El nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, iniciará su mandato reanudando el diálogo con las asociaciones judiciales y trasladándoles su ofrecimiento de mantener una reunión en las próximas fechas ante las trascendentes reformas legislativas que su departamento tiene por delante.
Esta reanudación de las conversaciones supone un punto de inflexión en la política del Ministerio, que durante estos tres años de legislatura se ha enemistado con la práctica totalidad de los operadores jurídicos, desde abogados hasta secretarios judiciales o magistrados. De hecho, estos últimos protagonizaron la tercera huelga judicial de la democracia.
Los portavoces de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, y de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, han agradecido la consideración que Catalá ha mostrado hacia todos los integrantes del Poder Judicial y han mostrado su deseo de mantener una fructífera colaboración en el futuro.
A pesar de no haber tomado todavía posesión en su nuevo cargo, algo que ocurrirá el lunes, Catalá ha mostrado su acercamiento a los profesionales de la Justicia y ha comenzado a trabajar en su nuevo destino, lo que ha dado la razón a todos aquellos que han elogiado su «afán de trabajo y su carácter dialogante», según personas que coincidieron con él durante su etapa como secretario de Estado del ministro de Justicia José María Michavila.
Retos lesgislativos
Catalá tiene por delante relevantes retos como ministro de Justicia. Entre ellos, el proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, que nombra tres jueces de instrucción para macrocasos, les prohíbe valorar en medios de comunicación causas abiertas en los tribunales y revoluciona el mapa judicial, aunque se articulará en la futura Ley de Planta y Demarcación.
En el Parlamento, se encuentran proyectos de relevancia como el Código Mercantil, la Ley de Navegación Marítima, la Ley de Jurisdicción voluntaria, el Estatuto de la Víctima, la Ley de asistencia jurídica gratuita o el Código Penal, paralizado desde hace un año en el Congreso de los Diputados.
El borrador del Código Procesal Penal, que otorga la instrucción a los fiscales, está guardado en un cajón y quedará pendiente, si acaso, para otra legislatura. Se trata de una medida que muchos ministros de Justicia han prometido al llegar al cargo pero a la que al final no han dado recorrido.
Catalá Polo, nacido el 21 de junio de 1961, es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Con una dilatada trayectoria profesional vinculada a la Administración Pública, ha ocupado cargos de responsabilidad en los Ministerios de Sanidad, Educación, Administraciones Públicas, Justicia y Hacienda.
Hasta su nombramiento como ‘número dos’ de Ana Pastor en 2011, Catalá también desempeñó el puesto de secretario del consejo de la empresa del sector del juego Codere y en todos los cargos derivados de este, como son los de secretario de los comités de Auditoría, Cumplimiento y Gobierno Corporativo.
El 26 de julio de 2002 fue nombrado secretario de Estado de Justicia, en sustitución de José María Michavila, designado ministro del departamento en el segundo mandato de José María Aznar.
