La Fiscalía ha pedido hoy al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordene diligencias para aclarar cómo el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat (CTTI) proporcionó las plataformas informáticas para la votación del 9N y si se usaron ficheros públicos con datos personales.
Según ha informado la Fiscalía General del Estado (FGE) en un comunicado, el ministerio público ha presentado hoy un escrito ante la sala del alto tribunal catalán que investiga al presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, a la exvicepresidenta Joana Ortega y la consellera de Educación en funciones, Irene Rigau, por la consulta soberanista del 9N, solicitando nuevas diligencias sobre el caso.
En concreto, el fiscal trata de establecer hasta qué punto la Administración catalana mantuvo en todo momento y hasta el final un control determinante sobre la preparación y desarrollo de la votación, en abierta contradicción con la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional.
El ministerio público quiere saber la forma en la que el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI) proporcionó las plataformas informáticas que constituyeron uno de los elementos esenciales para que pudiera celebrarse la votación del 9N.
El fiscal ha planteado estas nuevas diligencias tras recibir un informe con documentación de las empresas que prestan servicios informáticos para la Generalitat en el que se observan «elementos que inequívocamente apuntan», según el ministerio público, a que en el seno del marco contractual preexistente entre el CCTI y las contratistas privadas «se encargó el desarrollo de instrumentos informáticos específicamente destinados a ser utilizados en la votación».
