Tres juzgados de San Fernando, Cádiz, al límite: poco personal para hacer frente a las macrocausas de ciberdelitos 
Tienen que hacer frente a macrocausas derivadas de ciberdelitos con tan sólo seis funcionarios al frente, aunque esto es algo que lleva pasando, al menos, 10 años. Foto: Redes Sociales

Tres juzgados de San Fernando, Cádiz, al límite: poco personal para hacer frente a las macrocausas de ciberdelitos 

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12/3/2024 06:30
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Actualizado: 11/3/2024 23:37
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Los juzgados de Instrucción Nº1, 3 y 4 de San Fernando (Cádiz) están al límite porque tienen que hacer frente a macrocausas derivadas de ciberdelitos con tan sólo seis funcionarios al frente. Aunque esto es algo que lleva pasando, al menos, 10 años.

El único juzgado que se encuentra despejado es el Nº2 al atender casos de violencia de género.

Pero tal y como explica Manolo Lobato, responsable de Justicia de CSIF Cádiz, el problema es que son juzgados mixtos. Por lo que de esos funcionarios, 4 se dedican a los asuntos de Civil y solo 2 a Penal, teniendo que asumir éstos últimos el resto de asuntos ordinarios, como pueden ser robos o agresiones.

De modo que, para el sindicato, esta situación es difícil de solventar si no se aumentan los medios personales. Al fin y al cabo son macrocausas con cientos de afectados que, sin gente, «es imposible que se pueda avanzar en el procedimiento».

Un juez de refuerzo y dos funcionarios más por juzgado

Incluso reconocen que tienen miedo de que algunas de ellas lleguen a prescribir porque no tienen tiempo material para llevar el día a día y hacer frente a los ciberdelitos.

«Es imposible notificar a tantas personas implicadas dentro de los plazos legales, muchos han cambiado de domicilio y otros, cuando se les contacta telefónicamente, “desconfían del órgano judicial por temor a ser víctima de nuevas estafas”, cuenta el responsable de Justicia de CSIF Cádiz.

Por lo que destaca que si se saca adelante el trabajo es gracias a la profesional y diligencia de los trabajadores y a costa de su propia salud. De modo que considera que es vital la presencia de un juez de refuerzo que se dedique a ver este tipo de procedimientos, así como reforzar cada uno de los juzgados con uno o dos funcionarios.

Algo que ya se hizo en la Sección Séptima -que está situada en Algeciras- para llevar la macrocausa de Los Castaña, que eran 168 imputados.

Y es que, tal y como cuenta Lobato, “el aumento de ciberdelitos en la zona ha crecido tanto que incluso la plantilla de policías nacionales que se encargan de ello han pasado de ser cuatro funcionarios a once”. 

Así están repartidas las macrocausas

Según ha publicado El Diario de Cádiz y ha confirmado Confilegal en total hay 8 causas abiertas relacionadas con los ciberdelitos.

El que más acoge es el Juzgado de Instrucción Nº1, con tres. La primera -y más gorda- arrancó en 2018 y es la conocida ‘Operación Ruder’. Lobato explica el caso se inició con diligencias previas por delito de asociación ilícita, delito continuado de blanqueo de capitales, estafas a través de internet y usurpación de estado civil.

Había más de 100 investigados a los que se les atribuyen más de 800 delitos. Pero esto no para de aumentar porque cada semana siguen llegando al juzgado más perjudicados. Ya llegan a 900.

Además, se han detectado tanto el uso fraudulento de más de 115 DNI para hacer pasar a sus titulares por vendedores como el empleo de más de 100 teléfonos móviles y cuentas bancarias para cometer estafas.

Y aunque al principio se incorporó un funcionario de refuerzo a este juzgado, finalmente se eliminó y, pese a sus reiterados intentos de pedir su regreso a la Administración, no ha habido éxito.

Las otras dos causas de ciberdelitos que tiene en Nº1 son, por un lado, una de 40 investigados y más de 200 perjudicados y por otro lado, de 50 investigados y 300 perjudicados.

Respecto al Juzgado de Instrucción Nº3 tiene tres causas. Una de ellas con 124 afectados y, el resto, de menor volumen. En cuanto al Nº4 tiene dos de ciberdelitos, con 90 y 140 perjudicados respectivamente.

«Parece ser que estos casos, con tantos implicados, deberían derivarse a la Audiencia Nacional. Sin embargo no se cumplen los requisitos para considerar que estos ciberdelitos están a cargo de una banda organizada», concluye.

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