Foro Judicial Independiente (FJI) clausuró su XII Congreso Nacional en Zamora concluyendo que la “digitalización de la justicia sólo tiene sentido si mejora las condiciones de trabajo” de los jueces y demás agentes de la Administración de justicia. “En la forma en que se está haciendo”, explicó Conrado Gallardo, presidente, “las está empeorando. Y no hay garantía de que en 2016 vaya a funcionar».
El Congreso de FJI analizó la forma en que se habían invertido los recursos económicos en Justicia, merced a un informe realizado por el magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla, Francisco Gutiérrez, que era una síntesis de la tesis doctoral que va a leer próximamente.
“La conclusión a que hemos llegado, tras su lectura, es que no es que se haya gastado poco dinero en justicia. Las estadísticas demuestran que se invierte de forma similar a países de nuestro mismo nivel”, explica Gallardo.
“El problema es que se ha gastado en objetivos equivocados. Se ha gastado mucho agua para apagar el fuego pero se ha apuntado la manguera donde no estaba el fuego”, agrega el presidente de Foro.
De acuerdo con el presidente de Foro, se ha gastado el dinero en otra cosa. En concreto en una oficina judicial que no sirve para nada si no hay jueces suficientes.
“¿Dónde se debía haber actuado? España tiene un nivel de litigiosidad superior al resto de los países europeos. La solución es muy simple: Debería haberse invertido bien en medidas para disminuir los litigios o en aumentar el número de jueces”.
Del estudio del juez Gutiérrez se desprende lo que han definido como “un dato muy interesante”: Las estadísticas del Ministerio de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no coinciden.
“Son más fiables las del CGPJ que las del Ministerio de Justicia, que las maquilla. En las estadísticas que cada se envían al Consejo de Europa, y que esta institución publica bianualmente, se incluyeron a los secretarios como jueces, con lo que salían 20 jueces por cada 100.000 habitantes. Fue un dato que no corrigieron al día siguiente sino en la siguiente edición, dos años después. La realidad no eran 20 sino 10 jueces por 100.000 habitantes”, agrega Gallardo.
Carga de trabajo y JATs
FJI también estudió los avances en el plan de prevención de riesgos laborales del CGPJ y se acordó que se siga adelante, de forma especial, en la determinación de la carga de trabajo que los jueces pueden soportar sin que quede afectada su salud laboral.
De la misma manera, abordaron la problemática de los jueces de Adscripción Territorial (JAT), una figura de la que ha abusado el Ministerio de Justicia. FJI cuenta con uno de sus miembros en la comisión formada por el CGPJ para reformar el reglamento de los JAT.
“Hemos acordado que la situación de los JAT tiene que regularse bajo los principios de inamoviblidad, juez predeterminado por la ley, igualdad, no discriminación y objetividad a la hoja de administrar criterios”, avanza Gallardo.
“Hemos concluido que se les debe considerar jueces, como otros cualquiera, y hemos pedido, de forma especial, una reforma legislativa. Porque ahora mismo resulta que los JAT en algunas ocasiones están pagados peor que los jueces no profesionales sustitutos y, además, ahora mismo un jat no puede ir a un juzgado donde haya un sustituto mientras que el sustituto no cese”.
“Nos parece absurdo porque el jat es un juez profesional y debe tener precedencia en cualquier circunstancia”, continúa explicando.
Promotor de la acción disciplinaria
FJI también trató al figura del promotor de la Acción Disciplinaria (PAD), sobre el que propugnan una reforma.
A los miembros de Foro les parece muy interesante que sea una persona independiente la que decida si se incoa un expediente disciplinario y proponga una sanción. Pero entienden que, para lograr la imparcialidad de esa figura, debería ser nombrado por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, ya que tiene que ser un magistrado del Alto Tribunal.
FJI, por otra parte, cree que la Comisión Permanente no debería tener la facultad de poder obligar al promotor a iniciar un expediente disciplinario o a hacerlo de oficio, sino que sólo tendría que tener la facultad de actuar cuando lo proponga el mismo promotor o por vía de recurso, después de que el PAD hubiera tomado una decisión.
“También consideramos que, si bien es legítimo que los ciudadanos presenten quejas y tengan facilidad para hacerlo, debería sancionarse a aquellos que abusen de las quejas y las utilicen como medio de distorsionar el funcionamiento de los órganos judiciales”, cuenta Gallardo.
Comisión Gestora
FJI, por último, ha renovado cinco de sus seis componentes en la Comisión Gestora, con la entrada de Miren Nekane Rodríguez Gómez, magistrada del Juzgado de Primera Instancia 3 de Bilbao, Aurora Barrero Rodríguez, magistrada del Juzgado de lo Social 1 de Jerez de la Frontera, Concepción Rodríguez González del Real, magistrada del Juzgado de Menores 1 de Madrid, Benigno López González, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, y Alfonso Álvarez Suárez, magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 6 de Toledo.
Repite un mandato más Fernando Germán Portillo Rodrigo, magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Melilla.
Conrado Gallardo tiene un mandato de dos años y, por lo tanto, le queda un año.
Conclusiones del XII Congreso de Foro Judicial Independiente
