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La Administración Pública y el «iCloud Computing», una asignatura pendiente
Javier Puyol es abogado y socio de ECIXGroup.
08/11/2015 09:40
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Actualizado: 12/2/2016 09:59
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Los resultados de un reciente estudio elaborado por KPMG, revelan que el progreso en el uso del “Cloud Computing” por parte de las entidades gubernamentales (9%) va mucho más lento que el de las entidades con ánimo de lucro (13%), lo que demuestra que las organizaciones todavía son reacias a la implantación de los sistemas en la nube.
Sólo el 12% de los directivos de entes públicos afirma que se asignó a tecnologías en la “nube” más del 10 por ciento del gasto total en TI (Tecnologías de la Información) en 2011.
No obstante, de conformidad con dicho informe, se prevé que a finales de 2012 esta cifra aumente más del doble y alcance el 28 por ciento.
Las razones las podemos encontrar, de un lado, en las eventuales inversiones que requiere la adaptación de los sistemas actualmente vigentes en las propias organizaciones; y, de otro lado, en las reservas que muchas empresas y profesionales tienen, todavía, a la hora de implantar una nueva tecnología cuyo impacto en la práctica, muchas veces, desconocen.
En cuanto a este último extremo, todavía debemos superar ciertos miedos a la hora de aceptar la implantación generalizada del «¡Cloud Computing«.
Las oportunidades del “Cloud Computing” para el sector público no se limitan a su relación con el ciudadano. La reducción de costes es otra de sus principales ventajas, especialmente en una época caracterizada por presupuestos apretados.
La concentración del procesamiento y almacenamiento de datos permite a los proveedores de “Cloud Computing” ofrecer un servicio más económico que el obtenido en base a sistemas propios.
Además, la flexibilidad ofrecida por la nube permite disponer de la capacidad necesaria de forma prácticamente instantánea, al contrario que los sistemas propios, que habitualmente disponen de exceso de capacidad no utilizada al estar diseñados para afrontar los picos de demanda.
A estas dos ventajas se une la menor necesidad de mantenimiento y la centralización de las evoluciones del software en el proveedor de servicios.
Estas ventajas no dejan de ser similares a las mencionadas para las empresas. Sin embargo, las Administraciones Públicas presentan otras características que hacen especialmente atractiva la adopción del “Cloud Computing”.
El gran tamaño, la complejidad y la gran expansión de los servicios de tecnología de los Gobiernos exigen una solución más simple que los enfoques tradicionales de centros de procesamiento de datos.
Normalmente, los Gobiernos necesitan acceder a zonas geográficas, personas y sectores que presentan las siguientes singularidades:
a). Están muy dispersos geográficamente, en especial en los países de gran extensión.
b). Disponen de niveles de cobertura y acceso a Internet diferentes.
c). Requieren escalas muy variadas de recursos informáticos, que deben servir tanto para el ayuntamiento de una gran ciudad como para un pueblo pequeño.
d). La complejidad de las aplicaciones a las que acceden difiere de forma sustancial.
e). Realizan cambios de manera frecuente y no tienen mucha experiencia en tecnologías.
f). Gestionan y necesitan mucha información.
g). Cada Administración local gestiona su propia agenda.
Los departamentos gubernamentales han optado por mantener sistemas informáticos individuales y ajustados a sus necesidades, de forma que la capacidad del Gobierno para llegar a más gente y desarrollar más aplicaciones se ve limitada por su capacidad para construir y mantener más centros de datos.
De esta forma, el “Cloud Computing” se presenta como una alternativa para unificar todos estos sistemas dispares, con un mantenimiento centralizado que facilita su gestión y permite acceder desde cualquier punto del país, dado que es suficiente con disponer de cobertura telefónica para hacerlo.
Por ello, el “Cloud Computing” no sólo permitirá a los Gobiernos desarrollar y distribuir más rápido nuevas herramientas, sino también fomentar la movilidad de los funcionarios, que ya no necesitarán estar delante de un ordenador en la oficina para entrar en los sistemas centrales de la Administración, sino que podrán acceder a ellos desde su casa o a través del teléfono móvil.
Los proveedores son conscientes del interés y atractivo del “Cloud Computing” para los Gobiernos y están actuando en consecuencia.
Esta función del Gobierno como “early adopter” sirve para promover las ventajas del “Cloud Computing” entre los ciudadanos y actúa como ejemplo para la industria. Sin embargo, no se debe olvidar el papel clave de las Administraciones como reguladoras y facilitadoras de la nube en sus respectivos países.
Los proveedores de Cloud parecen ser conscientes de este papel y, por eso, empresas como Microsoft urgen a los Gobiernos y a la industria a trabajar conjuntamente por el bien del “Cloud Computing”.
A diferencia de Internet, que fue impulsado por el Gobierno y el entorno académico mucho antes de su adopción por el mercado, la industria privada y los consumidores han sido los principales valedores de la computación en la nube.
Sin embargo, los reguladores pueden jugar un papel muy importante y contribuir a crear las condiciones óptimas para que el mercado evolucione, como promover la banda ancha universal o penalizar los delitos informáticos.
La adopción de la nube en el entorno público es un comienzo para que los Gobiernos ejerzan su papel de reguladores de una forma suave, ya que, dado el gran peso del gasto público en tecnologías, tienen capacidad para trabajar junto con los proveedores en la definición de estándares tanto tecnológicos como de seguridad y privacidad.
No obstante, las Administraciones deben evitar un exceso de regulación que frene la evolución del sector, puesto que los beneficios del “Cloud Computing” son grandes y los ciudadanos ya han dado su voto a favor con la extensión de su uso a pesar de los riesgos ya mencionados.
Otro aliciente para la adopción del “Cloud Computing” viene de la mano del auge de las iniciativas de “Open Goverment” que están surgiendo en algunos Gobiernos, entre los que destaca la iniciativa del estadounidense.
Según palabras del presidente de Estados Unidos, Barack Obama: «Mi Administración está comprometida con la consecución de un nivel de apertura en el Gobierno sin precedentes. Trabajaremos juntos para asegurar la confianza de los ciudadanos y establecer un sistema de transparencia, participación pública y colaboración. La apertura fortalecerá nuestra democracia y promoverá la eficiencia y efectividad en el Gobierno».
El objetivo de esta directiva es acercar el Gobierno a los ciudadanos, fomentando su participación y colaboración, y las agencias deben asumir la apertura de datos on-line y publicar una página web con todas las iniciativas de “Open Goverment” que estén realizando.
La computación en la nube se presenta como el candidato perfecto para compartir con el ciudadano información actualizada, puesto que se desconoce la demanda que esta nueva iniciativa va a generar.
Por ejemplo, según Chris Kemp, director de TI del centro de investigación Ames de la NASA, toda la información de esta agencia está diseñada para el uso científico y los oficiales desconocen cómo la utilizará el público
El “Cloud Computing” permite adaptar la capacidad del sistema a la demanda de los ciudadanos, posibilitando la creación de una plataforma escalable sin que las agencias deban preocuparse por invertir en infraestructuras, escalabilidad y accesibilidad. «El dinero se utiliza en hacer que los datos sean útiles para el público, y ésa es la clave».
¿Qué está limitando la adopción de la nube por parte del sector público?
Todas estas ventajas no son gratuitas, sino que existe una serie de argumentos de peso en contra del “Cloud Computing” en el sector público que no pueden ser obviados.
El principal de ellos es la gestión de la información, puesto que gran parte de ella es confidencial o sensible y los Gobiernos son reticentes a permitir que salga de sus fronteras. Incluso, en ocasiones, la ley de protección de datos no lo permitiría.
Un ejemplo de esta problemática lo constituye la Patriot Act, por la cual el Gobierno estadounidense puede acceder a la información de la nube si los servidores se encuentran físicamente dentro de las fronteras del país.
Por este motivo, los Gobiernos de otros países son reticentes a utilizar los servicios de “Cloud Computing” ofrecidos por empresas que mantienen sus servidores en Estados Unidos.
La seguridad es otro elemento de preocupación, puesto que los estándares de los Gobiernos en esta materia suelen ser muy restrictivos, al ocuparse de la gestión de la información personal de los ciudadanos.
Sin embargo, precisamente la Administración Pública y la educación son dos sectores que representaron más de la mitad de los casos de pérdidas de datos en los últimos años, lo que demuestra que, al igual que sucede con las empresas, en muchas ocasiones los sistemas propios del Gobierno no cumplen los requisitos exigidos a los proveedores externos. De todas formas, los proveedores deberán demostrar y certificar sus capacidades de seguridad, tanto en términos de encriptación de datos como en la recuperación frente a posibles desastres.
Al mismo tiempo, la falta de estandarización de las nubes es otro elemento disuasorio para los Gobiernos, puesto que no disponen de garantías de portabilidad de la información y los servicios.
Por este motivo, la elección del proveedor cobra mayor importancia: una vez comprometida la información, resultará difícil migrarla a los sistemas de otro proveedor. La falta de estandarización también supone un problema para las empresas y, por este motivo, están surgiendo organizaciones que abogan por un estándar en la nube.
El apoyo de los Gobiernos a estas iniciativas puede ser un paso fundamental para su adopción por los grandes proveedores de “Cloud Computing”.
Los riesgos en materia de gestión de información, seguridad y falta de estandarización irán disminuyendo a medida que las ofertas de los proveedores maduren y las Administraciones Públicas ganen experiencia articulando la combinación correcta de servicios de Cloud públicos y privados.
Sin embargo, existen otros aspectos relevantes que frenan la adopción del “Cloud Computing” en el ámbito público.
Uno de estos aspectos concierne a las áreas gubernamentales de TI, puesto que una vez que se opte por el “Cloud Computing”, las grandes infraestructuras y el mantenimiento asociado a ellas dejarán de ser necesarios.
Los departamentos de TI seguirán teniendo un peso muy importante en la estructura pública, pero dispondrán de menos recursos y personal.
Estos cambios se encuentran entre las razones por las que el “outsourcing” no ha sido muy popular en algunos países y es probable que el “Cloud Computing” se enfrente a una resistencia similar.
El impacto del “Cloud Computing” en la economía y en el empleo local es otro obstáculo importante con el que se enfrentan las Administraciones.
En una época en la que el gasto público es un factor fundamental para el sustento de las economías locales, existe una creciente sensibilidad acerca de la forma de invertir el dinero público, y el “Cloud Computing” tiene potenciales efectos negativos en estas economías.
La nube convierte las inversiones de infraestructuras en gastos operativos, lo que se traduce en menores oportunidades para los negocios tecnológicos locales.
Los servicios basados en la nube tienen muy poca o ninguna repercusión en la economía local al ser proporcionados desde otras jurisdicciones.
En definitiva hay que constatar que estos obstáculos se irán superando a medida que se produzca la recuperación económica, y que las economías locales dependerán en menor medida del gasto gubernamental y el foco del debate se centrará de nuevo en la reducción del gasto público.
Sin embargo, al menos a corto plazo, se muestra como una de las principales barreras para la adopción de la nube.
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