Así se desprende del V Barómetro Externo de la Abogacía 2015 que ha sido presentado hoy por el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer y el presidente de Metroscopia, José Juan Toharia. Los ciudadanos demandan una reforma a fondo de la Administración de Justicia y evitar las intromisiones políticas.
Una reforma inmediata y a fondo para mejorar el funcionamiento de la Justicia y un Pacto de Estado que evite que ésta tenga intromisiones externas. Estas son las principales peticiones que realizan los ciudadanos españoles a los políticos según los datos del citado Barómetro.
Los ciudadanos creen que la Administración de Justicia funciona en conjunto mal: así lo sostiene un 53% de los españoles encuestados, frente a un 32% que considera que actúa bien.
También incide en señalar que el 81% de los españoles cree que todos gobiernos han tenido más interés en controlar Justicia que en dotarla de medios. De ahí, sin duda, una doble petición urgente que de forma prácticamente unánime expresa la ciudadanía:
– Un 94 por ciento insiste en una reforma inmediata y a fondo de la Justicia de modo que asuntos especialmente graves o importantes y que causan gran alarma social no tarden años en tramitarse y resolverse.
– Y para un 90 por ciento es preciso «un inaplazable Pacto de Estado sobre la Justicia que la blinde de forma clara y creíble frente a influencias o intromisiones de carácter político».
El Barómetro asegura que, en general, la Justicia sigue sin estar organizada y sin funcionar como cabría esperar en una sociedad moderna y avanzada (80%). Y subraya que con los medios existentes y su actual forma de funcionar nuestra Justicia no puede contribuir con la eficacia y rapidez que debería a investigar y castigar la corrupción (77%).
El 73% por ciento de los ciudadanos encuestados sostiene que «no sirve de nada ganar un pleito pues en la práctica la sentencia es papel mojado ya que o no se cumple o se cumple tarde y mal»
Estas ampliamente mayoritarias críticas, por sí solas, configuran a la Justicia como una institución organizativamente desfasada y funcionalmente poco eficiente. Al mismo tiempo, y no sin cierta paradoja, una amplia mayoría ciudadana considera que:
- Con todos sus defectos e imperfecciones, nuestra Administración de Justicia constituye la garantía última de defensa de la democracia y de las libertades (71%)
- Los jueces españoles son tan buenos como los de cualquier otro país de la UE: lo afirma el 69% de los ciudadanos, diez puntos más que en 2011
- En general, los jueces suelen ser imparciales de entrada con las partes implicadas, lo dice el 50%, frente al 42% con opinión opuesta
EL CGPJ
Respecto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el 82% de los encuestados concluye que el órgano de gobierno de los jueces tendría que dar cuentas de forma regular y clara de cómo desempeña sus funciones. Según el Barómetro Externo, nueve de cada diez españoles dicen en el momento actual que tal y como ahora está organizado y funciona el CGPJ necesita una reforma urgente y profunda; ocho de cada diez creen que decide sobre cargos y nombramientos de jueces más por criterios políticos que en función de factores exclusivamente técnicos y profesionales; y seis de cada diez consideran que no cumple adecuadamente su función de defender la independencia judicial.
IMAGEN DESTACADA DE LA ABOGACÍA FRENTE A OTRAS INSTITUCIONES
Los abogados vuelven -una vez más- a ocupar un lugar claramente destacado en la clasificación de confianza institucional que establece la ciudadanía. Este dato resulta doblemente destacable por dos motivos:
– En el contexto español, la Abogacía vuelve a quedar en primer lugar entre todas las instituciones jurídicas sometidas a evaluación pública, pese a la apreciable recuperación de imagen que, en comparación con 2011, experimentan jueces y tribunales.
– Desde una perspectiva internacional comparada, resulta sin duda llamativo el alto grado de confianza ciudadana en la Abogacía española. Por citar tan solo un caso especialmente relevante, en EEUU la Abogacía goza de una elevada consideración social en base exclusivamente al alto nivel medio de honorarios que ha logrado consolidar, pero figura en los últimos lugares en el ranking de confianza ciudadana.
