El CGPJ archiva la investigación a Alaya sobre la queja del Consejo Fiscal

las ABIERTAS por LAS QUEJAS DE LOS JUECES DE INSTRUCCIÓN Y RUIZ DE LOPERA CONTINÚAN su cursoMercedes Alaya, en el acto del Club Siglo XXI, en Madrid, donde hizo las declaraciones; de izquierda a derecha, Fernando González Urbaneja, la magistrada, Paloma Segrelles y Manuel Ruiz de Lara.
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El promotor de Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ricardo Conde, ha acordado archivar la investigación (diligencias informativas) que abrió tras la queja del Consejo Fiscal por las declaraciones de la juez Mercedes Alaya en un acto del Club Siglo XXI el pasado 4 de junio.

Esta decisión concierne “exclusivamente” a la queja presentada por el Consejo Fiscal, según han indicado fuentes del CGPJ a Europapress, por lo que las diligencias abiertas contra la magistrada con motivo de las quejas presentadas por los jueces de Instrucción de Sevilla y por el expresidente del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera continúan su curso.

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Conde ha archivado esta investigación al entender que “no existió una falta de consideración a los miembros del Ministerio Público”.

Tras revisar las declaraciones y valorar el contexto en el que tuvieron lugar, concluye que las palabras de la juez Alaya contenían “una crítica dirigida al régimen legal que rige el funcionamiento del Ministerio Fiscal, especialmente en lo que se refiere al sistema de nombramiento del fiscal general del Estado”.

“Pero no a los miembros de la Carrera Fiscal, de quienes la magistrada dijo expresamente que son ‘excelentes profesionales'”, subraya.

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Por ello, afirma que “no cabe apreciar el elemento subjetivo de culpabilidad que caracteriza toda infracción disciplinaria”.

LAS DECLARACIONES DE ALAYA EN EL ACTO DEL CLUB SIGLO XII

La juez de la Audiencia Provincial de Sevilla, Mercedes Alaya, aseguró en el citado acto del Club Siglo XII que entregar la instrucción a la Fiscalía supondría “un hachazo a la independencia judicial”. También dijo que, en un procedimiento contra la corrupción, sería “como tener al lobo metido dentro de gallinero”.

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criticó la elección del fiscal general del Estado por parte del Gobierno porque puede ser escogido “por afinidades políticas” y, por tanto, podría incurrir en “seguir directrices de partidos políticos”.

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Asimismo, Mercedes Alaya -que instruyó el caso de los ERE fraudulentos, Mercasevilla o el ‘Caso Betis’- aseguró que las “presiones” que dice haber sufrido son “absolutamente comprobables” en las hemerotecas y que son los políticos quienes “utilizan a los medios para presionar al poder judicial”.

Estas declaraciones provocaron una respuesta contundente del Pleno del Consejo Fiscal, que al día siguiente hizo público un comunicado en el que rechazaba de “forma unánime las manifestaciones efectuadas” por Alaya.

Entonces, la Fiscalía General del Estado remitió una comunicación al CGPJ considerando que eran “merecedoras de la apertura de expediente disciplinario”. 

En ella, trasladó los acuerdos adoptados el 5 de junio por el Pleno del Consejo Fiscal, que rechazó las declaraciones por poner en entredicho, “con el menosprecio que las mismas lleva implícito, la objetividad e imparcialidad del Ministerio Fiscal y sus integrantes”.

El pasado 20 de junio, el CGPJ informó de que Ricardo Conde había abierto una investigación. Al enterarse, Mercedes Alaya manifestó que estaba “muy tranquila” con dichas declaraciones y que no cambiaba ni una coma.

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“Yo persigo poner mi granito de arena para modificar el sistema desde dentro al pedir que la Fiscalía General del Estado sea independiente del Gobierno, aunque estaría mejor en mi casa y sin hablar de nadie”, afirmó.

LOS JUECES DE INSTRUCCIÓN DE SEVILLA RESPONDIERON A LAS CRITICAS DE ALAYA

El pasado 19 de julio, la Comisión Permanente del CGPJ tomó conocimiento de un acuerdo adoptado el 19 de junio por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en relación con el acta de la Junta sectorial de jueces de Instrucción de Sevilla del 24 de mayo, en la que mostraban sus quejas por las declaraciones realizadas por Mercedes Alaya sobre sus compañeros.

Acordó dar traslado de los mismos al promotor de la Acción Disciplinaria, que ya tenía abiertas diligencias informativas por las declaraciones sobre jueces y fiscales de la magistrada.

La Sala de Gobierno del TSJA, presidida por Lorenzo del Río -también presidente del TSJA-, aprobó un acuerdo en el que ponía de manifiesto que “es obligación de todo juez asumir un compromiso activo con el buen funcionamiento del sistema judicial, así como promover en la sociedad una actitud de respeto y confianza en el Poder Judicial, debiendo conducirse de manera prudente, moderada y respetuosa con todas las instituciones y poderes del Estado”.

Por su parte, la Junta de jueces de Instrucción de Sevilla manifestó en la citada reunión su “profundo malestar” por las declaraciones de Alaya respecto a sus compañeros que realizaron funciones de refuerzo en el Juzgado de Instrucción número 6 de la capital andaluza cuando ella era titular del mismo e instruía casos como los ERE o los cursos de formación.

También trasladaron su malestar por los comentarios realizados públicamente por la magistrada en otras ocasiones sobre la actual titular de ese órgano judicial, María Núñez Bolaños, al considerar que con ellos “se pone en entredicho, sin ningún motivo, la capacidad y profesionalidad de esos compañeros”.

La magistrada del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños.

RUIZ DE LOPERA SE REVOLVIÓ POR SUS PALABRAS SOBRE EL ‘CASO BETIS’

El que fuera máximo accionista del Real Betis y expresidente del club Manuel Ruiz de Lopera también presentó sobre el 22 de julio una queja ante el CGPJ para que se adopten las medidas correctoras que resulten pertinentes con motivo de las declaraciones de la instructora del ‘Caso Betis’, del que Lopera resultó absuelto, sobre su gestión en la entidad.

En declaraciones a los medios, la magistrada recordó que el juez de lo Mercantil número 1 de Sevilla calificó como culpable el concurso de acreedores del Real Betis de 14 de enero de 2011 y declaró afectados por dicha calificación, entre otras personas, a Ruiz de Lopera, al que impuso ocho años de inhabilitación.

Además, apuntó que en la Audiencia se demostró que Lopera “no compró todas las acciones que tenía”.

A su juicio, en este caso “se han desaprovechado años de instrucción y se han utilizado a la Justicia y a los inspectores de Hacienda, que hicieron un trabajo impresionante para la causa”, y al tiempo que ha recordado que en la instrucción “llegaron a demostrar que con las cuentas oficiales de Tegasa había 25 millones defraudados y nadie descarta una contabilidad paralela”.

En referencia a la sentencia del caso y su alusión al informe pericial, “hecho sobre futuribles”, según la Audiencia, Alaya -que reconoció que no ha leído la sentencia- manifestó: “En absoluto, el informe pericial está basado sobre hechos consumados”.

El expresidente del Betis Manuel Ruiz de Lopera.

Para Lopera, estas declaraciones de Alaya están “carentes del menor fundamento” y se ve “obligado a replicar” estas palabras, “algunas insólitas, cuando no falsas”.

“Por si no fueron suficientes las ocasiones en que mis abogados debieron rebatir los extravagantes autos de la juez durante la tortuosa e interminable instrucción de que fui víctima, ahora, una vez dictada sentencia absolutoria, debo salir al paso de unas acusaciones carentes del menor fundamento”, denunció.