Eloy Velasco, magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, ha pedido a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que se pronuncie sobre la supuesta validez de un juicio fraudulento para seguir investigando el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres en El Salvador en 1989.
Esta es una condición que impone la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de marzo de 2014 que acabó con la capacidad de los jueces españoles para investigar crímenes contra la humanidad cometidos fuera del territorio nacional español, conocida como “justicia universal”.
Después de esta reforma, el juez Velasco tendría que haber abandonado la investigación por delitos de terrorismo y lesa humanidad, que tenía muy avanzada.
Había logrado identificar e imputar a los 20 supuestos responsables de los asesinatos del obispo de origen español, Ignacio Ellacuría, los cinco sacerdotes, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Amando López, Juan Manuel Moreno, igualmente nacidos en España, y el salvadoreño Joaquín López, así como la empleada doméstica, Julia Elba Ramos y su hija Celina Marineth Ramon.
Y había emitido órdenes de detención internacional contra todos ellos a través de Interpol, con lo cual convirtió a El Salvador en su propia cárcel. Porque si intentaban viajar a cualquier otra nación serán detenidos, como le ocurrió a Inocente Montero, uno de los imputados, que, después de emigrar a los Estados Unidos, fue arrestado y va a ser enviado a España para responder por estos asesinatos.
Entre los 20 supuestos responsables no sólo están los 5 autores materiales de las muertes sino también a toda la cadena de mando que dio las órdenes e hizo que se ejecutaran. Empezando por el ministro de Defensa en ese momento, Alberto Humberto Larios, el coronel y jefe del Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Armadas, René Emilio Ponce, y el viceministro de Defensa Nacional, el coronel Juan Orlando Zepeda.
Ahí podría haber acabado todo. Sin embargo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por Fernando Grande-Marlaska, acordó, en octubre pasado, que Eloy Velasco era competente para seguir investigando estos asesinatos, por terrorismo y lesa humanidad ocurridos el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador.
Lo que plantea el juez Velasco ahora a la Sala Segunda del Tribunal Supremo supone una auténtica “patata caliente”. Porque en el escrito le pide que se pronuncie sobre la validez de la farsa del juicio que se llevó a cabo en la capital de ese país contra los cinco autores materiales de los asesinatos.
Según el titular del Juzgado Central de Instrucción 6, el juicio estuvo manipulado de principio a fin, se denegaron las diligencias probatorias propuestas por los abogados de las víctimas, los fiscales del caso renunciaron porque el fiscal general les impedía interrogar a determinados testigos militares, se obstaculizó el trabajo del juez, se destruyeron pruebas, se impidió la presencia de observadores internacionales y se amenazó a los miembros del jurado, como ellos mismos reconocieron.
“Lo que el juez Velasco pide a la Sala Segunda es que esta se pronuncie, en el mismo sentido que ya lo hiciera él hace un año: declarando que fue un juicio fraudulento. No válido, por lo tanto”, explicaron fuentes de la Audiencia Nacional a Confilegal. “De esa forma, no incurriría en el principio del ‘non bis in ídem’ (no juzgar dos veces por lo mismo), y podría seguir adelante con la investigación”.
En el simulacro de juicio de los 5 encausados sólo dos fueron condenados. Pocos meses después fueron amnistiados por el Gobierno salvadoreño.
De los 20 sospechosos, uno de ellos ya ha muerto.
La Sala Segunda tendrá, por lo tanto, que pronunciarse próximamente sobre el caso y será muy posible que de luz verde al juez Velasco ante pruebas más que evidentes de que ese juicio sólo tuvo de juicio la apariencia y el nombre.
La reforma de la justicia universal, llevada a cabo por el Gobierno de Rajoy, fue muy criticada por jueces y fiscales y por organizaciones de defensa de los derechos humanos. Vino provocada por la queja e indignación del Gobierno chino al conocer que dos de sus ex presidentes –Jiang Zemin y Hu Jintao- y otros miembros de la cúpula del Partido Comunista de China, habían sido imputados por el genocidio en el Tíbet. Fue una iniciativa impulsada por el PP, que impuso un trámite ultrarrápido para la aprobación de la reforma.
