«No hay nada detrás de esa violencia, es violencia gratuita» — Sílvia Catà, comisaria jefa de los Mossos d’Esquadra, 25 de octubre de 2026.
Barcelona siempre quiso ser muy europea. Lo ha conseguido. El sábado 24 de octubre, a las seis de la tarde, unos seiscientos jóvenes, vestidos de negro en su mayoría, se citaron en la plaza de Catalunya sin pancarta que defender ni recorrido que cumplir.
A las diez de la noche, cuando los bomberos apagaron el último de los 33 incendios, el balance era el de cualquier capital continental en este otoño: 23 comercios vandalizados, El Corte Inglés con la persiana bajada y los clientes dentro, 15 policías heridos, 4 de ellos graves, y 128 detenidos.
Entre los objetos decomisados figuraban armas blancas, pasamontañas, pirotecnia y piedras. Nadie lleva piedras en el bolsillo a una tarde de compras.
Hace unos días, a propósito del campanario del ayuntamiento de Limoges, escribí en estas páginas que Francia era solo el principio.
No hacía falta ser profeta: bastaba con mirar el mapa. Pero sí debo una precisión, porque lo de Barcelona no es exactamente lo que entonces describí, y la diferencia es el núcleo de esta columna.
Al día siguiente, la comisaria jefa de los Mossos resumió lo ocurrido con una frase que ha corrido mucho: detrás de esa violencia no hay nada; es violencia gratuita.
Con todo el respeto que merece quien tuvo a sus agentes bajo las piedras, discrepo. La violencia del sábado no fue gratuita. Fue, en el sentido más literal del término, retribuida.
El refranero dice que el que la hace, la paga. En la Europa de este otoño la regla funciona al revés: al que la hace, le pagan.
La franquicia sin la causa
En Limoges defendí que lo que recorría Europa no era un movimiento coordinado, sino una coincidencia espontánea de agravios idénticos, y separé con cuidado a quienes salieron a la calle por los salarios, el combustible y las escuelas de quienes quemaron el ayuntamiento. Lo mantengo para Francia.
En Barcelona no hubo nada que separar, porque no hubo manifestantes a los que distinguir de los violentos. La propia comisaria lo describió con precisión: personas que, una vez en la plaza, se repartieron en grupos de cuatro a seis, «sin una reivindicación» concreta, y que se miraban en los incidentes de Francia.
Lo que llegó a Barcelona fue la forma de la protesta francesa sin su contenido: la estética, el vocabulario, la hora, la plaza y el saqueo, pero no la nómina, ni el instituto en ruinas, ni la factura del combustible. Una franquicia. Y una franquicia no brota sola: alguien la diseña, alguien la distribuye y alguien recluta a quien la explota.
Los indicios apuntan en esa dirección y no son conjeturas de columnista. Un día antes de los disturbios, Newtral había identificado más de una veintena de perfiles de TikTok que, desde el 18 y el 19 de octubre, captaban jóvenes para concentraciones simultáneas en Barcelona, Madrid, Valencia, Alicante y Bilbao, con ritmos de publicación impropios de un adolescente indignado: uno de ellos colgó 59 piezas en 48 horas.
Los perfiles se presentaban bajo el nombre de Blocus, el término con el que los estudiantes franceses designan el bloqueo de sus institutos.
Desde TikTok, la convocatoria saltaba a canales cerrados de Telegram y WhatsApp, donde, según ha reconstruido 3CatInfo, circularon instrucciones para los asistentes, propuestas expresas de saqueo y montajes que señalaban tiendas de lujo concretas del centro.
La comisaria, en la misma entrevista en la que habló de violencia gratuita, explicó que su comisaría de información venía vigilando un grupo de cuentas organizadas cuyo objetivo era reclutar a los jóvenes no para manifestarse, sino para delinquir.
Se puede llamar a eso de muchas maneras. Espontáneo no es una de ellas.
Quién cobra
Conviene repartir las cuentas, porque en este negocio cobra más de uno.
El que encarga. Quién administra esas cuentas es, a fecha de hoy, una pregunta abierta, y no seré yo quien le ponga nombre antes que la policía. Pero el patrón no es nuevo ni exclusivamente español.
La Comisión Europea examina si actores extranjeros amplificaron los disturbios y los saqueos de las últimas semanas en el continente, y el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, no ha dudado en hablar de una guerra híbrida librada contra las naciones europeas a través de TikTok, las redes sociales y YouTube.
El propio Macron, más prudente, ha dicho no tener pruebas de una injerencia extranjera directa, aunque sí de manipulación informativa. Para el argumento que aquí importa basta la estructura del incentivo: una potencia que quiera debilitar a Europa no necesita hoy un solo agente sobre el terreno.
Le basta un puñado de perfiles, una plaza céntrica y una tarde de sábado. Es la operación de desestabilización más barata de la historia, y la factura de los cristales la pagan otros.
El que ejecuta. El joven que rompe el escaparate cobra en especie. Cobra el botín, cuando lo hay. Cobra, sobre todo, el vídeo: la grabación es el trofeo, y el trofeo circula por las mismas redes que le convocaron, con más alcance que cualquier cosa que ese chico haya hecho antes en su vida.
Y cobra una tercera paga, la más valiosa, que no le entrega ningún servicio extranjero sino el propio Estado: la certeza de que lo ocurrido el sábado le saldrá barato.
El que comprende. Hay una cuarta paga, que no es económica sino moral. Es el comunicado que, sin justificar del todo, explica; el portavoz que tarda en condenar porque antes quiere hablar de las causas; la organización que convierte al detenido en víctima del sistema.
No la he visto todavía en esta ocasión, y lo anoto con satisfacción: las primeras reacciones han sido de condena, y el Ayuntamiento ha anunciado que se personará en las causas.
Pero conocemos el precedente. En febrero de 2021, durante los disturbios por el encarcelamiento de Pablo Hasél, el portavoz parlamentario de Podemos, entonces partido de gobierno, respaldó públicamente las protestas y no condenó sus episodios violentos hasta el día 22, casi una semana después de que empezaran. Para un muchacho de 16 años, que alguien con escaño le comprenda vale más que el botín.
Por qué sale barato
Volvamos a la tercera paga, que es la que depende de nosotros. El Código Penal castiga los desórdenes públicos en su artículo 557 con prisión de seis meses a tres años, que pasa a ser de tres a cinco cuando los comete una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público.
La pena se impone en su mitad superior a quienes intervengan con instrumentos peligrosos o cometan actos de pillaje, y todo ello sin perjuicio de castigar aparte las lesiones o los daños causados.
Sobre el papel, no es una respuesta liviana. El problema no está en la letra, sino en lo que ocurre entre la letra y la sentencia.
De los 128 detenidos, 72 son menores de edad y su destino es la Fiscalía de Menores, no el juzgado. De los 59 adultos, solo 2 tenían antecedentes por desórdenes. Quien conozca la práctica forense sabe lo que eso significa: una instrucción que se alarga, un juicio que llega cuando la plaza de Catalunya ya ha olvidado el sábado, una conformidad negociada a la baja y una pena que, si no excede de dos años y recae sobre un delincuente primario, el juez puede dejar en suspenso al amparo del artículo 80, tras valorar las circunstancias del caso y con la reparación del daño como condición.
La suspensión no es, en derecho, ausencia de consecuencias. Contada desde la plaza, sin embargo, se le parece demasiado, y es lo que el muchacho ya intuía al salir de casa. Y quien envía la convocatoria lo sabe tan bien como él.
Y no será por falta de instrumentos. El mismo artículo 557 castiga, en su apartado cuarto, la provocación, la conspiración y la proposición para los desórdenes cometidos por una multitud organizada o acompañados de pillaje, con penas inferiores en uno o dos grados.
Es la figura que en 2022 vino a ocupar el lugar del antiguo artículo 559, que castigaba la difusión de consignas incitadoras.
Dicho de otro modo: el Código ya prevé al reclutador, que es exactamente el eslabón de la cadena que el sábado funcionó con eficacia industrial. Lo que falta saber es si alguna vez llegará a sentarse en el banquillo, o si la respuesta del Estado se agotará, como tantas veces, en los chavales que se dejaron grabar.
La objeción que hay que tomar en serio
La objeción a todo lo anterior merece respuesta, y la merece especialmente viniendo de quien escribe, porque hace unos días advertí en estas mismas páginas del riesgo de que, en nombre del orden, Europa normalice la excepción y degrade sus garantías.
¿No es contradictorio pedir ahora dureza? ¿No es precisamente este clima el que alimenta las derivas autoritarias que entonces denunciaba?
No lo es, y la distinción es jurídica antes que política. Lo que temía en Limoges era la excepción: el decreto de emergencia que se prorroga, la medida extraordinaria que se queda, la libertad de expresión sacrificada a la seguridad.
Lo que pido aquí es lo contrario: que la ley ordinaria funcione. Nadie necesita restringir el derecho de reunión para condenar a quien saquea una tienda, ni tocar la libertad de expresión para perseguir a quien recluta adolescentes para incendiar contenedores.
Se castiga la conducta, no la opinión ni la protesta. Esa línea, precisamente esa, es la que protege al ciudadano que mañana quiera manifestarse por la vivienda o los salarios.
Y hay algo más. La blandura de hoy es la que fabrica la mano dura de mañana. Cuando el Estado de Derecho no consigue que pague quien la hace, los ciudadanos no concluyen que hay que reformar los juzgados; concluyen que hace falta alguien que imponga orden por otros medios.
Las derivas autoritarias no las inventan los autoritarios: las encargan, en las urnas, los votantes cansados de que nunca pase nada. Quien quiera de verdad preservar la democracia liberal debería ser el primer interesado en que sus instrumentos ordinarios funcionen.
Tampoco ignoro la otra parte de la objeción: hay malestar juvenil real, la vivienda es inaccesible, el futuro se ha encogido, y décadas de políticas que se presentaron como protectoras de los más débiles han terminado por complicarles la vida más que nadie.
Lo he escrito muchas veces y lo mantengo. Pero el sábado nadie pidió una vivienda. Y convertir el malestar legítimo de una generación en coartada de un saqueo es la peor forma de faltarle al respeto.
Que la pague
Como ya defendí en estas páginas con Beccaria en la mano, lo que disuade no es la severidad de la pena sino su certeza. Hace falta que la respuesta llegue, que llegue pronto y que llegue entera. Y hace falta distribuirla con inteligencia, porque no todos los que intervinieron el sábado deben responder igual.
Para el reclutador, la respuesta debe ser la más dura, porque es la pieza que el Estado puede neutralizar con mayor rendimiento: un perfil desmantelado vale más que cien detenidos.
Que la investigación anunciada por los Mossos llegue a quien administra las cuentas y que el apartado cuarto del artículo 557 deje de ser letra muerta en un ecosistema donde la incitación delictiva es el eslabón que la investigación debe esclarecer.
Para los adultos, juicios rápidos, penas efectivas y la reparación íntegra del daño como condición real, no retórica, de cualquier beneficio.
Para los menores, una respuesta educativa, sí, pero también patrimonial: la ley del menor prevé que sus padres respondan solidariamente con ellos de los daños causados.
Que la factura del escaparate llegue a casa sería, a veces, la medida educativa más eficaz. Sería, porque entre la teoría y la práctica hay un trecho, y es en ese trecho donde las cosas dejan de funcionar.
La misma ley permite al juez moderar esa responsabilidad cuando los padres no han favorecido la conducta del hijo con dolo o negligencia grave. La pieza separada de responsabilidad civil avanza al ritmo de una justicia que no se distingue precisamente por su rapidez.
Y cuando por fin hay título, empieza la ejecución, que en España es con demasiada frecuencia una persecución sin presa: el deudor que no tiene nada a su nombre, el embargo que no encuentra qué embargar, el comerciante que, años después, ha dado por perdido lo que le rompieron.
El escaparate, al final, lo paga el seguro o lo paga su dueño. Quien la hizo acaba no pagando. Y eso, también, es una forma de cobrar.
Y una pregunta que no puedo dejar de formular a quienes nos gobiernan, en Barcelona y en Madrid. La Generalitat ha calificado lo ocurrido como obra de grupos no organizados; sus propios agentes llevaban días vigilando cuentas organizadas.
El Gobierno central, del que dependen los servicios de inteligencia, tiene ante sí una investigación que trasciende la plaza de Catalunya. ¿Nos contarán quién estaba detrás? Probablemente no, o no del todo. Ninguno de los dos tiene, en plena campaña, interés en admitir que España ha recibido su primer episodio de una guerra que no ha sabido ver.
Nunca salimos
Los que nacimos en la Europa de la Guerra Fría crecimos dentro de una burbuja. La paz nos la garantizaba un paraguas atlántico que otros pagaban; el desarrollo parecía una ley natural; el mundo cruel de las guerras, del hambre y de la miseria era algo que ocurría en otros continentes, en los telediarios, a otra gente.
Llegamos a creer que habíamos alcanzado un bienestar que duraría para siempre, sencillamente porque lo habíamos conseguido, como si fuéramos los elegidos.
En El corazón de las tinieblas, Joseph Conrad hace decir a su narrador, un viejo marino que espera la marea en el Támesis al anochecer, una frase que sus lectores victorianos debieron de encontrar extravagante: también esto ha sido uno de los lugares oscuros de la tierra. Londres, el centro del mundo civilizado, había sido selva; nada garantizaba que no volviera a serlo.
Contemplamos ahora con angustia que volvemos a ella. La verdad es más incómoda: nunca la abandonamos. Solo habíamos olvidado su única regla, la que el refranero conservó cuando nosotros la dimos por superada. En la selva siempre paga alguien. La única cuestión es si paga el que la hace o le pagan a él.
