La Audiencia Provincial ordena investigar la supuesta estafa de 5,6 millones de € en la que está implicado López Madrid
Javier López Madrid consejero delegado del Grupo Villar Mir.

La Audiencia Provincial ordena investigar la supuesta estafa de 5,6 millones de € en la que está implicado López Madrid

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04/3/2015 00:00
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Actualizado: 04/3/2015 00:00
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El tribunal de la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al magistrado juez del Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid, Juan Antonio Toro Peña, que instruya e investigue la querella presentada por una supuesta estafa de 5,6 millones de euros realizada por Javier López Madrid, Guillermo Mesonero Romanos, Alfonso Carcasona y Fernando Alejano. 

Los magistrados Carlos Fraile Coloma, Luis Pelluz de Robles y María José García-Galán San Miguel dieron la razón al letrado Adolfo Prego, de Prego Abogados, que representa a los querellantes, Ignacio Comenge, Baldomero Falcones y Marcos Fernández Fermoselle, los cuales afirman que López Madrid y sus socios le vendieron el 30 por ciento de una empresa tecnológica, Infoglobal, que estaba en «caída libre». 

Los tres jueces recuerdan al títular de Instrucción 36 el deber que tiene de practicar las diligencias propuestas por los querellantes y consideran que la cláusura de las diligencias resultan prematuras, «dado que los querellantes mantienen que, de haber conocido la información que deliberadamente se les ocultó y que ya conocían los vendedores de las acciones, no habrían comprado éstas, teniendo en cuenta la inversión realizada por importe de 5.600.000 de euros de forma que parece que han adquirido una mercantil que se encontraba en una situación que se encuentra en ‘caída libre’, tras maquillarse la situación en aras de desprenderse de las acciones antes de que se produjera la situación que se sabía que iba a producirse en el futuro», dice el auto, que tiene fecha de 23 de febrero. 

«Lo cierto es que tan importante inversión resulta difícilmente concebible a la vista de lo ocurrido después y de que la propia compañía adquirida bajó sus ingresos de forma llamativa, lo que hace que pueda razonablemente ser éste conocimiento lo que precipitó la venta de los títulos, por lo que no puede descartarse, a la vista de lo actuado y desde luego sin practicar las diligencias propuestas, que son relevantes para poder valorar si tal engaño existió», dicen los jueces más adelante en su auto. 

La Sección 15 así ordena a juez Toro que tome declaración a los querellantes, a los autores del informe elaborado por Baker & Mckenzie, que se acompañó a la querella, y al auditor de cuentas Jesús Santos Estebaranz. 

 

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