Eduardo Torres-Dulce, fiscal general del Estado, el fiscal superior de Cataluña y los cuatro fiscales provinciales escenificaron en Madrid la reunión para proyectar la imagen una Fiscalía vigilante y alerta ante cualquier vulneración de la legalidad vigente.
En la mente de Torres-Dulce, José María Romero, fiscal superior de Cataluña, Ana María Magaldi, fiscal jefe de Barcelona, Javier Llou, fiscal jefe de Tarragona, Juan Francisco Bone, fiscal jefe de Lleida, y José María Casadevall, fiscal jefe de Girona, junto a Alfonso Aya, fiscal jefe de Inspección, y Jaime Moreno, fiscal jefe de la Secretaría Ténica de la Fiscalía General del Estado, estuvo muy presente la aprobación de la Ley de Consultas que previsiblemente apruebe el Parlament este viernes.
Torres-Dulce optó, sin embargo, por un perfil público bajo. Fuentes de la Fiscalía informaron que los asistentes creían y confiaban en que el ordenamiento legal fuera respetado por «todas las instancias», tanto en lo referido a la Constitución como a los pronunciamientos que puedan realizar los tribunales, y en especial el Constitucional.
Si todo se cumple conforme al guión establecido por la Generalitat de Cataluña, el Parlament aprobará el viernes la Ley de Consultas y a continuación publicará el decreto de convocatoria del referendum para el 9 de noviembre. Desde el Gobierno central, entonces, se recurrirá ante el Tribunal Constitucional, el cual supenderá su ejecución durante un plazo de cinco meses. No es necesario entrar en el fondo de la cuestión.
Los asistentes a la reunión analizaron cuestiones de despacho ordinario relacionadas con su organización. La reunión había sido fijada antes del verano y tenía carácter ordinario.
