El fiscal de la Audiencia Nacional Daniel Campos ha solicitado este lunes el ingreso en prisión incondicional y sin fianza para el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, y el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, por la presunta comisión de delitos de extorsión, pertenencia a organización criminal, fraude en las subvenciones, estafa y administración desleal.
La Fiscalía ha reclamado, además, prisión eludible con fianza de 10.000 euros para el tesorero de Ausbanc Alfonso Solé. Pide que los otros dos de los arrestados en la operación ‘Nelson’ que han prestado declaración ante el juez encargado de la instrucción Santiago Pedraz –el responsable de comunicación Javier Castro Villacañas Pérez, y el responsable del Área de Delegaciones de Ausbanc, Ángel Garay– comparezcan cada 15 días en las dependencias judiciales, se les retire su pasaporte y se les prohíba abandonar España.
El Ministerio Público tiene indicios de que conformaron desde hace años una trama dedicada a extorsionar a entidades bancarias a cambio de no iniciar acciones legales contra ellas en los tribunales. La operación bautizada como ‘Nelson’ es fruto de una investigación que arrancó el 23 de febrero de 2015, hace más de un año. Exigían a las entidades sumas de dinero también a cambio de no difundir sobre ellos informaciones negativas.
En el curso de la instrucción se han podido obtener suficientes indicios de que las personas detenidas utilizaban sus asociaciones, que supuestamente no tienen ánimo de lucro, para su enriquecimiento personal o el de sus allegados.
Según el fiscal, además de extorsionar a los bancos, obtenían fraudulentamente subvenciones y ofrecían «la retirada de la acción penal en algunos procesos previa exigencia de importantes cantidades de dinero», actividades que desarrollaron de forma organizada y prolongada en el tiempo.
En concreto, existen indicios de que el sindicato Manos Limpias ofreció a La Caixa y el Banco Sabadell retirar la acusación contra la Infanta Cristina que ejerce contra ella en el ‘Caso Noós’ a cambio de cobrar tres millones de euros, han confirmado fuentes de la Audiencia Nacional.
