Alejandro Abascal, Eugenio Ribón , Segismundo Álvarez y el moderador y director de Confilegal, Carlos Berbell, durante el debate. Foto: Ayuntamiento de Boadilla del Monte.
“Esto tiene pinta de que acabamos ante el TJUE”, conclusión del primer debate de Confilegal sobre la amnistía
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12/1/2024 03:06
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Actualizado: 12/1/2024 11:52
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Preocupación. Esa fue la tónica general de los invitados y espectadores del primer debate dentro del ciclo “Reflexiones sobre el Futuro: consecuencias de la Ley de Amnistía” organizado por Confilegal y por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, localidad al oeste de la Comunidad de Madrid, y que tuvo lugar ayer por la tarde.
El evento tuvo lugar en el Nuevo Teatro Municipal Princesa Doña Leonor de Boadilla del Monte, con tres invitados de relevancia dentro del mundo judicial: Alejandro Abascal, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional; Eugenio Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid; y Segismundo Álvarez, presidente de la Fundación Hay Derecho y notario.
«Ley de Amnistía: ¿Un disolvente del Estado de Derecho y del sistema democrático?» fue el título bajo el que se rigió este debate que moderó el director de Confilegal, Carlos Berbell.
Un encuentro en el que los tres invitados, así como el público, coincidieron en la clara preocupación que existe actualmente ante la proposición de ley de amnistía pactada por el PSOE y la formación separatista Junts, resultado del acuerdo que ha posibilitado la investidura de Pedro Sánchez como presidente de Gobierno.
Alejandro Abascal: «Yo no soy de los que huyen del debate»
«Yo vengo a hablar como un técnico, con estudios en derecho, que ha echado unas cuantas horas estudiando la cuestión de la amnistía. En España, en los últimos años, estamos asistiendo a una politización del Código Penal y del ordenamiento jurídico español. Y esto no debería ser así», comenzó Alejandro Abascal su primera intervención.
«¿Qué es el estado de derecho? Esa es la pregunta fundamental en materia de amnistía. El estado de derecho al final es una forma política en virtud de la cual los poderes públicos, los poderes políticos, no tienen una absoluta capacidad de actuación sino que están sometidos y limitados por los principios esenciales del ordenamiento jurídico, que vienen en España constituidos por la Constitución española y, en concreto, por el artículo 1.1, donde dice que España se constituye en estado social democrático de derecho que propugna, como valores superiores libertad, justicia, igualdad y pluralismo político», añadió.
El estado de derecho es una garantía para los ciudadanos, según Abascal. «Toda ley que se apruebe debe de respetar esos principios. Y desde ese punto de vista la proposición de ley de amnistía afecta a estos principios esenciales, que aparecen consagrados en el ámbito de la Unión Europea. ¿Por qué el TJUE puede pronunciarse sobre la ley de amnistía? porque el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea prevé expresamente estos valores superiores del ordenamiento jurídico que garantizan los estados de derecho dentro de la Unión Europea».
Y subrayó: «Se pretende amnistiar delitos como la corrupción, malversación de fondos públicos, terrorismo… conceptos que tenemos armonizados con la Unión Europea»
Una cuestión que está fuera del entendimiento de otros países, donde la amnistía no tiene el perfil que puede tener en el contexto jurídico español. «La amnistía en otros países excluyen la corrupción», ha asegurado el magistrado. «Por ejemplo, en Portugal, los delitos contra la integridad del Estado».
Esta realidad que no se contempla, en el aspecto jurídico, en España. Y es que, tal y como recordó el magistrado, la amnistía no está contemplada en la Constitución.
«No cabe que lo esté», ha asegurado. «El indulto es la única excepción en la ejecución de lo juzgado. Porque corresponde a los jueces exclusivamente juzgar, y ejecutar lo juzgado».
Abascal trajo a colación una opinión generalizada entre la comunidad de juristas y es la poca calidad de los textos legislativos que han salido del Parlamento en los últimos años.
«Tenemos un legislador de brocha gorda», lamentó. Tanto es así, que el magistrado recordó las muchas ocasiones en las que el presidente socialista se ha encontrado con la Justicia de frente al intentar aprobar sus propias reformas.
«Cada vez que ha realizado reformas en el Código Penal, que no son acordes a los principios fundamentales, se ha encontrado con los tribunales. De una forma independiente, a pesar de las críticas. Pasó con la ley del solo sí es sí. También con la malversación», señaló Abascal.
Una realidad ante la que parece que la única voluntad que prevalece, para el magistrado, es la de «desprestigiar» a todos los componentes del Poder Judicial.
«Yo no soy de los que huyen del debate», ha asegurado, en cuanto a las comisiones de investigación del Parlamento. «Pero están diciendo que los jueces somos un poder sin control. Cuando somos el que más control sufre», ha destacado.
Un planteamiento en el que Abascal ha querido ser muy claro: «hablar de jueces que hacen política, es falso. es un ataque directo a la separación de poderes»
Eugenio Ribón: «Las democracias del siglo XXI pueden diluirse»
La intervención del decano comenzó con el recuerdo del manifiesto de la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Madrid contra el acuerdo que suscribieron Junts y PSOE el 9 de noviembre pasado y que posibilitó que los socialistas contaran con los 7 votos de la formación separatista para la investidura de Pedro Sánchez. Un acuerdo en el que ya se comenzaba a perfilar la amnistía para los independentistas.
Dicho manifiesto, que después se convirtió en un Fuenteovejuna de la abogacía de Madrid no solo fue secundado por muchos de los grandes despachos -algo inédito en la reciente historia democrática- y por miles de abogados de a pie sino que también fue suscrita por la inmensa mayoría de los colegios de otras profesiones.
«El colegio es neutral, apartidista», aseguró Ribón en sus primeras intervenciones. «El manifiesto no tuvo carácter político sino profesional. Hubiéramos respondido de la misma manera si los firmantes hubieran sido el PP o cualquier otra formación política. El contenido del acuerdo atentaba a nuestro estado de derecho. Era muy preocupante. Por eso dimos ese paso», dijo.
«El colegio tiene como mandato la defensa del Estado de Derecho. Por ello, no podemos ser meros espectadores cuando se produce una quiebra esencial del mismo. No sólo con la renovación del Consejo General del Poder Judicial, no sólo con la dependencia política de la fiscalía general… sino también hablamos de la constitución de comisiones para reprobar el trabajo de los jueces. Es un ataque a la separación de poderes», lamentó el decano.
Un ataque que continúa con el proceso para la aprobación de la Ley de Amnistía en el Congreso de los Diputados. Una normativa que está unida «a los intereses de un partido político».
Algo que hace que no convenza a los abogados del Colegio «por varias razones». Entre ellas, la «falta de encaje de la amnistía dentro de la Constitución». Una cuestión que cambiaría radicalmente, según los tres asistentes al evento, si se hubiera producido durante la fase electoral.
Caso de haber sido planteada en ese momento los ciudadanos podrían haber escogido, y votado, en consecuencia, este camino emprendido por el partido del Gobierno.
«Se puede modificar la Constitución. No es inamovible, pero con unos cauces que están establecidos para ello. El problema es que esto viene «por la puerta de atrás», destacó el decano.
El acuerdo con Junts no viene fundamentado, para Ribón, en el bienestar social, sino en los intereses políticos particulares de algunos grupos o personajes políticos. «La norma jurídica se diluye por los intereses políticos. Estamos ante una polarización extraordinaria de nuestro contexto político», lamentó.
Un contexto en el que la advertencia del decano del Colegio es clara: «es el coctel perfecto para la muerte de la democracia». Por eso, agregó, es necesario que la sociedad civil se movilice. Lo que está en juego es lo más importante que tenemos, que es nuestro sistema de convivencia.
Segismundo Álvarez: «El Estado de Derecho nunca puede ser un objeto de negociación»
«La Ley de Amnistía es un disolvente del Estado de Derecho«, sentenció Segismundo Álvarez durante sus intervenciones.
Y es que, para el representante de la Fundación Hay Derecho, la Ley de Amnistía no cumple con muchas de las cualidades exigidas de cualquier ley a aprobar. Algo que, sin duda, puede acabar degradando el Estado de Derecho.
«Entre los requisitos, se estipula que la ley sea general. Que no esté destinada a un grupo específico. Cosa que no se cumple. Del mismo modo, las normas tienen que ser prospectivas; es decir, para el futuro. Algo que tampoco ocurre con la amnistía», enumera Álvarez.
Una cuestión en la que, además, el futuro tras la aprobación de esta ley es clave para comprender sus efectos. «Las murallas que se derriban hoy, servirán para los que vengan después», vaticinó. Algo que, en el caso de la Ley de Amnistía, «nos desprotegen a todos los ciudadanos».
Planteamiento que Álvarez ha establecido a un nivel histórico. «La Historia de España tiene muchas amnistías. Y las amnistías no terminan conflictos, sino que acaban generando más conflictos y más necesidad de amnistías», ha asegurado.
Para el representante de Hay Derecho, una de las cuestiones fundamentales es la falta de consenso entre los políticos y la ciudadanía en este asunto. Y es que, tal y como recordó Álvarez, esta cuestión «no es que no se dijera en campaña, es que se prometió todo lo contrario».
«Hay un importante déficit democrático», lamentó. Algo que no solo afecta en la opinión pública, sino también a los consensos políticos. Consensos que no se han logrado entre el Gobierno y el partido mayoritario, entre otros, en cuanto a la amnistía.
Un enfrentamiento que, además, tiene una consecuencia adicional para Álvarez a nivel internacional. «Refleja una imagen deformada de España. De alguna manera, estamos diciendo que no somos un Estado de Derecho legítimo. Estamos deslegitimando nuestra propia democracia», lamentó en el evento de Confilegal y del Ayuntamiento de Boadilla.
Intervenciones en las que, al igual que el resto de asistentes, Segismundo Álvarez también encontró hueco para criticar el término, últimamente muy aplicado, de lawfare. «El lawfare es la persecución judicial por motivos políticos. Eso es un delito. Y con esto sólo se busca desprestigiar al Poder Judicial», aclaró.
¿Cuál es el futuro tras la Ley de Amnistía?
Durante el debate sobre la Ley de Amnistía también hubo espacio para hablar de cuál será el futuro judicial para España, de aprobarse finalmente este planteamiento desarrollado desde el acuerdo del PSOE con Junts.
Un elemento que podría acabar viéndose afectado por la implicación de la Justicia europea, tal y como mostraron los intervinientes a un público visiblemente preocupado en sus preguntas por la actualidad judicial y política de cara a la Ley de Amnistía.
«La Unión Europea tiene la obligación de velar por el Estado de Derecho», recordó Ribón. Una cuestión en la que no sólo interviene el informe anual sobre el Estado de Derecho de la Unión Europea sino también los Fondos Next Generation.
No solo Europa tendrá algo que decir respecto a la Ley de Amnistía. Y es que, tal y como recordó Abascal, la justicia española también cuenta con mecanismos para valorar esta nueva normativa. Eso sí, contando con el papel fundamental del TJUE en esta cuestión.
«El Tribunal Supremo, ante el texto que se publique de la Ley, tendrá que plantearse si es constitucional o no. Y si respeta el ordenamiento judicial nacional y el europeo», aclaró. Algo que podría llevar esta cuestión al TJUE y al Tribunal Constitucional.
Un punto de inflexión que podría ser clave de cara al futuro de esta normativa: «esto tiene pinta de que acabamos en el TJUE», reconocieron todos los intervinientes, ante un público que siguió con toda atención la hora larga que duró el evento.
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