El secretario general del SIPE se querella contra el director general de la Policía
Alfredo Perdiguero, secretario general del Sindicato Independiente de la Policía Española (SIPE), se ha querellado contra Ignacio Cosidó, director general de la Policía Nacional, por un supuesto delito contra la libertad sindical.
MANU GARCÍA.
«El director general de la Policía ahora denunciado no sólo ha realizado un abuso de autoridad con desvío de poder sino además ha utilizado arbitrariamente el derecho con el fin de evitar el libre ejercicio del derecho sindical que corresponde al denunciante», dice la querella, a la que ha tenido acceso Confilegal.
Perdiguero responde así al expediente disciplinario que le abrió el pasado 20 de noviembre y que conllevó la suspensión de empleo y sueldo por haber intervenido en un programa de televisión de la cadena 13TV la noche del 13 de noviembre, cuando se produjeron los atentados de París, entre las 22.30 y las 02.10 horas del día siguiente.
En el curso del programa, el secretario general del SIPE dijo que estaban reunidos el ministro del Interior, Jorge Fernández, el director general del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz, y el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, analizando los atentados terroristas y que la situación era de máxima alerta.
Cosidó ordenó, durante la emisión del programa, que se contactara con Perdiguero para que dejara el programa, cosa que no se pudo conseguir porque el sindicalista tenía el teléfono desconectado.
Como consecuencia de esos hechos, fue suspendido de forma inmediata e indefinida de empleo y sueldo, cosa que le comunicó el inspector jefe Roberto Gómez, jefe del Servicio de Instrucción de Expedientes de la Dirección General de la Policía, Régimen Disciplinario.
La querella presentada por el sindicalista mantiene que se ha producido un delito contra la libertad sindical, contemplado en el articulo 315 del Código Penal, que afecta a un derecho fundamental contemplado en la Constitución, en concreto en su artículo 28.1, referido, precisamente, al derecho a la libertad sindical, que lleva aparejado, el derecho a la libertad de expresión.
Entre las pruebas solicitadas por el letrado de Perdiguero se encuentran la toma de declaraciones a José María Benito y Serafín Giraldo, ambos miembros del sindicato Unión Federal de Policía, y José Manuel Sánchez Fornet, del Sindicto Unificado de Policía, con el objeto de que confirmen que sus intervenciones en medios de comunicación nunca son autorizadas previamente por la Dirección General de la Policía.
El sindicalista expedientado ha sido muy incómodo para la cúpula policial.
Perdiguero, asimismo, ha presentado un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, solicitando su nulidad.
