Andreu estudia si impone fianzas civiles al banco y a una treintena de imputados
Fernando Andreu, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, ha citado hoy a las partes personadas en la causa en la que investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia para estudiar si impone a la treintena de imputados, al propio grupo bancario y a su matriz, el Banco Financiero y de Ahorro (BFA), fianzas solidarias en concepto de responsabilidad civil.
Algunos de los accionistas perjudicados reclaman una fianza de hasta 4.112 millones de euros a tenor del perjuicio que causó a miles de inversores el debut bursátil, que alcanzó los 3.092 millones de euros y al que se debe sumar el tercio adicional previsto en el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Una acusación particular se adhirió así a la petición de UPyD para que los imputados afronten una fianza solidaria superior a los 4.000 millones de euros. El juez rechazó la solicitud de la formación magenta al entender que las acusaciones populares no están legitimadas para formularla.
El colectivo ’15MpaRato’ volverá a reclamar la apertura de juicio oral de forma inmediata y una fianza solidaria de cerca de 400.000 euros para resarcir a los ahorradores y pequeños inversores a los que representa como acusación particular. Los ‘indignados’ se querellaron en 2012 por delitos de estafa, falsedad contable con el fin de captar inversión y administración desleal, entre otros.
En la vista, en la que participarán las partes y el Ministerio Fiscal, Bankia solicitará al titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 que no fije ninguna fianza en concepto de responsabilidad civil, según informaron a Europa Press fuentes de la entidad.
Los afectados por la salida al parqué que está siendo investigada solicitaron al magistrado que reclamara varios miles de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse de la causa. Los particulares entienden que la imposición de estas fianzas es «pertinente» a la vista «de la existencia de indicios suficientes, racionales y fundados de criminalidad».
«Ninguno de los querellados se encuentra en situación de prisión preventiva ni se han tomado medidas tendentes a asegurar que los perjudicados obtengan resarcimiento por la cuantía total», destacaban algunos de ellos en varios escritos presentados ante el Juzgado.
En sus escritos denuncian que la contabilidad anual, el folleto de la Oferta Pública de Suscripción (OPS) y la información facilitada al público y a organismos oficiales por la entidad estaba llena de «groseras omisiones, manifiestos errores contables de calado y burdos apaños».
A su juicio, estas «componendas y falsedades» forjaron una imagen ficticia ante el público con la intención de obtener recursos para una entidad quebrada por su mala gestión a costa de inversores «incautos, engañados o forzados». «Donde reflejaban beneficios, había cuantiosos agujeros», añaden sobre la entidad, que tuvo que ser nacionalizada en mayo de 2012 con el compromiso d e recibir ayudas públicas por valor de 19.000 millones de euros.
Fue en julio de 2012, cuando el juez Andreu imputó al exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo Rato y a otros 32 exmiembros de su Consejo de Administración , así como Bankia y BFA en calidad de personas jurídicas, por indicios de delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida. EP.
