La corrupción política es una gran lacra social y económica. Aunque no hay datos precisos, los expertos nos acercan cifras escalofriantes como la del alemán Friedrich Schneider que la sitúa por encima del 1% del Producto Interior Bruto; 10.230 millones de euros anuales, 1 billón 720.000 millones de las antiguas pesetas.
Granados, Blesa, Rato, Urdangarin, Bárcenas, los ERE de Andalucía, Pujol y un largo etcétera son protagonistas de casos que acaparan o han acaparado portadas de periódicos y aperturas de telediarios. Ponen cara, nombres y apellidos a la corrupción política, un fenómeno que no es nuevo ni exclusivo en España, pero que de un tiempo a esta parte, en el contexto de la crisis económica, ha crecido de forma exponencial hasta convertirse en el problema que más preocupa a los españoles después del paro, según el barómetro del CIS (Centro de Estudios Sociológicos). El Barómetro de julio pasado sitúa a la corrupción como el segundo problema (37,4%) que más preocupa a los españoles después del paro (80,9%).
Y no es para menos. No hay cifras oficiales sobre su repercusión en el conjunto de la economía del país, pero un cálculo que los economistas consultados consideran fiable y bastante prudente es el del alemán Friedrich Schneider, profesor de Economía de la Universidad Johannes Kepler en Linz (Austria) y una referencia en estos temas, quien cifra su alcance en España en torno al 1 % del Producto Interior Bruto, lo que equivale, con cifras de 2013, a unos 10.230 millones de euros anuales; 1 billón 720.000 millones de las antiguas pesetas. El equivalente a los recortes en sanidad y educación aplicados por el presidente Mariano Rajoy en el 2012.
Tres expertos de la Universidad de Las Palmas multiplican esa cantidad por cuatro, hasta 40.000 millones, según una fórmula que tiene en cuenta cuestiones como su coste social o el efecto nefasto que ejerce sobre la inversión extranjera.
Mientras el Banco Mundial estima que el coste oscila entre el 0,5 % y el 2 % de la riqueza nacional en los países de la OCDE. Bruselas calcula que la corrupción cuesta 120.000 millones de euros anuales, el 1,1 % de la riqueza de la Europa de los 28.
No es sólo lo que se paga en sobornos o lo que se deja de ingresar, sino el coste en imagen y para la Marca España y en el deterioro social por la sensación de impunidad. El índice de la Percepción de la Corrupción, de Transparencia Internacional, sitúa a España en la 30ª posición.
En España, existen cerca de 1.700 causas abiertas en diferentes órganos judiciales, con más de 500 imputados en estos procedimientos. Los casos de corrupción afectan a todos los niveles de la administración central, autónomica, municipal y local.
El pasado año, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifró en 1661 las causas abiertas en los diferentes órganos judiciales españoles por delitos relacionados con la corrupción. Éstas afectan a tipos penales como la prevaricación, revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversaciones, negociaciones prohibidas a funcionarios, blanqueo de capitales, apropiación indebida, fraude, estafa, falsedad documental y delitos contra el patrimonio histórico y contra el medio ambiente.
Pero más allá del valor de estas cifras astronómicas, el fenómeno de la corrupción ha sido en España un factor de desmoralización colectiva y de indignación. Y esta semana ha tocado techo con la denominada “operación Púnica”, que estallaba cuando la sociedad aún no se ha recuperado del escándalo de las tarjetas opacas y el escándalo Pujol.
La gente no aguanta más. Todos estos casos de corrupción pasarán factura a los partidos en el poder como demuestra la última encuesta del CIS, que se hará publica esta semana y que auspicia un gran auge de Podemos, el partido de Pablo Iglesias, era laprimera o una de los dos primeras fuerzas políticas en intención de voto directo –algunos apuntaban a empate técnico con el PP- y segunda en voto estimado.
