El aforo del Salón de Actos del Colegio de Abogados de Madrid -140 personas- fue superado con creces. Profesionales de los cuatro puntos cardinales de España, miembros de GEME España y no miembros también, identificaron muchos de los problemas existentes para hacer que la mediación funcione, de una vez por todas, en España.
«La verdad es que estamos muy contentos con los resultados», explica Pascual Ortuño, vicepresidente de Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación (GEME) y magistrado de la Sección XII de lo Civil de la Audiencia Provincial de Barcelona.
«Los debates han sido muy clarificadores y los objetivos se han cumplido. Queríamos definir qué casos se enviaban a la mediación, cómo se enviaban y a quién se enviaban. Hemos llegado a la conclusión que para que la mediación eche raíces en España hay que trabajar en dos frentes muy definidos: las instituciones públicas y los jueces. Y hay que afinar los mecanismos. Por ejemplo, tenemos muy claro que la derivación masiva de casos hacia la mediación desde la justicia no está dando resultado. Da resultado si dicha derivación es selectiva, pero esto requiere un esfuerzo adicional a los jueces y a los letrados de la Administración de Justicia que, con la sobrecarga, no es posible», añade Ortuño.
Una de las soluciones, por ejemplo, sería que en los módulos judiciales existentes para los jueces -que miden su carga de trabajo- se elevara la puntuación cuando hicieran esa derivación.
«En la actualidad si un juez de lo Civil hace el esfuerzo de convencer a los abogados obtiene 0,5 puntos. Sin embargo, la elaboración de una sentencia suponen 1,5 puntos. Es evidente que se les está desincentivando», cuenta el magistrado Ortuño.
«En el ámbito de la abogacía pasa igual. Una transacción, una mediación, supone la mitad de los emolumentos, o menos, que si van a juicio».
En Washington D.C., que fue el «epicentro» mundial desde el que se comenzó a introducir la mediación en el sistema judicial, y que muchos países del mundo toman como referencia, comenzaron a darle la vuelta a la situación dando más puntos a los jueces por cada caso que acababa en mediación. «De esa manera convencieron a los que no estaban convencidos», relata el vicepresidente de GEME Europa.
«Otro punto a enfrentar», sigue contando Ortuño, sería penalizar la inactividad negociadora previa al juicio de los abogados de cara a las costas. Cuando el tribunal observara que, en un determinado asunto, de los que podían haberse solucionado por vía amistosa no se ha hecho ningún esfuerzo por parte de la abogacía entonces se incrementan las costas. Por ejemplo, hay infinidad de asuntos de compañias de seguros de demandas de menos de 500 euros en los que no se ha hecho ningún tipo de esfuerzo por llegar a un acuerdo. En estos casos podría aplicarse», relata Ortuño.
Las conclusiones, fruto de este seminario, serán colgadas en la web de GEME, serán enviadas a todos los partidos políticos, de cara a las elecciones y a todas las entidades a los que les pudiera interesar.
«Estamos en una etapa en la que todo el mundo lleva en su programa la mediación. Pero no queremos que se lleve de una manera abstracta sino que se concrete de una forma prográmatica», concluye Ortuño.
La jornada, que tuvo lugar la mañana del sábado, se centró alrededor de dos mesas redondas: La primera trató sobre la mediacion en los distintos ámbitos jurisdiccionales, y en ella tomaron parte Rosa Freire, magistrada de Instrucción de Madrid, Sara Pose, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Ángeles peña Nieto, psicóloga de Juzgado de Familia de Málaga, Raquel Alastruey Gracia, magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona y Juan Francisco Mejía Gómez, magistrado de Valencia, y estará coordinada por Ana Carrascosa, magistrada y letrada del CGPJ.
La segunda llevó por título «Experiencias en España», que moderó Rosalía Fernández Alaya, magistrada de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, y en la que participaron Miguel Pascual del Riquelme, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que contó la experiencia de la UMIM en el Decanato Judicial de Murcia, del que fue juez decano, Iñaki Subijana Zunzunegui, presidente de la Audiencia Provincial de Guipuzcoa, que relató la experiencia de los tribunales de San Sebastián, Anna Vall Rius, mediadora y coordinadora del Centro de Mediación del CEMICAV, Valencia, que explicó la experiencia del Centro de Mediación del Colegio de Abogados de esa ciudad, y Helena Soleto Muñoz, profesora de Derecho Procesal y Directora del máster de Mediación, Negociación y Resolución de Conflictos de la Universidad Carlos III, que comentó la experiencia en los Juzgados de Getafe.
Lourdes Arastey, magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y presidenta de GEME España, jugó un papel central durante todo el seminario.
