LOS MORA-FIGUEROA investigados por una presunta ESTAFA relacionada con terrenos urbanísticos

LOS MORA-FIGUEROA investigados por una presunta ESTAFA relacionada con terrenos urbanísticos

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12/8/2015 00:00
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Actualizado: 12/8/2015 00:00
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El Juzgado Mixto número 1 de San Roque (Cádiz) ha abierto diligencias previas tras una querella presentada por David Stirling contra Ramón Mora-Figueroa Domecq y su hijo Ramón Mora-Figueroa por un presunto delito de estafa en relación a unos terrenos destinados al deporte del polo en Sotogrande.

En la querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de Stirling, Armando Rozados, relata que su cliente «es una figura destacada en el mundo» del deporte del polo, «de reconocido prestigio internacional y miembro de una saga consagrada a este deporte», de manera que «fue uno de los artífices en traer» el polo a Sotogrande «allá por los años 80» y de «introducirlo e implantarlo de manera profesional».

 El letrado añade que, a finales de los años 80, la familia Mora-Figueroa, «a través de su patriarca, Ramón Mora-Figueroa Domecq, con intereses empresariales e inmobiliarios en la zona, y con bolsas de suelo en lugares destacados del entorno de Sotogrande, contactó» con David Stirling, «comenzando una paulatina, intensa y estrecha relación profesional e incluso personal».

Según precisa, lo anterior «culminó con la contratación del mismo por Glenton España -sociedad de los Mora-Figueroa y controlada por los mismos— en junio de 1997 como personal laboral por cuenta ajena, para que se dedicase en exclusiva a trabajar para la familia Mora-Figueroa en la implantación y desarrollo de todos los asuntos vinculados al deporte del polo», teniendo en estos años una «relación estrecha» con padre e hijo y también con Fernando Castrillón, consejero del «entramado societario» de la familia y contra quien también va dirigida la querella.

«DAR UN PELOTAZO»

La querella señala que los Mora-Figueroa, «con grandes intereses inmobiliarios y empresariales en la zona, con intención de dar un pelotazo, fueron adquiriendo, desde 1986, pero principalmente entre 2001 y 2005, diferentes fincas rústicas en San Roque», las cuales constituían suelo «no urbanizable» y se enclavaban entre La Marina de Sotogrande y Torreguadiaro.

«En términos coloquiales, esas fincas eran un auténtico patatal», pero la idea de los Mora-Figueroa era «convertirlas en urbanas y recalificarlas», mientras que la intención de su patrocinado «era convertirlas en futuras canchas de polo y en un complejo hípico de altura», para lo cual «había que convertir esas tierras rústicas en un suelo que pudiese albergar las canchas de polo y sus instalaciones e infraestructuras complementarias, desarrollar ese suelo y llevar a cabo un macroproyecto similar a los existentes en los mejores enclaves de polo mundial».

Según el letrado, la única persona «capaz de mover y armar un proyecto así» era David Stirling, quien desde el año 2000 «se hace cargo directamente y en primera persona del proyecto, desarrollo y ejecución de las nuevas canchas de Los Pinos y del complejo hípico de polo que allí se ha erigido», para lo cual los Mora-Figueroa concertaron con su cliente un bono de 601.102 euros «en concepto de honorarios» por el diseño y ejecución del proyecto de Los Pinos.

«MOVIMIENTO ESPECULATIVO»

Sin embargo, «la realidad es que a día de hoy, con las primeras canchas de Los Pinos inauguradas a finales de julio de 2005, el saldo a favor de mi mandante que arroja dicho contrato asciende a 383.811,01 euros, que se le adeudan desde entonces, más los intereses que ello ha devengado», ya que «en todo este tiempo sólo se han producido pagos parciales, siempre ‘a cuenta’, por importe de 217.209,99 euros».

 El letrado agrega que los querellados «se proponían no sólo desarrollar el proyecto deportivo de las canchas de Los Pinos, sino convertir dicha bolsa de suelo en urbano, recalificarla y producir un movimiento especulativo de gran envergadura», de manera que «con el pretexto de  enclavar uno de los mayores complejos polísticos del mundo, pretendían a la vez obtener una monumental revalorización económica con cargo a los rendimientos urbanísticos de dicha bolsa de suelo que la familia Mora-Figueroa había ido adquiriendo, a través de sus sociedades, en todo este tiempo».

Para ello, los querellados «nuevamente acudieron» a David Stirling, a quien se atribuyó la responsabilidad de asesorar a Ramón Mora-Figueroa «sobre las propuestas e ideas de edificaciones y del resto de instalaciones e infraestructuras del club de polo», para lo que el 4 de septiembre de 2004 los querellados «se plantaron en Sotogrande con un contrato para que David lo firmase» y por el que se le aseguraba un mínimo de 1,2 millones de euros.

Su cliente firmó «confiado en quienes conocía porque lo que le explicaron era claro y definido: su trabajo se remuneraría conforme a unos parámetros fácilmente medibles y cuantificables, que iban referenciados al éxito del proyecto, a sacar adelante y ejecutar el proyecto de ‘ciudad del polo'».

«PATATAL EN SUELO URBANO»

 Así, su cometido «era claro: hacer lo que sabía, diseñar en sus líneas maestras el proyecto deportivo e hípico que servía de base o cimiento a lo demás, y con todas esas actuaciones ayudar a que el suelo emprendiera el camino para ser urbano y definitivamente recalificarse, presentando y desarrollando una oferta de servicios complementarios que viabilizaran convertir un patatal en suelo urbano».

Para los Mora-Figueroa, «el objetivo iba más allá del polo, era especulativo, se trataba de llevar a cabo una transformación urbanística, de  instrumentar el mayor desarrollo urbano de suelo en Sotogrande en los últimos tiempos», sostiene el letrado.

«Su cometido, tal como literalmente se plasmó en el contrato, consistía en ‘la realización de cuantas actuaciones sean necesarias para conseguir la recalificación de los terrenos'», punto en el que precisa que «quienes llevaban la gestión técnica urbanística» eran Borbolla Abogados, «el despacho de abogados de quien fuera presidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla», que además «fue miembro del Consejo Consultivo de Andalucía en el periodo 2005-2012, esto es, durante el desarrollo de las gestiones urbanísticas de este contrato», y Mermel Gestión, sociedad cuyo representante legal es Joaquín Blanco.

El abogado afirma que una vez firmado el contrato, su cliente «se puso manos a la obra» y consiguió su cometido, pues el 13 de marzo de 2015 se produjo la aprobación definitiva del PGOU de San Roque y sus modificaciones, a pesar de lo cual su cliente no ha cobrado sus honorarios, de manera que todo ha sido «un absoluto engaño» por los querellados, que «simularon un contrato en claro perjuicio» de Stirling.

2,3 MILLONES DE EUROS

«El contrato de 4 de septiembre de 2004, visto ahora, cuando se consuma el engaño y la estafa a mi representado, estaba diabólicamente pensado para no ser cumplido, incluso fijaba hitos o plazos materialmente imposibles», dice el abogado, que cifra en 2,3 millones de euros el «menoscabo económico y perjuicio patrimonial» causado a su patrocinado.

En la querella, el letrado pidió a la juez las declaraciones como imputados de los tres querellados y, como testigos, de José Rodríguez de la Borbolla y Joaquín Blanco, tras lo cual la juez ha dictado un auto en el que acuerda practicar todas las diligencias solicitadas.(EP)

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