Las reformas de la Justicia
Ángel Dolado, portavoz Nacional del Foro Judicial Independiente
Para evaluar la situación de la justicia, la primera pregunta es si las reformas aplicadas y las que van a venir lamejoran o merman los derechos de los ciudadanos y suponen un riesgo para la independencia judicial y la separación de poderes.
Además, en el último año hemos asistido a un movimiento de activismo judicial sin precedentes, en un intento de defender los derechos fundamentales de los ciudadanos con interpretaciones legales adecuadas social y económicamente a favor de los desahuciados y desamparados, aplicando el derecho europeo e interpretando normas bajo el prisma de la igualdad ante la justicia.
Pero hay que valorar las reformas publicadas y las que están en trámite para ver si respetan la igualdad o si contienen ya, de origen, desigualdades.
Ley de Tasas Judiciales. Su pretensión es obtener mayores recursos para la financiación del sistema judicial y del turno de justicia gratuita. Desde la perspectiva constitucional, los requisitos legales de acceso al proceso no pueden obstaculizar o eliminar el derecho de los ciudadanos a someter el caso al conocimiento y pronunciamiento de un juez. Planteados recursos y cuestiones de inconstitucionalidad, exigimos al Tribunal Constitucional una sentencia inmediata que garantice la tutela judicial efectiva.
Ley de Protección a deudores hipotecarios. El Gobierno ha perdido una gran oportunidad de reconciliarse con la ciudadanía y con los sectores más desfavorecidos de la sociedad a través de la Iniciativa Popular de la Plataforma Afectados por la Hipoteca. Únicamente supone una bomba de oxígeno de dos años para hipotecados en situación de exclusión social Creo que no se ajusta a los derechos de los consumidores de la Unión Europea.
Anteproyectos de Ley de Registro Civil y su privatización. El Registro Civil es un servicio que se pone de ejemplo de buen funcionamiento y gratuito. No sabemos cómo se va a conjugar el ánimo de lucro de los Registradores con los intereses generales de los ciudadanos. Lo que procede es reforzar a los secretarios judiciales y a los funcionarios del Registro Civil, auténticos especialistas en la materia, que cuentan con muy pocos recursos materiales y personales.
Anteproyecto de Ley de la Jurisdicción Voluntaria. Apuesta decididamente por la desjudicialización de dicha materia y la traspasa a los notarios, con lo cual, pasamos de un sistema gratuito a uno retribuido.
Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Como colofón, hemos tenidos reformas que atentan contra el principio de separación de poderes y de independencia judicial. En diciembre de 2012 se reformó la LOPJ en materia de jueces sustitutos y estatuto judicial, lo que ha supuesto un ERE sin indemnización de 1.200 jueces que no han sido complementados con similar número de jueces profesionales, lo que supone más retrasos en los procesos.
Así, la LOPJ de 28 de junio de 2013 de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sido calificada como el mayor atentado al principio de separación de poderes y contra la independencia judicial de toda la democracia. Esperamos que se plantee recurso de inconstitucionalidad e, incluso, se paralice el proceso de renovación del CGPJ. Lo han convertido en una simple dirección general del Ministerio de Justicia con la finalidad de que el poder judicial no pueda controlar los desmanes de la clase política, como estamos viendo.
Por último, el anteproyecto de LOPJ regulador de los tribunales de instancia elimina los partidos judiciales y centraliza la justicia en las capitales de provincia, con un claro alejamiento del ciudadano a su Administración. Desaparecen las Audiencias Provinciales y se crean tribunales de instancia, gobernados por un presidente designado políticamente y no por los jueces de cada territorio, con supresión de las Juntas de Jueces y de los Decanos, lo que es antidemocrático, instaurando un sistema orgánico, jerarquizado y presidencialista, en un claro intento de control del Poder Legislativo sobre los órganos de gobierno de los tribunales. Dando un paso más en el proceso de desnaturalización de la división de poderes.
En tiempos de impotencia en materia económica, y de incertidumbre jurídica, es más necesario que la acción de los tribunales de justicia contribuyan a dotas de fuerza real al Derecho, garantizando la preeminencia de los valores democráticos, de los podres públicos y de derechos constitucionales, dando respuestas judiciales esperanzadoras a la sociedad, que no se resigna ni ante la injusticia ni ante la exclusión social.
¿Cómo defender la igualdad, la libertad y la justicia? Siguiendo el ensayo de Luciano Tomassini -“Rompiendo Códigos”-, nos planteamos la ruptura necesaria de viejos códigos heredados para regenerar la democracia.
Todo esto no será posible si no empezamos a democratizar el poder judicial en los órganos gubernativos y se eliminan las ingerencias políticas y partidistas en los nombramientos judiciales.
El valor de lo justo está en los ciudadanos y los jueces, fiscales y abogados hemos de intentar mostrar el camino para alcanzarlo, por tanto caminemos en pos de esa meta.
