Las cuentas previas a la salida a bolsa de Bankia en el verano de 2011 no reflejaban la imagen fiel de la entidad, ni tampoco las del conjunto de ese año. El informe pericial asegura que había «errores contables» que no mostraban el estado real del grupo y que Deloitte, como firma auditora, debió detectarlos.
Además, el trabajo encargado por juez instructor del «caso Bankia», Fernando Andreu, para esclarecer los hechos que provocaron el rescate, que recibió una ayuda de más de 22.400 millones, sugiere que el precio fijado para el debut bursátil, 3,75 euros, estaba amañado porque no se fijó de manera competitiva.
Se hizo en base a las ofertas de 29 grupos económicos, algunos de ellos clientes de la propia Bankia con préstamos refinanciados y que recibieron facilidades para adquirir los títulos, y otros que realizaron ventas «inmediatas» tras la salida a bolsa, lo que para los peritos pone en duda el interés real de algunos inversores.
Ese fue el caso de la Cámara de Comercio de Madrid, que invirtió 12 millones en acciones de Bankia y las vendió dos días después.
Aunque los inspectores no mencionan la palabra “engaño” en los más de 400 folios que suman los dos informes, esta acusación planea en la mayoría de los párrafos. El resultado de la salida a Bolsa fue que 347.338 pequeños inversores, además del propio Rato, un grupo de grandes empresas del Ibex 35, así como los principales bancos españoles (menos el BBVA) compraron acciones a un precio más elevado del real. Excepto los que vendieron pronto, la mayoría perdieron todo o gran parte de lo invertido.
Además, la entidad salió a cotizar con un descuento del 74 % sobre su valor contable, lo que sedujo a cerca de 350.000 accionistas, pero perjudicó a las cajas fundadoras, a los clientes con preferentes e incluso al propio Estado, que había prestado 4.465 millones para la formación del grupo.
Sin embargo, lo más grave es que las cuentas que sirvieron de base para que Bankia diera el salto al mercado estaban maquilladas y no reflejaban su imagen real, por lo que sus antiguos gestores, entre ellos Rodrigo Rato, podrían enfrentarse a penas de hasta 6 años de cárcel.
El informe viene a decir que las cuentas del grupo desde 2010 a mayo de 2012 “son el resultado de omisiones o inexactitudes resultantes de fallos al emplear la información, que estaba disponible cuando los estados financieros para tales periodos fueron formulados”. Una enmienda total a la pieza clave de la reestructuración financiera de España. Para los peritos existían errores contables tanto en un primer momento como tras la salida a bolsa, e incluso en la reformulación de los números del ejercicio 2011 que se hizo tras la llegada de Goirigolzarri a la presidencia de la entidad.
El actual presidente del banco ha insistido en que «todas las cuestiones de fondo» están «alejadas en el tiempo» y los problemas del grupo, que presentará alegaciones al informe, se pusieron encima de la mesa tras su llegada al banco y quedaron ya cubiertos.
Antes de esa declaración, las acciones de Bankia perdieron un 5,99 % de su valor, hasta los 1,33 euros, en una jornada en la que el IBEX 35 retrocedió un 2,35 % decepcionado por la rebaja del BCE de sus previsiones de crecimiento de la zona del euro.
El partido UPyD ha pedido ya la comparecencia urgente en el Congreso de Goirigolzarri; el ministro de Economía, Luis de Guindos; el director general del FROB, Antonio Carrascosa; la del gobernador del Banco de España, Luis M. Linde, y su antecesor Miguel Ángel Fernández Ordóñez; así como la de la presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, y la de su precedente Julio Segura.
El informe recoge también que existió clara voluntad por parte de los antiguos gestores de Caja Madrid y Bankia en ocultar la existencia de las tarjetas opacas, ignoradas por Hacienda y los propios órganos de control de estas entidades, según los peritos.
Entre las irregularidades detectadas por estos expertos se encuentra también el cobro de dietas por parte de quienes ya recibían un sueldo, lo que pudo suponer recibir de forma indebida 1,478 millones; mientras que otros con dietas fueron compensados por asistir a otros consejos y tuvieron aportaciones a pensiones, lo que se traduciría en 2,848 millones más de lo que les correspondería.
También muestran su sorpresa porque el FMI detectara deficiencias en los órganos de dirección y gobierno de Bankia y emitiera un informe al respecto que precipitó la crisis de la entidad.
Aunque «ciertamente» era una obviedad, recuerdan que el FMI no justificó o explicó los razonamientos por los que llegó a semejante conclusión y les resulta «sorprendente» que la institución fuera capaz de apreciar un aspecto tan complejo como la gobernanza en una entidad de reciente constitución como Bankia.
