Firmas
La mala educación de un juez
Pere Lluis Huguet Tous es abogado, socio director de Huguet Abogados y exdecano del Colegio de Abogados de Reus.
28/4/2016 14:42
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Actualizado: 28/4/2016 14:42
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Vaya por delante que son una minoría, pero el daño que hacen a la imagen de la justicia es mayúsculo.
Los abogados y los ciudadanos algunas veces tenemos que sufrir la mala educación de quién cree que el ejercicio de la autoridad comporta mostrarse tosco e incluso mal educado, como hemos dicho es una minoría, pero llama la atención, que cada vez aumentan estas situaciones que dan una imagen errónea de la Administración de Justicia.
La autoridad y el ejercicio de ésta no está reñido con la educación y las buenas maneras.
En los juicios es donde los ciudadanos tienen mayor relación o contacto con los jueces, y por lo tanto, la imagen de estos será la imagen de la Administración de Justicia para el ciudadano.
Por ello el respeto a todos los asistentes y el respeto a las normas básicas de educación son elemento esencial en el acto del juicio sin que ello menoscabe o limite la autoridad del juez que debe ordenar y dirigir el debate de conformidad con la ley.
¿Tan difícil es para algunos dar los buenos días?
O simplemente agradecer la asistencia a un juicio de un testigo que colabora con la Administración de Justicia, y que generalmente ha sido víctima de un delito.
O que ha tenido que dejar su trabajo u ocupación para asistir al juicio y quizás incluso enfrentarse con quien le causó un daño.
Un simple «gracias por haber venido» cambia la percepción del ciudadano, y ¿tan difícil es para algunos pronunciar estas palabras?
Por ello, la mala educación de un juez hace un daño enorme a la Administración de Justicia y su percepción por los ciudadanos como servicio público esencial en un estado de derecho.
SE REPITE CON MAYOR FRECUENCIA
Y echa por el suelo todo el trabajo que hacen multitud de compañeros suyos cada día que sí saben tratar con respeto a todos los ciudadanos.
Pero lo preocupante es que últimamente estas situaciones se repiten con mayor frecuencia. Quizás por el estrés y la carga de trabajo, por las constantes reformas, o por la situación general de la Justicia, pero el daño que hacen a una labor extraordinaria de los jueces y magistrados es enorme.
Porque lo que se recuerda del paso por un juzgado, no es que la justicia ha funcionado, sino las malas maneras de un juez, por mucho que después le dé la razón en la sentencia.
Pongamos un ejemplo que ocurre cada día en nuestros juzgados: los juicios penales en los que antes de iniciarse abogado y fiscal pactan una condena con conformidad.
A ese juicio han asistido testigos víctima del delito etc. Una vez efectuada la conformidad se suspende la vista y no se precisa la declaración de ninguna de las personas que han sido citadas.
A partir de aquí caben dos posibilidades: que el agente judicial salga al pasillo y diga a todas estas personas que el juicio ha terminado y que pueden irse sin mayor explicación.
O como mucho, la indicación “han pactado” lo que aún lo complica más, y que genera frustración de quien no entiende qué ha pasado y regresa a sus ocupaciones con la sensación de haber perdido el tiempo y que la justicia no ha funcionado.
UNA SEGUNDA POSIBILIDAD
La segunda posibilidad, que hemos de decir hacen muchos jueces pero que tendría que ser la totalidad, es hacer entrar a todos a la sala de vistas, el juez les agradece su asistencia y les explica que no ha sido necesaria su declaración ya que el acusado ha reconocido los hechos y ha sido condenado, el ciudadano regresa a su casa pensando que la justicia ha funcionado y ha servido su presencia.
Dos maneras de hacer lo mismo, una conformidad penal, pero como vemos la actitud del juez hace que el ciudadano se lleve una imagen u otra de la administración de justicia.
Por ello, si queremos que el ciudadano cambie la imagen que tiene de la Administración de Justicia es necesario que desde sus órganos de gobierno y especialmente el Consejo General del Poder Judicial, se establezca un código de buenas prácticas de cumplimiento obligatorio en las relaciones entre la Administración de Justicia y los ciudadanos.
Y ello no menoscaba ni la autoridad del juez ni atenta contra la independencia judicial, adelantándome a lo que algunos inmediatamente manifestarán.
La educación, las buenas prácticas y el respeto nunca pueden menoscabar la independencia judicial, como no lo hizo la Carta de Derechos del Ciudadano ante la Administración de Justicia, aprobada el 16 de abril de 2002 en el Congreso de los Diputados, pero sin carácter normativo.
Después de casi 15 años es la hora de dar un paso más, para que los ciudadanos perciban la Administración de Justicia como un servicio público esencial en un estado democrático y al servicio de los ciudadanos.
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