Los compañeros de Mercedes Alaya en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, le han dado un revolcón público al anular las fianzas de responsabilidad civil que ésta había impuesto, en septiembre de 2014, a siete imputados en el caso IDEA.
En un auto fechado el 16 de noviembre, el tribunal de la Sección Séptima, formado por los magistrados Juan Romeo Laguna -ponente-, Esperanza Jiménez Mantecón y Ángeles Sáez Elegido, ha estimado los recursos de apelación interpuestos por los representantes legales del exconsejero Martín Soler (4.070.633 euros), el exinterventor general de la Junta, Manuel Gómez Martínez (3.466.666 euros), el presidente de Unicaja, Braulio Medel (482.790 euros), José Domínguez Abascal (159.600 euros), Isabel de Haro (339.150 euros), Francisco del Río Muñoz (1.607.970 euros) y José de Haro Bailón (1.995.000 euros), todos ellos miembros del Consejo Rector de IFA/IDEA.
La Audiencia considera que la fijación a un tanto alzado de la fianza «desvincula la medida cautelar real de su finalidad, que no es otra que asegurar la reparación del daño causado con la presunta conducta delictiva en la que haya participado cada imputado».
En este sentido, recuerda que «la cuantía concreta de ayudas de cada uno de los convenios aprobados en las distintas sesiones del Consejo Rector es diferente», por lo que acuerda «dejar sin efecto el auto que se recurre en cuanto a las responsabilidades pecuniarias fijadas para los vocales del Consejo Rector que han recurrido el auto examinado, sin perjuicio de que la misma se cuantifique por la Señora instructora en atención a la posible cantidad defraudada».
Por el contrario, desestima los recursos interpuestos por las cuatro personas que fueron, en distintos momentos, directores generales de IFA/IDEA, ya que considera que estas personas, según el informe pericial de la intervención del Estado, participaron en la confección de los presupuestos de gastos de esas agencias, por lo que «se utilizaron como trasferencia de financiación verdaderas subvenciones a modo de ayudas sociolaborales fuera de cualquier control, sorteando, entre otros filtros, la fiscalización previa así como su concesión sin procedimiento alguno a empresas que, incluso, en algunos casos ni habían solicitado esas ayudas».
El auto señala que «la proporción que ha de tener la fianza lo es en relación con la suma presuntamente defraudada y el grado de participación de cada imputado, no tiene relación con los bienes que cada uno de ellos ostente».
Cuando Mercedes Alaya fue destinada a esa Sección Séptima, la pasada primavera, sus componentes manifestaron «su profunda preocupación por la imagen que la Administración de Justicia pueda dar al adscribir a la instructora del llamado caso de los ERE a la Sala a la que se turnan los recursos de apelación y queja, interpuestos en una causa de tanta complejidad y relevancia no sólo desde un punto de vista jurídico sino en especial por su repercusión política del todo inaudita en el ámbito judicial andaluz». CONFILEGAL/EP.
