Rivera presenta el Decálogo «Una justicia independiente para luchar contra la corrupción»
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09/5/2017 05:00
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Actualizado: 09/5/2017 01:37
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Albert Rivera presentó ayer en sociedad el Decálogo «Una justicia independiente para luchar contra la corrupción», en el Auditorio Caja de Música del Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, que presento un lleno hasta la bandera de seguidores de la formación naranja.
El decálogo, una destilación de la Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, que Ciudadanos presentó el pasado mes de febrero, sintentiza la posición de este partido político frente al fenómeno de la corrupción, que, según Rivera, «ni es una plaga bíblica ni está en la condición humana».
Los puntos del decálogo son:
1.- Eliminar los partidismos en la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.
2.- Eliminar los aforamientos políticos.
3.- Reforzar la autonomía de la Fiscalía respecto al Gobierno y la eficacia en la invesgitación de los casos de corrupción sin que haya injerencias políticas.
4.- Fortalecer la carrera de jueces y fiscales asegurando el mérito, la capacidad y la especialización.
5.- Asegurar que el nombramiento y cese del Fiscal General no dependan exclusivamente del gobierno de turno.
6.- Despolitizar el Tribunal Constitucional y los TJ autonómicos y garantizar que sus miembros se eligen por mérito y capacidad y trayectoria y no por su proximidad a ningún partido político.
7.- Acabar con las puertas giratorias.
8.- Proteger a los denunciantes de casos de corrupción.
9.- Incrementar los medios humanos, tecnológicos y materiales de la Justicia sin restricciones temporales a la investigación de la corrupción.
10.- Prohibir los indultos por corrupción política.
Durante su intervención, Rivera fue desgranando cada punto.
Sobre el primero, afirmó que el CGPJ no es ni un parlamento ni un miniparlamento, en alusión a la intervención que poco minutos antes tuvo el abogado, magistrado en excedencia, exvocal del CGPJ y presidente de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ), Agustín Azparren, que relató algunas de las anécdotas que vivió por su paso por el órgano de gobierno de los jueces.
«Nosotros no queremos asaltar el poder para poner a los nuestros. No queremos que los vocales sean elegidos ni en Génova ni en Ferraz. Lo que queremos es suprimir el cordón umbilical que une a la justicia con la política», dijo el líder de Ciudadanos.
En lo relativo a los aforamientos, Rivera declaró que no quería privilegios para nadie. «Sería muy fácil suprimirlos. De la misma forma quie se hizo la reforma exprés de la Constitución, modificando el 135. Se puede hacer en una tarde. El PP y el PSOE dicen que es muy difícil y Podemos pide un referéndum. Si no nos apoyan, que todo el mundo sepa que hay partidos que se están protegiendo».
En lo relativo a la autonomía de la Fiscalía, puesta en tela de juicio con la «operación Lezo», la intervención de Rivera vino precedida por la de Salvador Viada, fiscal del Sala del Tribunal Supremo y exportavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, que fue muy crítico con el actual estado de cosas.
De izquierda a derecha, Begoña Villacís, líder de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, José Ignacio Prendes, vicepresidente primero del Congreso de los Diputados, Agustín Azparren, abogado, exmagistrado, exvocal del CGPJ y presidente de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, y Salvador Viada, fiscal del Tribunal Supremo. Carlos Berbell/Confilegal.
«La jerarquía está politizada y eso contamina al resto de la Fiscalía. La politización se proyecta hacia abajo. Es horrible que el fiscal general del Estado sea nombrado por el Gobierno. El fiscal general es del Estado y no del Gobierno. Es una relación que tiene que cortarse. Hay que proteger al fiscal general», afirmó Viada.
En esa línea se expresó Rivera, que reclamó un Estatuto del Ministerio Fiscal nuevo que impida las injerencias políticas.
Un punto que tenía una conexión muy directa con el quinto, que plantea que el nombramiento del fiscal general del Estado no dependa del gobierno sino que apuesta porque sea el Parlamento el que lo elija. «Está en el paquete de la investidura que firmamos con el PP», recordó Rivera.
El cuarto punto, el fortalecimiento de la carrera de jueces y fiscales, asegurando el mérito y la capacidad, estuvo caldeado con anterioridad por Azparren, que reveló que, con el actual estado de cosas, «hay muchos magistrados que no solicitan plazas porque saben que no tienen ninguna posiblidad».
«Hay que romper el dedo mágico de la discrecionalidad. Tenemos que asegurarnos que los mejores son elegidos para los puestos para los que son adecuados», dijo Rivera.
Proteger a los denunciantes de casos de corrupción
El líder de Podemos hizo especial hincapié en la protección de los denunciantes de casos de corrupción, conocidos internacionalmente como «whistleblowers», o alertadores.
Antes de su intervención se proyectaron dos vídeos de denunciantes. Uno de Azahara, directora de obra de Acuamed, que fue despedida por no querer certificar pagos fraudulentos a los contratistas, y el otro de Isabela, técnica de la Administración de la Seguridad Social, la mujer que destapó el caso Edu en Andalucía, por el que empresas que se acababan de constituir recibían subvenciones para cursos de formación y a continuación cerraban.
«El gobierno no tienen ningún tipo de interés en que se defienda a los denunciantes», afirmó Azahara.
De acuerdo con Rivera, «el PP se ha opuesto a proteger a los denunciantes de corrupción. Y hay que proteger a los buenos, no a los malos».
La protección de los «whistleblowers», afirmó el líder de Ciudadanos,»es una de las medidas estrella de nuestra Ley anticorrupción, que se encuentra, en estos momentos, en la fase de enmiendas».
Despolitización de los nombramientos a magistrados del Constitucional y de los Tribunales Superiores de Justicia, puertas giratorias, dotar a la jusicia de más medios y prohibir los indultos por corrupcion política, son también, piezas esenciales de su programa para acabar con la corrupción.
Alfonso Guerra y Montesquieu
Rivera terminó su intervención recordando la histórica frase que Alfonso Guerra pronunció en 1985, después de que el PSOE aprovechara su mayoría aplastante en el Congreso de los Diputados -202 escaños- para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, haciendo que los 12 vocales jueces fueran elegidos por el Parlamento en vez de por sus iguales: «Montesquieu ha muerto».
Con ello Guerra aludió a que se había terminado el sistema de división de poderes, de pesos y contrapesos, cuya formulación había planteado el filósofo y jurista francés del siglo XVIII, Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y Barón de Montesquieu.
«Montesquieu no ha muerto», afirmó Rivera. «Está secuestrado. Lo tienen el PP y el PSOE. Sabemos donde está y vamos a devolverle la libertad», concluyó.
Rivera con el decálogo planteado a su espalda. Carlos Berbell/Confilegal.
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