Según la información de la Abogacía, recogida por Europa Press, el expresidente regional se dio de alta en el Colegio el 3 de mayo de 2010 y actualizó esta información el pasado 9 de octubre. Es el número de colegiado 87759 y en sus datos de contacto no figura la dirección de ningún bufete.
González solicitó su ingreso como consejero permanente en el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, al igual que hicieran sus precedesores Alberto Ruiz-Gallardón (PP) y Joaquín Leguina (PSOE). Cifuentes se comprometió a cerrar este órgano para garantizarse el apoyo de Ciudadanos en su investidura como presidenta regional del pasado junio.
8.500 EUROS MENSUALESSegún el Reglamento del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, los expresidentes regionales pueden solicitar su acceso al cargo de consejero permanente vitalicio «en cualquier momento, previa declaración de no estar incursos en causa de incompatibilidad» alguna.
En ese puesto, tienen derecho a percibir un sueldo similar al previsto para los consejeros del Gobierno autonómico, es decir, en torno a 8.500 euros brutos mensuales, que equivalen a unos 5.500 euros netos. Además, cuentan con los medios humanos y técnicos necesarios para desarrollar su labor, al margen de los que la Comunidad les faciliten en su condición de expresidente madrileño.
Alberto Ruiz-Gallardón fue el último en unirse a este organismo, tras su dimisión en el cargo de ministro de Justicia en septiembre del año pasado. Junto con Leguina y ahora González forma parte de un Consejo con once miembros en total que está presidido por el también ‘popular’ Ignacio Astarloa, quien fuera secretario de Estado de Seguridad en el Gobierno de José María Aznar.
Astarloa también está dado de alta como letrado en el Colegio de Abogados de Madrid, con el número de colegiado 49470, donde su información se actualizó el pasado 9 de octubre.
Ignacio González, licenciado en Derecho, tiene plaza como técnico superior del Ayuntamiento de Madrid tras las oposiciones que aprobó en 1984. El reglamento del órgano consultivo de la Comunidad establece la incompatibilidad del puesto de consejero con «todo cargo o empleo en la Administración pública» salvo docente. (EP)
