Manuel Ollé: “China encargó una ley al Gobierno español para que modificara la Ley de Justicia Universal”
Es uno de los abogados más prestigiosos pero sobre todo más comprometidos con la libertad y la defensa de los derechos humanos en todo el Mundo. Manuel Ollé Sese compagina el ejercicio del Derecho desde su despacho, en el centro de Madrid, con la docencia como profesor de Derecho Penal y Derecho Penal Internacional en la Facultad de Derecho de Universidad Complutense. No tiene pelos en la lengua.
TEXTO E IMÁGENES: YOLANDA RODRÍGUEZ Y CARLOS BERBELL
No tiene un despacho pretencioso rebosante de maderas preciosas ni tampoco es del tipo moderno de última hora. Lo de las apariencias no va con él. Las paredes de la sala de reuniones, donde tiene lugar la entrevista, están cubiertas con fotos de personas a las que admira, como su colega Carlos Slepoy Prada -con el que impulsó la extradición del dictador chileno, Augusto Pinochet-, con su amigo, el juez Baltasar Garzón, con el exsecretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, o con la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú. También con el expresidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, o su colega, Antonio Garrigues Walker.
No están enmarcadas de forma lujosa. No lo ha buscado ni lo necesita, pero le recuerdan muy bien quién es, de dónde viene, hacia donde va, y quiénes son sus afectos.
Sobre una mesita redonda, una pila de libros llaman poderosamente la atención. Conforman algunos de sus intereses intelectuales: «Manual de Inquisidores para uso de las inquisiciones en España y Portugal», de Nicolao Eynerico, escrito en 1822, «Crimen y castigo», del escritor ruso Fiodor Dostoievski, «El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha», de don Miguel de Cervantes Saavedra, «Grito en la memoria», de Pavel Égüez, «Tribunal Supremo», y «Focus on Human Rights».
Manuel Ollé ha sido presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España entre 2004 y 2010, y abogado de las Madres de la Plaza de Mayo de Argentina, a quienes representó en el juicio contra el militar Francisco Adoflo Scilingo, por crímenes contra la humanidad. Su presencia también ha marcado los casos «Vuelos de la CIA», «Guantánamo», «Sáhara», «Guatemala» y «El Salvador» (asesinato del obispo español Ignacio Ellacuría y siete personas más), que el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, está impulsando.
Es un defensor de la llamada «Justicia Universal». No duda de que su modificación ha tenido que ver muy directamente con los intereses económicos de España en China y de China en España.
Gran parte de su labor profesional se han centrado en temas de Derecho Penal Internacional y Derechos Humanos, algo que ha visto cercenado, en parte con la limitación de la Justicia Universal ¿Cómo se abordarán ahora este tipo de delitos que todavía siguen existiendo?
El Partido Popular, que tiene mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado, hizo lo peor que podía haber hecho para la protección y para la defensa de los Derechos Humanos limitando la Justicia Universal. España le ha pegado una patada a todos los Tratados Internacionales en materia de persecución de los más graves crímenes internacionales. Nuestro país se ha aliado, de esta forma, con aquellas naciones que propugnan la impunidad.
Estamos hablando de los grandes crímenes internacionales que se pueden cometer. No estamos hablando de crímenes que abordan cuatro jueces españoles, cinco abogados o las víctimas, que, con tanto esfuerzo, tratan de pelear aquí sus casos, sino que ha sido la comunidad internacional la que ha dicho que ante la ausencia de una Corte Penal Internacional eficaz y efectiva –como a todos nos gustaría-, esos crímenes no pueden quedar impunes.
Hablando claro: que cualquier Estado, en representación de la comunidad internacional, los debe de juzgar. El problema es que estamos hablando de crímenes políticos. Cada vez que se comete un crimen de lesa humanidad, de genocidio, el Estado o el país donde se ha cometido, de forma directa o indirecta, aparece. A partir de ahí, comienzan las presiones diplomáticas. Empiezan los pagos de favores, las compras de voluntades, de leyes. Y así se termina modificando una ley.
¿Estados Unidos está contento cuando el juez Santiago Pedráz dicta órdenes de detención contra los procesados por el caso del cámara de televisión español José Couso? ¿Qué pasó con el tema del genocidio en el Tíbet y la presión de China?
¿Nos está diciendo que esos países pueden hacer que se modifiquen nuestras leyes?
China encargó una ley al Gobierno español para que modificara la Ley de Justicia Universal con la finalidad de cerrar la causa que se seguía en el Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional. Encargó una ley “ad hoc”. Ese encargo consistió en que se modificara la ley para poder cerrar el caso. China no soportaba que su el ex presidente, Jiang Zemin, y el exprimer ministro, Li Peng, estuvieran sujetos a una orden internacional, en todos los Estados democráticos, con un código rojo de Interpol, diciendo que se requería su búsqueda y captura.
Qué casualidad que como consecuencia de eso, China como poseedor del 20 por ciento de la deuda soberana española, dice que se va a comportar mucho mejor con España. Y qué casualidad, que a los pocos días, España entra en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El Estado que más aúpa a España, el que más propicia esa entrada en Naciones Unidas es China.
Aquí también podríamos hablar de los viajes de parte del Gobierno español a China y los agradecimientos de China a nuestro Gobierno cuando modificó la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Esta limitación de la Ley de Justicia Universal española también fue muy celebrada por Israel, por Estados Unidos y también por Marruecos.
¿Qué va a pasar con estas causas de Justicia Universal que hasta ahora estaban siendo investigadas desde la Audiencia Nacional?
Afortunadamente, los jueces españoles y, muy especialmente, algunos de la Audiencia Nacional, han sabido interpretar correctamente lo que es el sistema normativo español. Han apreciado que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos está por encima de la ley nacional. El Convenio de Viena para la interpretación de los tratados dice que una ley nacional jamás se puede oponer a un Convenio Internacional. Es admirable ver como jueces –más allá de las presiones mediáticas, de las presiones políticas…- han decidido aplicar estos Convenios, como manda el artículo 96 de la Constitución española.
El Derecho Internacional no es para tenerlo en una biblioteca y que se llene de polvo, sino que aplicable conforme al artículo 96 de la Constitución en el ordenamiento jurídico español. ¿Por qué firmo yo, como Estado, una Convención contra el genocidio?
Si la firmo será para aplicarla ¿no?. Son delitos de obligada persecución porque así lo establece la naturaleza del crimen cometido.
Como ex presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España ha llevado asuntos como los de las Madres de la Plaza de Mayo, los vuelos de la CIA, Guatemala –con Rigoberta Menchú, a la cabeza-, el tema del Salvador o el Sahara. ¿Estos casos mediáticos hacen que entre más trabajo en un despacho pequeño, como el suyo?
No. Y en ocasiones, desde el punto de vista del despacho, puede llegar a ser perjudicial al encasillarte en un determinado perfil. Pero, afortunadamente, a los que somos vocacionales esto nos trae sin cuidado. Yo vivo de mi sueldo en mi despacho y de la Facultad, donde imparto clases de Derecho Penal y Derecho Internacional. Soy feliz defendiendo esas causas. La satisfacción que me da el defender a las víctimas de estos graves crímenes internacionales es incomparable con cualquier satisfacción económica.
«LA TÉCNICA LEGISLATIVA EN EL NUEVO CÓDIGO PENAL ES ABSOLUTAMENTE DEPLORABLE»
Recientemente se ha aprobado la reforma del Código Penal en el Congreso y uno de los puntos más polémicos ha sido el de la prisión permanente revisable ¿cuál es su opinión como profesor de derecho penal y abogado penalista?
Lo mejor que le podría pasar al Código Penal es que no fuera aprobado. Y si lo aprueban, esperemos que en la nueva legislatura, el que entre la derogue en su totalidad. Es difícil encontrar una reforma del Código Penal, desde el punto de vista formal, tan mala. Dicho de otra forma, y de una forma clara: la técnica legislativa en el nuevo Código Penal es absolutamente deplorable.
¿Comparte la opinión de 60 catedráticos de universidades españolas que sostienen que la reforma del Código Penal bebe de las fuentes más «reaccionarias» y «pisotea» la dignidad humana?
Me hubiera gustado que el legislador hubiera escuchado a la Academia y también que se hubieran leído las sentencias de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en materia penal.
Es una ley que no sigue los postulados de la dogmática moderna. No sigue los principios de un derecho penal democrático, lo cual es muy grave en 2015. Es una norma que destila y desprende unos aromas putrefactos, inseguridad e incertidumbre. Estamos ante un Código Penal de un Estado totalitario.
¿Cree que es un paso atrás en nuestra legislación penal?
Sí. En el tema punitivo es un despropósito. Es una barbaridad. Yo me pregunto si esos fines de reeducación y reinserción que establece el artículo 25 de la Constitución para todos los penados siguen vigentes en España. ¿Qué se puede conseguir con una pena de cuarenta años? Más allá de que los delitos sean repugnantes. Con esta reforma, como ya había pasado con los códigos de 1822 y siguientes, se vuelve a instaurar la cadena perpetua. Al menos el legislador actual, a diferencia del legislador del siglo XIX, no ha puesto que el penado tendría que ir encadenado a una bola de hierro.
«AL MENOS EL LEGISLADOR ACTUAL, A DIFERENCIA DEL LEGISLADOR DEL XIX, NO HA PUESTO QUE EL PENADO TIENE QUE ENCADENADO A UNA BOLA DE HIERRO»
En otros países de Europa la prisión permanente revisable ya está instaurada y además, figuraba en el programa del Partido Popular en las pasadas elecciones. ¿Cree que se está utilizando esta reforma con fines electorales?
Yo creo que con esta reforma el Partido Popular está buscando un rédito personal. Sin duda. Aunque fuera en su programa. Se está volviendo a los fantasmas, sustituyendo el principio de culpabilidad por el principio de peligrosidad. Se está sacrificando de un modo intolerable la libertad de las personas por una pretendida, falsa, alarma social sobre la inexistencia de seguridad.
En España, afortunadamente, tenemos seguridad. Hay que saber ponderar la libertad con la seguridad. Con esta reforma se produce, falsamente, y con unos provechosos réditos políticos, decantar la balanza hacia esa pretendida y falsa falta de seguridad en detrimento de la libertad.
¿Cree usted que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha contribuido a crear esa, según usted, falsa sensación de inseguridad?
Claro. Hay una estrategia comunicativa de goteo a goteo, manteniendo que hay que endurecer las leyes penales, que hay que incrementar el número de presos para satisfacer ese ansia de la sociedad. Me hubiese gustado que más que establecer una estrategia del miedo, una estrategia de la peligrosidad que se hubiese empleado una estrategia de educación en valores democráticos y de educación en política criminal.
¿Qué le parece la supresión de las faltas?
Es aberrante la supresión de algunas faltas que se ha introducido en la reforma de Código Penal. Cualquier ciudadano que, por ejemplo, sea atropellado y como consecuencia tenga secuelas dejará de acudir a la Justicia a reclamar una indemnización. Deberá acudir a la vía Civil para ejercer esa reclamación y allí tendrá que abonar unas tasas. Hasta ahora se venía haciendo por la vía penal donde, como bien saben ustedes, no hay tasas.
¿Es una traba más para el justiciable?
Por supuesto. Siguiendo con el mismo ejemplo, ese ciudadano tendrá que pagar peritos de su propio bolsillo. ¿Sabe lo que más me duele? Que los que se van a enriquecer con esta reforma son las compañías aseguradoras. Si el justiciable quiere demandar a esa compañía de seguros –que amistosamente le está negando esa indemnización- esto va a provocar, bajo mi criterio, un enriquecimiento ilícito de estas compañías.
«LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL VA A HACER MILLONARIAS A LAS ASEGURADORAS»
¿Nos está diciendo que esta reforma beneficia a las aseguradoras?
Las beneficia, no. Las va a hacer millonarias.
En otro orden de asuntos ¿Qué opina respecto a que no exista el tribunal del jurado en el Tribunal Supremo, pese a que la Ley del Jurado así lo establece?
Me encantaría que el Tribunal Supremo, de acuerdo al artículo 2 de la Ley del Jurado, diera entrada a la justicia popular dentro de ese gran palacio. Me encantaría ver un juicio por jurado en el Tribunal Supremo. El citado artículo 2 establece claramente que los aforados serán juzgados también, si han cometido un delito de la competencia del Tribunal del Jurado, en aquel tribunal competente para enjuiciar a esa persona.
¿El Juez Baltasar Garzón tendría que haber sido juzgado por un Tribunal del Jurado?
Si un juez del Tribunal Supremo, del Constitucional o de la Audiencia Nacional, en su condición de aforados, cometiera un delito de competencia del tribunal del jurado, ¿por qué no va a ser juzgado por un jurado popular?. Entiendo que, según me dicen, en 1998 se produjo un acuerdo no jurisdiccional de la Sala de lo Penal, en el que decidieron saltarse la Ley del Jurado. La ley cuando es clara la mejor interpretación es la lectura literal de la misma.
Usted tiene un despacho pequeño que aborda asuntos penales, ¿Qué tipo de asuntos son los que ocupan el día a día su despacho?
Vivimos lo que está pasando en la sociedad. En los momentos actuales abordamos, principalmente, estafas, delitos económicos, delitos contra las personas, lesiones, homicidios… Nosotros somos un despacho artesanal y tratamos todo tipo de problemas que afecten a un justiciable en el ámbito penal.
Usted ha sido abogado del expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y también del ex presidente del Govern de Baleares, Jaume Matas, a los que usted, por cierto, abandonó. ¿Se ha notado mucho en los últimos años la crisis y, en especial, los temas de corrupción?
Nosotros hemos visto un incremento de penales económicos, delitos de guante blanco, corrupción o cualquier otro delito de naturaleza semejante. También hemos visto como se han incrementado los asuntos de abusos de personas, personas que eran intocables hasta ese momento. Antes se resolvían por lo civil, aunque se veía que eran auténticas estafas procedentes de compañías, entidades, etc.
¿El tema de las tasas se nota en este tipo de despacho?
En penal no, aunque sí hemos notado que algunos asuntos civiles se desvían a penal para evitarlas. La mayoría de los abogados reclamamos que sea suprimida la Ley de Tasas. Son injustas y sólo favorecen a los poderosos.
¿Para terminar, cuáles son los grandes retos de este pequeño despacho que dirige?
La abogacía quema. Te tiene que gustar mucho y ser muy vocacional. Para mi es muy satisfactorio la defensa de los intereses de mis clientes. Llega un momento en el que te planteas la posibilidad de crecer, de asociarte, con la finalidad de seguir trabajando bien y seguir aprendiendo.
Les voy a contar algo muy importante: En los próximos días es posible que al despacho se incorpore un gran abogado y, para mí, el mejor catedrático de Derecho Penal que hay ahora mismo en España. Por ahora no puedo adelantar más información, pero sí tengo que admitir que estoy muy contento.
¿La Universidad le da el oxígeno que no le da la abogacía?
Soy profesor de Penal y Penal Internacional en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense y es algo con lo que disfruto. Son los momentos del día donde me oxigeno, cuando lo paso bien y donde trato de aprender de los compañeros y de los alumnos.
Si me tocara la primitiva me dedicaría en exclusiva a la docencia y a la investigación.
