La juez María Núñez Bolaños ha criticado el criterio «operativo» mantenido por la juez Mercedes Alaya en su investigación de ‘macrocausas’ porque se basa en «empezar la casa por el tejado» y ello ha supuesto una «disfunción» en el Juzgado, que está «invadido» por «numerosos expedientes» y archivos «innecesarios».
En un auto fechado el día 26 de enero, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla se pronuncia de este modo al rechazar una serie de diligencias de pruebas solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción en relación a la investigación por las presuntas irregularidades en la concesión de préstamos y avales por parte de la agencia IDEA.
En este sentido, la juez subraya que el criterio «operativo» llevado a cabo por su antecesora en el Juzgado «no es el adecuado o conveniente» porque «sería, si se me permite en términos coloquiales, como empezar la casa por el tejado», añadiendo que «dicha forma de actuar ha supuesto en la práctica una disfunción en este órgano judicial».
Al hilo de ello, asegura que el Juzgado está «invadido por numerosos expedientes, ocupando múltiples dependencias con archivos innecesarios, cuya clasificación, escaneo y devolución en la actualidad está suponiendo un gravoso esfuerzo para toda la oficina judicial y en especial para las letradas de la Administración de Justicia que asumen dicha labor».
Así, y en relación a la causa sobre los avales de IDEA, «estamos tratando de concretar qué ayudas, por apreciarse simultaneidad e irregularidades, han de ser examinadas y sólo de estas unir expedientes y documental que le afecte y no al revés, traernos todos los expedientes, para luego ver en cual se puede detectar las irregularidades denunciadas» por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, asevera la juez.
«CRITERIO OPERATIVO CORRECTO»
A juicio, el «criterio operativo correcto» para impulsar esta investigación consistiría en «investigar los hechos denunciados en el atestado» de la UCO, «comenzando por diferenciar entre lo que son diferentes criterios interpretativos de auténticas irregularidades, determinar las ayudas en las que concurren dichas irregularidades y analizar si ello ha supuesto ilícito alguno».
«Como dice el Ministerio Público, usar de la figura de los avales como medio para hacer llegar de modo ilícito fondos públicos en favor de determinadas empresas, evitando, como señala la Audiencia Provincial en autos dictados en esta causa, una ‘inquisitio generalis’ a lo que nos llevaría traer todos los expedientes y toda la documentación que se solicita sin haber concretado aún la posible existencia de ilícito penal y ayuda en la que puedan existir indicios», apostilla la juez.
La juez, que ha limitado la investigación a 18 expedientes de empresas que recibieron simultáneamente ayudas de «salvamento» y de reestructuración, dice que «investigar esta teoría y confirmar o descartar que las irregularidades detectadas sean vehículos para la comisión de ilícitos penales es el objeto de la investigación, sin perjuicio de investigar otros hechos que pudiéramos detectar como ilícitos penales».
A su juicio, «no resulta ajustado a derecho traer a la causa todas las ayudas en forma de aval concedidas por la Agencia entre el año 2000 a 2010, para a continuación buscar expediente por expediente a ver si se encuentra algún ilícito penal, abriendo una especie de auditoria general contra personas físicas o jurídicas, públicas o privadas».
La juez afirma que, habiéndose acordado informe pericial de la Intervención General de la Junta, «habrá que estar a su resultado» a fin de «constatar si como expone la UCO existen o no irregularidades que convierten las resoluciones en ARBITRARIAS, menoscabo y DESVÍO de FONDOS PÚBLICOS», según expone tajantemente la magistrada.
Por ello, la instructora reprocha que la Fiscalía le solicite abundante documentación y sin explicar los motivos, como todos los acuerdos del Consejo Rector de Gobierno de la Junta que ratificaron avales de Idea, y considera que «este tipo de petición genérica no hace sino crear mayor complejidad innecesaria a una causa ya de considerable entidad».
«HIPÓTESIS ELABORADA» POR LA UCO
«Si del informe resultase la existencia de indicios de comisión de ilícito penal en alguna o algunas de las ayudas investigadas en esta causa sería el momento para recabar la documentación referente a las mismas, y solo de éstas y no en términos generales de todas las ayudas concedidas en virtud de la delegación del artículo 7 Orden de noviembre de 2008 y sucesivas», aclara la instructora.
A su juicio, «decidir en este momento qué documentación es relevante a la causa resulta precipitado puesto que por ahora trabajamos sobre una hipótesis elaborada por la UCO que, partiendo de lo que consideran irregularidades administrativas, sostienen la existencia de una irregular financiación».
La juez rechaza todas las diligencias solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción y critica que «este tipo de petición genérica» de documentación, como por ejemplo lo referente a todos los acuerdos del Consejo Rector de IDEA donde se ratificaron los avales concedidos, «no hace sino crear mayor complejidad innecesaria en una causa ya de considerable entidad». (EP)
