencia sostiene que la libertad de información legitima la actuación de los medios y de sus periodistas, al tiempo que hace prevalecer el derecho a las libertades de expresión y de información sobre otros derechos cuando la noticia cuestionada es veraz, se refiere a asuntos de interés general o de relevancia pública y está debidamente contrastada», ha recordado.
Por todo ello, la FAPE ha exigido la devolución del material incautado y «la aclaración de los hechos, sobre todo cuando Europa Press no está sometida a investigación alguna en este caso».
ACIJUR: SE PONE EN ENTREDICHO EL DERECHO A LA CONFIDENCIALIDAD DE LAS FUENTES
ACIJUR, que preside Patricia Rosety, por su parte, recuerda que «los periodistas afectados, y sus medios de comunicación, no están siendo investigados por el fondo del denominado ‘caso Cursach’, sino por una información periodística, producida supuestamente a raíz de una filtración, relativa al citado asunto, en la que se daba cuenta de determinados hechos, nunca desmentidos».
La Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos, por ello, muestra su «más contundente oposición a cualquier actuación, policial o judicial, que ponga en entredicho el derecho a la confidencialidad de las fuentes de información».
Y recuerda que «los medios de comunicación, en su papel esencial de intermediarios del derecho a la información y a la libertad de expresión, del que son titulares todos los ciudadanos, han mostrado, muestran y mostrarán siempre un decidido compromiso de apoyo a las instituciones del Estado de Derecho, pero este compromiso no puede entenderse fuera de los principios constitucionales que rigen en nuestro país y que amparan, entre otro derechos, el secreto profesional».
