Corrupción y fraude en el nuevo curso judicial
Yolanda Rodríguez, Directora adjunta de Confilegal.com
Comienza el curso judicial con grandes casos de fraude y corrupción, de ahí que no sea extraño que estos asuntos sean la segunda preocupación de los españoles como muestran los últimos barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). En España, existen cerca de 1.700 causas abiertas en diferentes órganos judiciales, con más de 500 imputados en estos procedimientos. Los casos de corrupción afectan a todos los niveles de la administración y las investigaciones en marcha en distintos órganos judiciales salpican tanto a quienes han sido miembros del Gobierno —como los ex ministros Manuel Chaves y Magdalena Álvarez, relacionados con el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía—, como ex dirigentes autonómicos —Jordi Pujol, José Antonio Griñán y Jaume Matas (ahora en prisión)— y numerosos alcaldes y responsables municipales.
El pasado año, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifró en 1661 las causas abiertas en los diferentes órganos judiciales españoles por delitos relacionados con la corrupción. Éstas afectan a tipos penales como la prevaricación, revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversaciones, negociaciones prohibidas a funcionarios, blanqueo de capitales, apropiación indebida, fraude, estafa, falsedad documental y delitos contra el patrimonio histórico y contra el medio ambiente.
Desde la Gürtel hasta los ERES, pasando por los cursos de formación, los “papeles” de Bárcenas, el caso Noos, el caso Pokemón o el escándalo de la familia Pujol, por citar solo algunos de los casos que abarrotan nuestros juzgados y tribunales, se ha extendido un mal que no se limita a una comunidad autónoma ni a un partido político concreto. Se ha extendido por todo el territorio nacional.
No conviene olvidar que el fraude y la corrupción en política está ligado al poder y a una enorme pérdida de valores. A muchos de nuestros políticos se les ha olvidado el loable criterio de participar en la vida pública para buscar el bien común y no el suyo propio. Ahora, a la Justicia le corresponde enmendar todos estos posibles delitos y castigar a los infractores. Son los jueces los que tienen que aclarar todos estos casos de corrupción mediante los procedimientos y garantías oportunos. A pesar de la falta de medios de la Administración de Justicia. Con ello se reforzará el sistema judicial y se saneará, en parte, el sistema político.
Actualmente, la sociedad vive inmersa en una gran desafección y desencanto ante la clase política. Algo que no es de extrañar si nos ceñimos a los grandes casos de fraude y corrupción que copan los juzgados y tribunales españoles. Es más, se podría incluso afirmar que está más que justificada. Los ciudadanos perciben con demasiada frecuencia que los políticos y los propios partidos políticos más que dar soluciones a los problemas del país se dedican a defender sus propios intereses, personales o corporativos, convirtiéndose en un auténtico cáncer para la democracia.
Nuestros políticos deben hacer algo para cambiar esa percepción que de su labor tiene la ciudadanía y ahí podría cumplir una gran labor la Ley de Transparencia. Eso sí, bien aplicada. Todo la actividad política tiene que regirse con el principio de “luz y taquígrafos”, porque lo que está en juego es la “res pública” o la cosa pública. Si el sistema democrático se pone en peligro, nos la jugamos todos.
