El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, se niega a aplicar una moratoria en el sistema de telecomunicaciones LexNET, en vigor desde el pasado 1 de enero. «Es un camino sin retorno y el resultado será muy satisfactorio», ha comentado, rechazando suspender el servicio como le piden desde partidos políticos y desde algunos juzgados o asociaciones de jueces.
En una comparecencia celebrada esta tarde en el Ministerio de Justicia, Catalá ha subrayado que LexNET funciona «perfectamente» en La Rioja, Cuenca, Cáceres o Cantabria.
«Nuestra obligación es seguir empujando poniendo soluciones», ha añadido tras reunirse con representantes de las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales.
El Ministro ha recordado que el proceso de digitalización hacia el ‘papel cero‘ lleva implantándose doce años y ha reconocido que existen problemas. Además, ha aludido a la «resistencia al cambio» que existe en algunos actores de la Administración de Justicia, «especialmente fuerte» por tratarse de un «sector conservador en los modos de funcionamiento». También ha recordado que las competencias en materia de modernización están transferidas en muchas comunidades autónomas.
ASUME LAS CRÍTICAS
Catalá asume las «críticas» que recibe desde juzgados de la planta de Madrid o Canarias, así como en informes de seguimiento de LexNET como el elaborado por la Fiscalía General del Estado. «Somos realista, no es un problema de solución fácil y estamos alejados de una administración eficiente del siglo XXI», ha comentado.
Catalá ha rechazado que, al estar en funciones, sea posible que atienda a la petición del Grupo Parlamentario Socialista para que comparezca en el Congreso para dar cuenta de los problemas con LexNET, entre otros asuntos.
«Iría encantado y no lo haría nada incómodo«, ha asegurado, pero se ha disculpado alegando que el Ejecutivo «no tiene la confianza de las cámaras» y que, por tanto, no puede aún dar cuenta de una problemática de la que habla «cada día». EP.
