El Colegio de Abogados de Orihuela ha detectado un incremento progresivo de actuaciones llevadas a cabo por supuestos profesionales, que ofertan la prestación de servicios jurídicos o legales, careciendo de la cualificación exigida por ley, motivo por el que estas actividades son comunicadas inmediatamente a las autoridades competentes y oficinas consulares afectas a la demarcación del Colegio, formada por los partidos judiciales de Orihuela y Torrevieja.
Según asegura a Confilegal Manuel Almarcha, decano del Colegio de Abogados de Orihuela, «estamos en una zona costera donde hay mucho movimiento de operaciones inmobiliarias, donde hay mucho desaprensivo que monta oficinas de asesoramiento como si fueran abogados, sin saber lo que llevan entre manos. Aquí se meten unos que hacen competencia desleal y otros que engañan a sus presuntos clientes». »
Esto provoca un daño enorme a los ciudadanos -especialmente a los extranjeros- a los que se les ofrece unos servicios jurídicos que, pese a cobráselos, no se les dan», puntualiza el decano, quien sostiene que «este tipo de prácticas de asesoramiento jurídico a extranjeros por intrusos profesionales se realiza en la mayoría de las ocasiones utilizando la denominación de solicitors, advisers, legal asistants, entre otras». Se ha detectado esta prestación irregular de servicios legales en zonas de Málaga, Marbella, Almería, Murcia, Alicante, las Islas Baleares y las Canarias.
Este tipo de prácticas, señala Almarcha, provocan también «un grave perjuicio a la profesión de abogado». «Erosionan la imagen de profesionales honestos que están todo el día luchando para poder sacar adelante su despacho y a su familia».
Se valen de que unas personas, los turistas, que no conocen el sistema y que vienen a España buscando una segunda residencia, por ejemplo. «Es un engaño. Es como si yo soy un santero y digo que estoy licenciado por la Universidad Complutense en Medicina», indica Almarcha. Además, este tipo de personas que ejercen de abogados sin serlo trabajan, en muchas ocasiones, a través de inmobiliarias poco serias.
Como señalaba el Colegio de Orihuela en un comunicado «numerosos colegiados y abogados de otras nacionalidades, vienen denunciando que últimamente se están produciendo un importante número de delitos a ciudadanos extranjeros con motivo de operaciones inmobiliarias fraudulentas indebidamente asesoradas que afectan principalmente a las zonas turísticas». Esos supuestos despachos de abogados «juegan a la ambiguedad con el lenguaje jurídico», y consiguen que los turistas piensen que están acudiendo a un abogado profesional, cuando no es así. «Esto provoca una falta de garantías inmensas para los ciudadanos. Hablamos de competencia desleal o intrusismo, que es el delito que está legalamente penado frente al abogado que está cumpliendo con todas sus obligaciones colegiales y su seguro de responsabilidad», puntualiza Almarcha.
Por eso, recuerdan que el artículo 9 del vigente Estatuto General de la Abogacía Española establece que “son Abogados quienes, incorporados a un Colegio español de Abogados en calidad de ejercientes y cumplidos los requisitos necesarios para ello, se dedican de forma profesional al asesoramiento, concordia y defensa de los intereses jurídicos ajenos, públicos o privados. Corresponde en exclusiva la denominación y función de Abogado a quienes lo sean de acuerdo con la precedente definición.” Y es además entre nuestras obligaciones como colegio, está la de prevenir y perseguir el intrusismo profesional.
Desde la Abogacía se recuerda que resultan excluidos de esta profesión de abogado, los inscritos como no ejercientes, así como aquellos quienes pese a publicitarse y a utilizar denominaciones con connotaciones jurídicas, muchas veces en lenguas extranjeras, no tengan la capacidad profesional legalmente exigida para actuar como abogados por no estar inscritos como ejercientes en un colegio español de abogados, contraviniendo lo previsto en el artículo 403 del Código Penal.
El Colegio de Abogados de Orihuela se ha dirigido a todos sus colegiados instando a que pongan en conocimiento de la corporación profesional las conductas que contravengan la normativa tanto estatal como sectorial y colegial. Todo ello en aras de prevenir y corregir dichas prácticas anómalas y garantizar los derechos de los ciudadanos.
