Fuga de jueces hacia la abogacía
En los últimos años muchos grandes juristas provenientes de la judicatura y la fiscalía han dejado su trabajo de servicio público para optar por ejercer la abogacía en grandes y prestigiosos bufetes de abogados, dejando atrás importantes juzgados como las Audiencias Provinciales, la Audiencia Nacional o el propio Tribunal Supremo.
Estos fichajes se han realizado a bombo y platillo y con el beneplácito de estos grandes despachos, encantados de captar a estos notables perfiles.
Uno de los casos más curiosos es el de Adolfo Prego de Oliver, que tras ejercer durante más de 30 años como juez, magistrado y magistrado del Supremo, fichó en 2011 por el despacho de Hermosilla & Gutiérrez de la Roza. Para Prego, este paso al sector privado “Era el paso lógico. Soy una persona inquieta y desde siempre me picó la curiosidad de ver las cosas desde dentro y el ejercicio de la abogacía me permite hacerlo”. Poco tiempo después, en noviembre de 2013 decidió “dar un paso más” y fundar, junto con su hijo y una tercera letrada, su propio despacho Prego Abogados. Sostiene que lo creó “por ese afán de autonomía y de hacer más cosas”.
Es el único magistrado del Tribunal Supremo que ha dejado ese puesto para ejercer de abogado en el sector privado.
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Otro caso parecido es el de Blas Alberto González, quien tras ejercer durante 16 años en la carrera judicial, y especializarse en derecho mercantil, se incorporó en marzo de 2012 al despacho de Cuatrecasas, Gonçalvez Pereira. “La elección la tuve clara desde el principio. Me decanté por ella porque es una firma muy poderosa. Todos los jueces que dejamos la judicatura, por regla general, necesitamos una estructura fuerte que nos ampare. Es preciso tener una estructura fuerte donde aprender el oficio de abogado, a defender al cliente”, asegura.
“Para un mercantilista como yo, se trataba de encontrar un sitio que me permitiera desarrollar lo que son mis dos amores jurídicos: la propiedad intelectual e industrial y el derecho concursal. Es difícil encontrar sitios donde te permitan hacer las dos cosas. Aquí, en Cuatrecasas me permiten asesorar en materia de procesos concursales –aunque yo no actúo en ellos- y, al mismo tiempo, dirigir el departamento de Propiedad Industrial de Madrid”, afirma este magistrado en excedencia.
González reconoce estar “muy contento con la decisión. No sé si volveré a la carrera judicial, pero si lo hago será como mejor jurista. Estoy aprendiendo muchísimo a este lado de la mesa sobre la creación del derecho. Cuando uno es juez está acostumbrado a que te lleguen las dos versiones y tú eliges la que consideras la más fundamentada con arreglo al derecho, aquí eres tú el que crea para el cliente. Te frustra mucho cuando no lo consigues, porque tienes que aprender a que te digan que no, pero es una enorme satisfacción hablar con el cliente cuando consigues darle un buen servicio”, matiza.
Eduardo Ortega. Es un reconocido jurista, juez y fiscal de carrera, especializado en derecho público económico, regulación y competencia, que hasta ahora presidía la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. De hecho era uno de los candidatos para sustituir a Ángel Juanes al frente de la Audiencia Nacional. Durante siete años ocupó un puesto central en el Consejo General del Poder Judicial. Fue el jefe de Gabinete del presidente Francisco Hernando. Sus dotes diplomáticas y organizativas se hicieron sentir muy positivamente en el órgano de gobierno de los jueces. «Dejó el listón muy alto», explicaron fuentes de este órgano.
Sin embargo, tras 27 años de servicio a la justicia su destino cambió en enero de 2014 cuando el BBVA le ofreció dirigir los servicios jurídicos contenciosos de la entidad “coordinar a nivel global la litigación, lo procesal”, como él mismo puntualiza. “Tras recibir la oferta no me lo pensé mucho. Me dio un poco de pena dejar la carrera judicial donde me he sentido siempre muy a gusto, pero esto era un reto que no podía dejar pasar”.
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Ortega afirma que el proyecto “es un reto muy interesante porque gestiona la defensa de los intereses del Grupo BBVA en toda clase de litigios, arbitrajes y procedimientos, tanto en España como en los 33 países en los que este grupo financiero opera”.
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Agustín Azparren, también ha cambiado la toga de juez por el bufete. Tras 33 años ejerciendo de fiscal y de juez, desde febrero de 2013 se ha incorporado a la firma Martínez Echevarría Pérez & Ferrero Abogados, que es la número 1 de Andalucía. Y lo ha hecho como socio director del Departamento de Derecho de Consumo y Calidad Jurídica.
Para Azparren, que también fue vocal del Consejo General del Poder Judicial, “este nuevo reto me permite ser más creativo”. Y asegura que “todos los jueces tendrían que estar unos 6 meses en un despacho de abogados, como ocurre en Francia, para conocer cómo es trabajo de los despachos”.
Según él, “el abogado tiene un contacto mucho más humanizado que los jueces con los ciudadanos. Este contacto no se da en la judicatura, salvo en los juzgados de primera instancia e instrucción donde sí existe ese trato más directo con la gente”.
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El magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid, Javier Yáñez, colgó la toga con las puñetas este año para integrarse como «counsel» en el Área de Derecho Proceal y Arbitraje del bufete Uría y Menénez. Su gran experiencia en litigación, en especial en el ámbito societario y concursal, fue muy valorada por este gran bufete. Está también especializado en la aplicación a las relaciones jurídico-privadas del Derecho de la competencia y la normativa reguladora de la competencia desleal.
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Su compañero Javier García Marrero, magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid, fue también fichado este año por otro de los grandes bufetes del país, Pérez Llorca. García Marrero fue fichado como nuevo Counsel del Departamento de Litigación y Arbitraje del Despacho. El magistrado en excedencia ingresó en la carrera judicial por el turno libre y se especializó en asuntos de lo mercantil. Desde 2007 era el máximo responsable del Mercantil 5. Este gran bufete fichó recientemente al ex ministro del Interior y fiscal en excedencia Antonio Camacho, quien abandonó la política. Se ha incorporado como nuevo experto en Derecho Penal Económico.
Rocío Pérez Puig, fue jueza, magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid, letrada del Consejo General del Poder Judicial y ahora magistrada en excedencia. Se acaba de incorporar al despacho Ramón y Cajal, para ocuparse de procesal civil. “Una nueva experiencia en la que estoy encantada. Me gusta la palabra justicia y trabajar para la Administración de Justicia y ahora podré seguir haciéndolo desde un gran bufete”.
Pérez Puig ha llegado a este despacho de la mano de otro gran jurista, Joaquín García Bernaldo de Quirós, quien fue presidente de la Comisión Nacional de la Competencia y presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Málaga. García Bernaldo de Quirós actualmente dirige el área de Procesal del Despacho.
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Estos son algunos de los grandes fichajes de la abogacía. Sin embargo, el que quizá haya llamado más la atención ha sido el de José Luis González Armengol, ex decano de los Juzgados de Madrid, que se ha integrado en la asesoría jurídica de El Corte Inglés. El nombre de González Armengol sonó insistentemente en todas las quinielas de los últimos años que lo situaban en puestos de gran relevancia como vocal del CGPJ o como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Las sumas y restas no dieron el resultado deseado para este magistrado «incómodo» para los altos mandos, acostumbrado a decir las cosas de forma directa pero que contaba con el apoyo masivo de sus compañeros que, de forma repetida, le eligieron para el cargo. González Armengol consideró que había cerrado esta etapa.
Otros magistrados y fiscales dieron el salto mucho antes como José Antonio Choclán, quien tras ser magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y letrado del Consejo General del Poder Judicial, se «pasó al lado oscuro», como lo definen en broma algunos de sus compañeros. En 2004 fundó el Bufete Choclán Montalvo. También el ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo se marchó en 2010 a Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero Abogados, como socio internacional responsable del Área de Derecho Penal y el magistrado Enrique Grande, especialista en Mercantil, decidió pasarse a lo privado. En 2012 se incorporó como socio en el área Procesal en Garrigues.
No es un paso fácil para los jueces que deciden hacerse abogados. La filosofía de trabajo es radicamente diferente. La independencia de la que gozan en la judicatura no existe. Aquí prima el trabajo en equipo y la búsqueda y consecución de las mejores soluciones para los clientes. Algunos -y hay casos- deciden volver, pero la mayoría se adaptan. Vuelven «a renacer» en un nuevo papel con la sabiduría de los dos mundos, con el conocimiento de cómo funciona la mente de los hombres y mujeres que administran justicia porque un día ellos formaron parte de ese colectivo. Una ventaja competitiva que sólo ellos tienen.
