JJpD y la UPF anuncian la IV edición del proyecto de preparación gratuita de opositores sin recursos
Las asociaciones progresistas de jueces y de fiscales consideran que hay que facilitar el acceso a la judicatura y a la fiscalía a todos aquellos aspirantes con capacidad pero sin recursos económicos. Foto: Confilegal.

JJpD y la UPF anuncian la IV edición del proyecto de preparación gratuita de opositores sin recursos

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08/10/2023 06:30
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Actualizado: 08/10/2023 00:20
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Las asociaciones Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) anunciaron ayer la IV edición del proyecto de preparación gratuita de opositores sin recursos.

Las dos entidades de la judicatura explicaron que el esfuerzo para acceder a las carreras judicial y fiscal no sólo suponen tiempo y dedicación, sino una inversión económica para obtener la ayuda de preparadores de la que no disponen todas las personas que aspiran a afrontar ese reto.

Asimismo, expresaron su compromiso para garantizar que «la falta de recursos para atender su coste económico no se convierta en un obstáculo insuperable» para superar una «dura prueba como es la oposición a la carrera judicial o fiscal.

En esta ocasión, se han mantenido las bases de la última convocatoria, que aumentaron el umbral económico de quienes solicitan acceder al programa para facilitar la incorporación de más personas; también se ha mantenido la nota mínima del grado o licenciatura exigible.

La convocatoria se ha adelantado unos meses con la finalidad de solapar el inicio del año académico y judicial con la obtención de la ayuda; de esta manera, pretenden que las personas recién graduadas puedan acceder al programa tras haber finalizado su periodo universitario.

El proyecto mantiene su vocación transversal, de acuerdo al comunicado, de manera que puedan participar integrantes de la judicatura y la fiscalía de cualquier asociación o no asociados.

El programa constituye una «alternativa necesaria» a la oferta de becas públicas para la preparación de la oposición, que ha aprobado los dos últimos años el Ministerio de Justicia, a instancia de JJpD, y que desde tiempo atrás facilitan algunas Comunidades Autónomas, en cuanto esa posibilidad «aún resulta insuficiente».

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