Nace la asociación Unión de Abogados Españoles
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01/1/1970 00:00
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Actualizado: 01/1/1970 00:00
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Acaba de crearse la asociación ‘Unión de Abogados Españoles’, que tiene por objetivo «defender la dignidad, derechos e intereses profesionales» del colectivo.
Está presidida por el letrado Antonio Alberca Pérez (1968, Madrid), director del bufete Alberca y Asociados.
Esta asociación denuncia el excesivo IVA, del 21%, con el que se «penaliza» a los ciudadanos por contratar a un abogado; reclama que los letrados puedan deducirse fiscalmente gastos «hoy día imprescindibles», como el vehículo y el combustible; pide «transparencia» en los colegios profesionales; formación más accesible; ayudas sociales y mayor presencia en los órganos de gestión y reforma de la Justicia.
‘Unión de Abogados Españoles’ fue gestada el pasado julio por Alberca, José Manuel Heredia Martínez, y Álvaro Sorli Moure, todos ellos abogados y adscritos al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).
Sorli es el secretario, y Heredia, el tesorero.
El 10 de enero fue inscrita ante el Ministerio de Interior.
Es de ámbito nacional. Ttiene su sede en Madrid, en la calle Villanueva, número 33. Prevé abrir delegaciones en el resto de España.
«Hemos tenido que dar un paso al frente porque no se atienden nuestras reivindicaciones», señala a Confilegal Alberca.
Unión de Abogados Españoles persigue «la defensa de la dignidad, derechos e intereses profesionales de los abogados españoles ante la sociedad y los distintos organismos de las administraciones públicas, tanto nacionales como internacionales»; la «difusión entre la ciudadanía de la labor de los abogados en pro de la sociedad y de su contribución al Estado de Derecho»; el «apoyo a los abogados españoles en el ejercicio de su profesión»; y «garantizar el debido respeto a los mismos por parte de funcionarios, jueces, fiscales, autoridades, y medios de comunicación».
También tiene como fines principales la «promoción del derecho de defensa y del derecho a un procedimiento con garantías»; la «formación de los abogados en las distintas áreas jurídicas y profesionales»; la «reivindicación del necesario respeto y reconocimiento del derecho de los abogados a conciliación de la profesión con la vida familiar«; unas «condiciones de jubilación dignas»; y la asistencia a los abogados que se hallen en dificultades sociales, económicas o profesionales, así como a sus familias .
Para el cumplimiento de estos fines llevará a cabo conferencias, cursos, seminarios, encuentros y debates; publicará material didáctico; elaborará propuestas, dictámenes, e informes relativos a la abogacía y la defensa de los derechos de los abogados y de la profesión; prestará servicios que faciliten a los asociados el ejercicio de su profesión y la conciliación del mismo con la vida familiar, lucharña por una jubilación digna; y prestará servicios y actividades de apoyo a los letrados o sus familias en situación de dificultad económica, social o profesional.
PROPONE DIEZ MEDIDAS PARA AFRONTAR LAS PROBLEMÁTICAS DE LA PROFESIÓN
La junta directiva de esta asociación ha acordado un decálogo con propuestas para afrontar las dificultades en las que se ve envuelta el colectivo.
En primer lugar, reclama «dignidad profesional».
Señala que el abogado no es tratado habitualmente como coadyuvante de la administración de justicia, sino que muchas veces se encuentra con «faltas de respeto» por parte de tramitadores y jueces, «como si fuesen un estorbo, más que como parte imprescindible del sistema de justicia, y sin considerar que el abogado tiene derecho a tiempo libre para descansar y a conciliar su vida profesional con la familiar» .
Afirma que las distintas corporaciones colegiales debería insistir ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y as distintas Administraciones con competencia en Justicia para que jueces, fiscales, secretarios y tramitadores «tengan la consideración debida hacia los abogados y facilite las condiciones para que los abogados puedan disfrutar de su tiempo libre, y atender sus cargas familiares».
Asimismo, indica que debería concienciarse a la ciudanía de que los abogados son «acicates del Estado de Derecho», que están para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, que el trabajo que hacen es «gravoso», y que los honorarios profesionales son su medio de vida.
En segundo lugar, pide «un nuevo tratamiento de la fiscalidad de los servicios profesionales del abogado».
Manifiesta que mientras otros sectores como la Cultura, la Sanidad o la restauración tienen IVA cero o reducido, «se penaliza a los ciudadanos con un IVA del 21% al contratar un abogado para poder defender su libertad o su patrimonio, de tal forma que en muchas ocasiones al resultarles la minuta inasumible como consecuencia de ese tipo impositivo tan alto se ven obligados a tener que acudir al turno de oficio y solicitar justicia gratuita».
Añade que esto «implica que no puedan elegir un abogado de su confianza» y al final «la administración asuma el coste de la defensa, pagando una cantidad mínima al abogado de oficio, y contribuyéndose así a la precarización de la profesión».
También reclama que se puedan deducir una serie de gastos imprescindibles para el desarrollo de la profesión de abogado, como los anteormente citados.
En el tercer punto del decálogo pide «transparencia en los colegios profesionales».
Señala que «los colegios de Abogados y el Consejo General de la Abogacía (CGAE) deberían hacer públicas las convocatorias de plazas, y contratar a su personal conforme a los criterios de merito y capacidad». Además, dice que los colegiados deberían conocer la identidad de quienes realmente instruyen los expedientes disciplinarios.
También apunta que debería existir incompatibilidad para el ejercicio de la profesión como abogado para quienes trabajan en los colegios profesionales, especialmente entre quienes ejercen cargos de responsabilidad, y coordinan y organizan cursos en los que se contratan magistrados o fiscales, «pues esa relación laboral con al colegio opera como lobby en detrimento de la libre competencia».
En cuarto lugar aborda la formación de los abogados, que «no puede convertirse en un negocio y menos para los colegios profesionales de abogados, máxime cuando una buena formación revierte en un mejor derecho de defensa de los ciudadanos».
Asimismo, señala que se debería fomentar que de manera voluntaria los letrados compartieran con el resto de compañeros sus experiencias y conocimientos, contribuyendo así a la formación del colectivo.
El quinto punto trata sobre la labor social de las corporaciones de abogados.
Manifiesta que entre los fines originales de la fundación de los colegios de abogado estaba el de ayuda y protección mutua de los abogados y sus familias, pero que «esa labor social tan necesaria hoy día ha quedo relegada y es testimonial».
«Deberían las distintas corporaciones de abogados velar por el bienestar y necesidades sociales de los profesionales de la abogacía dotándose de trabajadores sociales e impulsando cooperativos de vivienda para jóvenes abogados o de residencias para letrados de la tercera edad, así como creando una residencia para profesionales jubilados sin recursos y garantizando una jubilación digna», explica.
Otra de las reclamaciones de esta asociación es que se llegue a acuerdos con administraciones públicas para trámites legales, como tienen otros colectivos, como gestores administrativos,
También pide que se pongan límites a las puertas giratorias. Afirma que «jueces y magistrados cuando deciden ejercer la abogacía cuentan con toda la red de conocidos y contactos dentro de la administración de Justicia y que sirve de activo para captar clientela, constituyendo competencia desleal con el resto del colectivo de abogados».
Dice que «debería exigirse a dichos funcionarios públicos un periodo de carencia de dos años antes de incorporarse como ejercientes a un colegio profesional».
Unión de Abogados Españoles, reclama, asimismo, apoyo de las administraciones al turno de oficio.
Explica que «los gastos que se generan a los abogados del turno de oficio, especialmente los dedicados al área penal y extranjería con su asistencia como los de transporte y estacionamiento deberían ser aminorados a través de acuerdos con las administraciones para dotar de títulos de transporte gratuito a los abogados del turno de oficio o eximirles del pago de estacionamiento de su vehículo cuando están ejerciendo diligencias relacionadas con el turno».
El punto 9 del decálogo aborda la ausencia de sanciones disciplinarias frente al intrusismo.
«Todo abogado estando adscrito a un colegio de abogados está sometido al régimen de disciplina deontológica y puede ser sancionado en el ejercicio de su profesión. Paradójicamente hay personas que realizan actividades de naturaleza jurídica que no pertenecen a ningún colegio profesional y que a pesar de cometer acciones fraudulentas o incurrir en negligencias no se les sanciona por ello», relata.
Esta asociación reclama una ley, que como la de ordenación de profesiones sanitarias, que regule el ejercicio de profesiones jurídicas y penalice a quienes realicen habitualmente tareas de índole jurídica para terceros sin estar habilitados.
Por último, reclama presencia de abogados en los órganos decisorios y consultores de las distintas administraciones públicas.
Señala que «los abogados ejercientes que viven muy de cerca y diariamente las carencias del sistema de justicia deben tener presencia destacada en los órganos consultivos y decisorios encargados de la gestión y reforma del sistema de justicia, a los efectos de que su experiencia y conocimiento sea tomado en cuenta a la hora de tomar decisiones».
Podrán pertenecer a esta asociación cualquier abogado colegiado, como ejerciente o no, así como aquellos letrados que habiendo pertenecido a una corporación colegial estén jubilados o en situación de incapacidad.
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