La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado sentencia definitiva. Los trabajadores jubilados del Grupo Endesa que reclamaban mantener sus ventajas en la tarifa eléctrica han perdido.
Otra vez. Y esta vez, la derrota tiene el peso de un Pleno de la Sala.
La sentencia 495/2026, de 22 de mayo, zanja un litigio que lleva años recorriendo los tribunales españoles como una marea que sube y baja sin resolverse del todo.
El fallo es categórico: la extinción del IV Convenio Colectivo Marco del Grupo Endesa en diciembre de 2018 se llevó consigo los beneficios sociales del personal pasivo.
Sin convenio, sin derecho.
El origen del conflicto
Todo arrancó el 27 de diciembre de 2018, cuando Endesa comunicó a sus jubilados que, al vencer el IV Convenio Colectivo Marco, dejaban de aplicarse los beneficios sociales de los que venían disfrutando —fundamentalmente, tarifas especiales en el suministro eléctrico—.
Decenas de miles de trabajadores activos, pasivos, viudas y huérfanos quedaron afectados.
Los sindicatos reaccionaron con una demanda de conflicto colectivo ante la Audiencia Nacional.
Perdieron en 2019. Recurrieron al Supremo.
Volvieron a perder en 2021, con la STS 761/2021. La doctrina quedó fijada: sin convenio vigente, los jubilados —que ya no tenían contrato en vigor— no podían invocar derechos derivados de ese instrumento colectivo.
Pero la historia no acabó ahí.
Comenzó entonces una larga cadena de litigios individuales. Cada jubilado, amparado en el pacto personal firmado al prejubilarse o jubilarse, intentaba demostrar que sus beneficios no nacían del convenio, sino de un contrato privado con la empresa. Algunos tribunales les daban la razón. Otros no.
Ese era exactamente el caso que ahora resuelve el Supremo en un Pleno formado por los magistrados Concepción Rosario Ureste García, presidente, Antonio V. Sempere Navarro, Sebastián Moralo Gallego, Juan Molins García-Atance, Ignacio Garcia-Perrote Escartín, Juan Manuel San Cristóbal Villanueva, ponente, Juan Martínez Moya, Ana María Orellana Cano, Isabel Olmos Parés, Rafael Antonio López Parada y Luisa María Gómez Garrido.
El argumento que no convenció
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía —sede de Granada— había fallado a favor del jubilado demandante en junio de 2025, argumentando que los beneficios no procedían estrictamente del convenio sino del acuerdo individual suscrito con Endesa al acogerse a un ERE.
Un razonamiento que, en apariencia, tenía cierta lógica.
El Supremo lo desmonta ahora sin contemplaciones. Esos documentos individuales, explica la sala, tenían naturaleza contractual solo en la medida en que instrumentaban la adhesión del trabajador a condiciones fijadas colectivamente —los ERE, los acuerdos marco, el propio convenio—.
No creaban un régimen jurídico autónomo.
No existían al margen de las normas colectivas. Cuando el convenio perdió vigencia, la fuente del derecho desapareció. Y con ella, la obligación de Endesa.
La conclusión es dura pero coherente con la doctrina previa: no hubo renuncia de los trabajadores, no hubo culpa empresarial, no hay indemnización.
Los beneficios se extinguieron porque se extinguió la norma que los sostenía.
Una sentencia que va mucho más allá del caso
Lo más relevante de esta resolución —y lo que la convierte en referencia obligada para los operadores jurídicos— no es solo su fallo, sino los más de treinta páginas que el Supremo dedica a explicar las nuevas reglas del juego procesal en casación.
La Ley Orgánica 1/2025, en vigor desde el 3 de abril pasado, ha reformado en profundidad el recurso de casación para unificación de doctrina en el orden social.
La gran novedad: ya no basta con demostrar que dos tribunales han resuelto igual situación de forma contradictoria. Ahora hace falta algo más.
El recurrente debe acreditar que el asunto tiene interés casacional objetivo —lo que en el argot judicial se abrevia como ICO—.
Es decir, que la cuestión trasciende el caso concreto y merece una respuesta del alto tribunal porque afecta a muchos, porque la jurisprudencia necesita consolidarse, o porque el debate plantea cuestiones relevantes para el ordenamiento.
El Supremo lo explica con una claridad inusual en sentencias de este tipo, casi pedagógica: la contradicción entre sentencias sigue siendo necesaria, pero ha quedado en segundo plano.
El verdadero filtro de admisión es ahora el ICO. Y omitirlo en el escrito de preparación del recurso —aunque sea brevemente— conduce directamente a la inadmisión, sin posibilidad de subsanarlo después.
Lo que cambia para abogados y litigantes
La sala dedica atención específica a los requisitos formales de los escritos de preparación e interposición del recurso, a los tres supuestos legales que permiten apreciar el interés casacional, y a los límites constitucionales de este sistema de filtrado.
El mensaje es claro: el recurso de casación ya no es una tercera instancia disfrazada. Es un instrumento al servicio de la unificación doctrinal y la seguridad jurídica, no de la resolución del caso concreto.
Para los abogados laboralistas, la sentencia es lectura obligatoria. Para los jubilados de Endesa, es el punto final de un camino que comenzó con una carta en diciembre de 2018.
